El abogado de un grupo de cincuentones advierte que seguirán los reclamos y se analizarán denuncias ya que“los ya jubilados no se van a beneficiar” una vez aprobada la ley que atiende la situación de los afectados.

Hoenir Sarthou, abogado defensor de un grupo de cincuentones, dijo esta mañana en el programa Inicio de Jornada de radio Carve que con el proyecto de ley que fue enviado al Parlamento, en caso de aprobarse, “los ya jubilados no se van a beneficiar” y que por es por ese motivo que seguramente haya reclamos por parte de los afectados:se analizarán denuncias “porque hay jubilados que quedan por fuera” del sistema, dijo el abogado.

Sarthou señaló además que aún "falta que la ley sea aprobada" y que "entre una cosa y otra es probable que transcurra un año y medio, lo que "es un tiempo largo en que mucha gente por distintas razones se encuentra con el problema de que le le viene la jubilación encima".

"Ese tiempo que puede pasar generar que mucha gente pueda verse en problemas" y "es un tema que termina siendo injusto" porque "la persona tendría que marcar su voluntad de salir (de las AFAP) ahora", opinó.

Ayer lunes el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley con el que establece la metodología para que quienes tenían 50 años al 1° de abril de 2016 puedan desafiliarse del sistema de jubilación por ahorro individual obligatorio de manera retroactiva siempre que no estén ya jubilados.

La solución no convence a expertos y opositores que creen que, tal como está redactada, la iniciativa abarca a un universo más amplio de trabajadores del que realmente sería necesario para contemplar la situación de quienes pudieron verse perjudicados por la reforma previsional de 1996.

Sarthou opinó que "el gran perjuicio" es este, sobre "la gente a la que no se le toman aportes anteriores al ´96".

El proyecto del gobierno establece que la desafiliación podrá realizarse por una única vez, de manera irrevocable y ante el Banco de Previsión Social (BPS). El interesado deberá asesorarse obligatoriamente y en forma previa con el BPS que deberá realizar un análisis de la trayectoria laboral del afiliado y una estimación de las eventuales prestaciones a las que podría acceder de acuerdo con la decisión que adopte.

Se establece un cronograma al que deberán atenerse quienes quieran recibir asesoramiento. Quienes tuvieran 56 años o más al 1° de abril del año pasado podrán solicitar asesoramiento en el año posterior a la entrada en vigencia de la ley.

El grupo que va de los que tenían entre 53 y 55 años a esa misma fecha podrá hacerlo en el año posterior al primero de vigencia de la norma. Y quienes iban de 50 a 52 años al mismo momento de 2016 deberán hacerlo pasados dos años a contar desde cuando la norma empezó a regir.

El BPS dará asesoramiento en el año posterior a que haya recibido la solicitud. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de extender por un año más ese plazo en el caso de colectivos de afiliados determinados en función de su edad, ante circunstancias excepcionales y por resolución fundada.

La desafiliación solamente podrá realizarse en los 90 días posteriores a contar desde el día siguiente en que se brindó asesoramiento al interesado. Si la desafiliación no se concreta en ese plazo o el interesado no comparece a recibir el asesoramiento el trámite quedará sin efecto. Para la desafiliación deberá constar expresamente el consentimiento del trabajador.

El representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, comentó hoy martes el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y dijo que el mismo contemplo "todo el contenido" presentado en el anteproyecto que presentó el PIT-CNT. Pese a ello sostiene que "en la discusión parlamentaria el PIT-CNT intentará mejorar este proyecto por ejemplo en lo que tiene que ver con la incorporación de más trabajadores y aquellos que ya se jubilaron".

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