SALUD

La mayoría ocurre por compras irregulares en los hospitales.

Contrataciones de empresas de limpieza excedidas de los montos permitidos, compras de servicios de ambulancia para traslados especializados para niños y adultos y de conserjería que ameritaban un llamado a licitación pública; las prácticas siguen siendo las mismas en 2018, aun cuando el presidente de la República Tabaré Vázquez decidió remover a los directores políticos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Según un relevamiento que realizó El País, durante el primer trimestre del año, y pese al cambio de directores mencionado, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó 45 veces los procedimientos de unidades ejecutoras de ASSE por contratos o vínculos con empresas que se apartaron de la normativa de contrato con el Estado, ya sea por no llamar a una licitación pública, comprar de forma directa determinados servicios o excederse en el gasto designado para un determinado rubro. Los casos ocurrieron en Artigas, Rivera, Paysandú, Las Piedras, y en Montevideo, sobre todo en los hospitales Pereira Rossell y Maciel.

En enero, el TCR observó la contratación de una empresa de servicio de traslados especializados para el Hospital de Paysandú al confirmar que socios de la firma eran funcionarios del centro de salud. Es que este tipo de situaciones contravienen lo dispuesto por el ar- tículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

El Tocaf señala que están capacitadas para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica no sea funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia.

Esta situación fue la que desencadenó la denuncia que ya se encuentra en la Justicia Penal por el caso del Hospital de Bella Unión, en Artigas, en el que la dirección contrató a una empresa de ambulancias que era propiedad de funcionarios de ASSE, hoy directores de hospitales públicos. Se trata de Federico Eguren, actual director del Hospital Pereira Rossell; Marcos García que era director del centro, hoy titular del Hospital de Salto y Rodrigo Barcelona, actual director del Hospital Pediátrico del Pereira.

La situación se replicó en los hospitales de Dolores y Mercedes en el departamento de Soriano. En enero también fue observado un convenio entre la Fundación Pérez Scremini y el Pereira Rossell.

La organización brindaba su apoyo a la gestión del Servicio Hemato-Oncológico Pediátrico, pero fue observada porque "no se advierte la existencia de una norma legal que habilite la celebración de negocios jurídicos", según una resolución del TCR.

En el primer trimestre del año también fue observado el gasto derivado del pago de los Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales que fueron prestados al Hospital de Rivera. En este caso, la compra directa, es decir, sin pasar por un proceso de licitación fue por más de $ 11 millones.

El caso del Hospital de Rivera también se encuentra a disposición judicial, tras ser analizado en la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento.

En otro episodio, el TCR observó el gasto realizado por la propia presidencia de ASSE "emergente de la contratación directa con la empresa María José Morales (Sanmi) para el Servicio de Alimentación" por un monto de más de $ 13 millones. En este caso, el TCR también entendió que "debió realizarse un procedimiento de licitación pública".

Todos estos casos ya se encuentran en poder de los integrantes de la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento, aseguró una fuente del TCR a El País. Actualmente la investigadora estudia los casos del Hospital de Rivera, de Mercedes y Dolores.

Este lunes funcionarios de Rivera denunciaron que la dirección del centro "ocultaba" camas a ASSE para que no le derivasen a pacientes de otros departamentos. A su vez, denunciaron que en el centro se detectó instrumental y medicamentos vencidos desde 2012 y 2013 y "compras irracionales". El diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio señaló a El País que se comprobó que hubo "una persecución brutal a todo trabajador que hiciera una denuncia". Según supo El País, una funcionaria pretendió denunciar la situación a la entonces presidenta de ASSE, Susana Muñiz, pero la exministra de salud no la tuvo en cuenta.

Por otro lado, se confirmó que la exdirectora del Hospital de Mercedes Patricia Laxaga firmó facturas para pagarle a su propia empresa de ambulancia. La semana pasada, la exsubdirectora del Hospital Cristina Escola admitió en la misma comisión parlamentaria que "firmaba lo que me ponían ahí para firmar". Al ser consultada si lo hacía "sin leer", la exjerarca de ASSE indicó: "Y no, a veces no se puede leer (...) hay cosas que no entiendo, se firman las cosas porque se firman", agregó. El caso al igual que el de Bella Unión y Rivera ya se encuentra en la Justicia.