El río Santa Lucía presenta un estado "preocupante" de contaminación que conforma un escenario "crítico para la principal fuente de agua bruta con destino al suministro de agua potable en el país".

Pese a esa valoración que en febrero de este año hizo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, las 23 empresas que desarrollan su actividad industrial en la cuenca del río y fueron intimadas el 24 de julio de 2013, no cumplieron con la obligación de tener construidas y operativas al 31 de enero de 2015 sistemas de tratamiento de efluentes.

A fines de febrero el Mvotma decidió darles una prórroga a esas industrias que intimó por tener "vertidos prioritarios" y altamente contaminantes.

Se trata, entre otros rubros, de frigoríficos, laneras, curtiembres, avícolas e industria láctea. Se dividieron en grupos y se otorgaron nuevos plazos que vencen el 30 de mayo, 30 de setiembre y 30 de diciembre.

"En el análisis de los proyectos presentados, surgieron aspectos que prolongaron la tramitación y retrasaron su aprobación, así como el inicio y ejecución de las obras, por lo que diecisiete industrias cuentan con el proyecto de ingeniería aprobado y de estas catorce se encuentran aún en obras, que deben acompasar a la operación de cada planta", sostiene la resolución del Mvotma.

Agrega que "la remoción de nitrógeno y fósforo de los efluentes requiere competencias técnicas e inversiones que implican un cambio tecnológico en los sistemas de tratamiento de efluentes y que el cumplimiento de los plazos para la ejecución del Plan de Acción, requirió un trabajo intenso de esas empresas y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, mediante la interacción e intercambio de las partes involucradas, en un proceso tendiente a la mejora de los proyectos presentados". "Habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, estableciéndose un nuevo plazo para la finalización de obras, tomando como base el análisis de cada industria, la complejidad de las obras propuestas y la calidad del proyecto de ingeniería presentado", justifica la resolución firmada por el exministro Francisco Beltrame.

Otra resolución, también de febrero, había señalado que "los cursos y cuerpos de agua de la cuenca del Río Santa Lucía presentan —en general— un preocupante grado de eutrofización, como consecuencia principalmente de los aportes de nitrógeno y fósforo, provenientes de distintas fuentes, entre las que se destaca la contaminación difusa proveniente de la actividad agropecuaria". Y agregaba que "los problemas recurrentes en la calidad de las aguas de la cuenca del Río Santa Lucía, sumados a los bajos caudales —fundamentalmente en estiaje—, conforman un escenario que puede ser crítico para la principal fuente de agua bruta con destino al suministro de agua potable del país".

Frente a ese diagnóstico se tomaron una serie de medidas tendientes a controlar el transporte de nutrientes y contaminantes del suelo al agua, mediante la exclusión de ciertas actividades en las áreas lindantes a los cursos y cuerpos de agua, así como con la conservación y regeneración del monte ribereño como forma de restablecer la condición hidromorfológica del río. "Se propone el estricto contralor de los álveos, tanto de dominio público como privado, y, el establecimiento de una franja de amortiguación que acompañe los cursos y cuerpos de agua principales de la cuenca, como una barrera natural que se mantenga libre de la aplicación directa de agroquímicos, y con una estructura de suelo que evite la erosión o la pérdida de elementos naturales que la fortalecen, como el monte ribereño y la vegetación en general", especificó la resolución.

Las medidas de "corto plazo" que se adoptaron para "controlar el proceso de eutrofización y deterioro de la calidad ambiental de los cursos y cuerpos de agua de la cuenca y que tiendan a su reversión" incluyeron la prohibición del laboreo de la tierra y la aplicación de agroquímicos, directamente en los álveos, tanto de dominio público como privado, así como en la franja de amortiguación que se establece respecto de los ríos Santa Lucía, San José, Santa Lucía Chico; arroyos La Virgen, Canelón Grande, Canelón Chico, Casupá y El Soldado; así como los embalses de Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco, comprendidos en una zona de protección que abarca la cuenca hidrográfica del Río San José y la cuenca hidrográfica del Río Santa Lucía desde sus nacientes hasta la confluencia entre ambos.

La franja de amortiguación bordeará los cursos de agua a ambos lados de sus márgenes, con un ancho de 40 metros, medidos desde la línea de propiedad o lindera entre el curso y los predios ribereños, hacia el interior de dichos predios.

El nuevo director de la Dinama, Alejandro Nario, dijo a El País en enero que al río Santa Lucía le quedan "cinco o diez años" de vida si no se aplican medidas que reviertan su contaminación. "No quiero ser alarmista pero empezamos la cuenta regresiva", afirmó.

En su primera sesión de la legislatura, la Comisión de Defensa de Diputados resolvió citar al ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y al subsecretario Jorge Menéndez por la situación de la cuenca del Río Santa Lucía.

El presidente de la Comisión de Defensa, Víctor Semproni, dijo a El País que la citación obedece a que se quiere conocer de primera mano lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas —de acuerdo a las normas vigentes— para la preservación del río Santa Lucía.

Además, Semproni indicó que la intención de los legisladores que integran la comisión de Defensa es realizar una recorrida por el Santa Lucía para analizar la situación en que se encuentra la cuenca.

En mayo de 2013, el ministro de Defensa se mostró muy preocupado por la alta contaminación del río Santa Lucía y se pronunció a favor de adoptar "medidas paliativas serias", según dijo a Sarandí.

Mvotma dio prórroga a las 23 industrias que intimó en 2013