DENUNCIA PENAL
El colectivo, que tiene alrededor de 7.000 afiliados, decidió en su asamblea general la expulsión de la jerarca luego de detectar presuntas irregularidades.
Un nuevo episodio se sumó este fin de semana al enfrentamiento que mantiene el Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, y su representante en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Natalia Pereyra. Y ahora el divorcio entra las partes parece definitivo.
El colectivo, que tiene alrededor de 7.000 afiliados, decidió en su asamblea general la expulsión de la jerarca luego de detectar presuntas irregularidades que implican la retención de dinero a nombre del movimiento.
La organización advirtió que la directora social retuvo un porcentaje de los sueldos de dos de sus adjuntos y de su secretaria personal durante tres años (2016-2019). Según la denuncia, ella decía que la plata sería transferida al movimiento, pero esto nunca sucedió.
Si bien la jerarca aporta el 20% de su salario a la organización del orden que ella representa (por estatuto) en el directorio, percibía $ 33.500 extras por mes por parte de sus subalternos.
La situación que generó incluso que el colectivo presentara una denuncia penal por estafa contra la funcionaria a mediados de mayo, la que fue informada por El País, fue analizada este sábado por los afiliados tras su estudio en la comisión de ética.
Luego de una serie de indagaciones, detectaron que la directora percibía $ 15.000 de cada uno de sus dos adjuntos y alrededor de $ 3.500 de su secretaria a nombre del movimiento.
Con el correr del tiempo se estima que la cifra obtenida por ella sería de $ 1.200.000.
La maniobra quedó al descubierto cuando esta secretaria, que había sido designada por los usuarios, encontró que el dinero que entregaba a su jefa no iba a parar a las cuentas bancarias del movimiento.
"Falta ética"
En su declaración tras la asamblea, el colectivo señaló que definió la desvinculación de la directora social de sus padrones tras las “graves irregularidades denunciadas por parte del personal adjunto a la directora y que seguramente causarían un daño irreparable para la imagen y prestigio de la organización”.
En el documento al que accedió El País, los usuarios de la salud pública y privada recuerdan, además, que ya presentaron una denuncia penal por hechos con apariencia delictiva.
Los usuarios sostienen que existe una “falta ética” porque la jerarca “utilizó el nombre del movimiento para recibir supuestos aportes que le fueron exigidos a sus adjuntos y que jamás fueron entregados”. En este sentido, aclararon que “ningún integrante del colectivo puede recaudar fondos a nombre de sí mismo”.
El País intentó comunicarse sin éxito con la jerarca. En mayo, al informar sobre la denuncia penal que presentó el colectivo, la directora social -cuya venia fue aprobada nuevamente para este período-, sostuvo en una carta que lamentaba las “acusaciones” de los usuarios.
“Esta presunta denuncia tiene un claro objetivo político y de ahí su difusión pública en los medios de comunicación antes de que yo misma estuviera enterada de la misma”, sostuvo.
En el directorio de ASSE están al tanto de la situación, sin embargo, por ahora prefieren no referirse al tema públicamente.
Antes de la asamblea, el presidente del colectivo, Néstor Gurruchaga, envió un mensaje de audio por WhatsApp a los afiliados en el que resumió todo lo actuado.
Allí, el dirigente señaló que la jerarca ya no responde al movimiento: “Hace tiempo que (Pereyra) no nos representa como usuarios. Ella discute y lleva políticas de salud resueltas y discutidas en otros lados”.
La directora pertenece al Partido Socialista. De hecho, en mayo, cuando El País informó de la denuncia penal presentada por los usuarios, el secretario general de este sector del Frente Amplio, Gonzalo Civila, explicó que se había decidido pasar su caso a la comisión de disciplina.