Hoy se define la investigación parlamentaria que el Frente Amplio quiere retrotraer a 1985.

Mientras el Banco Central del Uruguay (BCU) detectó que el Cambio Nelson bajo la administración de Francisco Sanabria tenía 379 clientes con depósitos ilegales por algo más de US$ 10 millones (solo 22 de ellos tenían depósitos ilícitos por US$ 8,5 millones), los diputados buscan la forma de acordar qué investigar, hasta dónde y bajo qué criterios.

El Frente Amplio, que desde la semana pasada amenazaba con promover una investigación, quedó descolocado cuando el Partido Colorado, que había sido víctima de múltiples ataques de la izquierda por su vínculo con Sanabria, redobló la apuesta y formalizó una investigación relativa a empresas que financiaron a partidos políticos y que tienen notoria vinculación con el gobierno.

Convocado por el senador nacionalista Álvaro Delgado, el presidente del BCU, Mario Bergara, brindó datos ante la comisión de Hacienda del Senado. Por ejemplo, dijo que la entidad detectó "indicios" de lavado de dinero en la actividad de Cambio Nelson. Uno de los elementos que lleva a esta presunción es que varios depositantes no se presentaron a reclamar ante la Justicia.

Informó que había 379 clientes del cambio con depósitos por US$ 10,5 millones. La mayoría era para pago de facturas, gastos comunes, alquileres, colegios. De esos, 22 clientes habían depositado US$ 8,5 millones, cada uno por más de US$ 50.000. No se sabe la nacionalidad de los titulares de esas cuentas. Además, reveló que aproximadamente US$ 4 millones de esos US$ 8,5 millones eran de empresas vinculadas al grupo Sanabria.

"Había varios mecanismos por los cuales el banco no pudo detectar el fraude. No hubo denuncias de empleados, ni de clientes, ni información que se trasmitiera al banco que indujera a pensar en operaciones no autorizadas. De la compilación de los estados contables (vemos que) hay un claro apartamiento de las normas bancocentralistas que permitía ocultar estas operaciones", explicó Bergara.

"No hay un cuestionamiento en absoluto a las capacidades del Banco Central como regulador del sistema. Los estados contables estaban ocultos, había un apartamiento de las normas de información financiera ocultando saldos deudores y acreedores. La información sobre estados paralelos o sobre gente a la que el cambio le había adelantado dinero surgió de listados paralelos que se obtuvieron a partir de los sistemas informáticos. Insisto, a partir de estados paralelos", afirmó el jerarca.

Luego aclaró que "no hay ningún riesgo en el sistema. Es claro que había un caso puntual donde había una intencionalidad fraudulenta".

"Hay indicios que pueden indicar la presencia de lavado de activos. Hay clientes que aparentemente fueron citados por el juez que tenían montos muy significativos y no aparecieron a denunciar. Pero eso está en la órbita judicial", precisó Bergara.

Asimismo, el senador Delgado recordó que "el reporte de operaciones sospechosas (de lavado de activos) del Banco Central de 2015 fue de 27% más que en 2014. Le preguntamos por 2016 y fue 35% más que en 2015", contó tras la reunión de la comisión. Y reveló que Bergara dijo que había profesionales involucrados en la maniobra.

El Partido Colorado pidió anoche un cuarto intermedio hasta hoy en la comisión preinvestigadora sobre la financiación de partidos porque el Frente Amplio presentó una contrapropuesta para ampliar genéricamente la posibilidad de investigar.

La propuesta pretendería abarcar la financiación de partidos por parte de empresas desde 1985 al presente y no como plantearon los colorados para hacerlo en las cuatro últimas elecciones, las nacionales de 2009 y 2014 y las departamentales de 2010 y 2015.

Otra posibilidad es que directamente el Frente Amplio no apoye una investigación.

El oficialismo no dijo que sí ni que no a indagar a Fripur, Aire Fresco, Cutcsa, Cambio Nelson y La Diez en el marco de la investigación.

El FA quiere tener la posibilidad de poder citar a otros empresarios a la comisión investigadora que pudieran estar vinculados a la financiación de partidos políticos. En ese sentido los colorados son partidarios de legislar en la materia.

El representante de la minoría en la comisión preinvestigadora, el colorado Walter Verri (Vamos Uruguay) insistió ayer en la reunión que las cinco empresas "deben ser investigadas".

Su colega de Vamos Uruguay Adrián Peña ratificó ayer ante la comisión preinvestigadora, que también integran los oficialis-tas Luis Gallo (FLS) y Daniel Caggiani (MPP), que se debe investigar a las cinco empresas afines al gobierno del Frente Amplio. En el caso de Fripur se quiere investigar a sus exdirectores, a sus accionistas y las sociedades vinculadas con ellos.

Sobre Cambio Nelson, Peña argumentó que además de los aportes al Partido Colorado se quiere investigar las contribuciones "de sus actuales y anteriores titulares a campañas políticas en Maldonado".

A Aire Fresco, una empresa notoriamente vinculada al MPP y al Frente Amplio, se la puso en la mira porque "figura como contribuyente a campañas electorales y entidades próximas a sectores políticos".

De la agencia de publicidad La Diez, los colorados dijeron que "recientemente ha reconocido haber aportado dinero mediante compra de bonos a un sector político, luego de haberlo negado en la comisión investigadora del Senado".

Y en torno a Cutcsa, sostienen que "ha reconocido haber aportado unidades de transporte para actos de un partido, así como un bus acondicionado especialmente para el candidato y hoy presidente Tabaré Váz-quez en la última elección, y que disfruta de una subvención estatal millonaria en dólares".

DANIEL ISGLEAS

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