CONSECUENCIAS DEL NUEVO CORONAVIRUS

En un año en que cayó el empleo, que reinaron mensajes como el “quédate en cada” y que las gripes se redujeron gracias al tapabocas y la distancia, el promedio mensual de subsidios por enfermedad creció un 45%. Y la explicación se reduce a una sola palabra: coronavirus.

Porque el impacto de este no es solo la infección que causa, sino las cuarentenas que ocasiona en los contactos, en los viajeros y los síntomas similares que, ante la duda, derivan en el certificado de un médico.

La estadística que elaboró la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) da cuenta de esta tendencia: mientras que en 2019 se registraban, en promedio, 30.251 subsidios mensuales por enfermedad, en el 2020 esa media ascendió a 43.790. Y en algunos meses, como el pasado diciembre, el COVID-19 significó un tercio de esos subsidios.

Más de 11.600 trabajadores dependientes en aislamiento, más de 980 empleados o funcionaron con COVID-19, más de 7.200 con gripes, bronquitis u otra infección respiratoria que el BPS clasifica como “indirectamente asociada” al coronavirus ha sido el saldo de un diciembre con aumento exponencial de los contagios en Uruguay.

Diciembre, dice la estadística, es un mes en que bajan las certificaciones médicas. Es un mes en que algunos trabajadores empiezan sus licencias y otros liquidan el remanente de días libres que les quedaban. Es el mes en que sube la temperatura y bajan las gripes. Pero el pasado diciembre -por estos 19.796 subsidios asociados directa e indirectamente al COVID-19- ha duplicado las certificaciones respecto al mismo mes del año anterior.

Pese a este incremento de los subsidios, el Estado destinó menos dinero per cápita ante esas ausencias laborales. ¿Por qué? A diferencia de otras patologías, el COVID-19 obliga a que los trabajadores falten pocos días. Más aún si se trata de contactos de positivos o de infectados asintomáticos.

El BPS destinó más de $ 184 millones para subsidiar en diciembre a los trabajadores que se ausentaron por COVID-19 (lo que equivale a $ 7.823 por cabeza). Y entre quienes más invirtió fue en el tramo etario de 30 a 39 años. Fueron casi 6.000 los empleados de esas edades que se certificaron a causa de la pandemia.

La concentración de los contagios en los grupos más jóvenes -y sobre todo el hecho de que cada infectado generaba más contactos- también se ha notado en la seguridad social: a medida de avanza la edad del trabajador, menos es la proporción de subsidios por COVID-19 en comparación a otras patologías (en los menores de 20 años es 43%; en los mayores de 60 años es 19%).

El virus, ya se ha dicho, no distingue fronteras ni clases sociales a la hora de atacar. Pero hay oficios más expuestos que otros. El personal de la salud, esa primera línea de batalla contra la infección, ha sido particularmente golpeada en esta pandemia. Según el registro del BPS, desde octubre viene creciendo como una escalera en ascenso la cantidad de trabajadores de la salud certificados o aislados por COVID-19: pasó de 816 a 1.277 en noviembre y luego a 3.631 en diciembre.

En un sondeo de la Federación Médica del Interior (FEMI), el 37% de los médicos encuestados había respondido que, si bien existen protocolos claros, “el personal no los cumple como debería”.

En Montevideo hay al menos 29 hospitales o centros de salud con brotes activos del COVID-19. Y según el reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), en la sanidad hay 372 personas cursando la infección en Uruguay.

La baja del personal de salud ha puesto en alerta a las autoridades y los intensivistas. Porque según ha dicho la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, en Uruguay se saturarían los recursos humanos de CTI antes que las camas disponibles o los respiradores.

Ante la eventualidad de un colapso, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) había hecho una convocatoria exprés para la capacitación -teórica y práctica- de profesionales afines al intensivismo a efectos de dar apoyo a los médicos especializados.

La forma en que se había dado esta convocatoria, sin previo aviso a las gremiales ni la cátedra de Medicina Intensiva, había causado malestar entre los profesionales. Por eso ayer se reunieron los representantes sindicales con la dirigencia del prestador público. El presidente del directorio de ASSE, Leonardo Cipriani, reconoció que “tal vez (esta reunión) debió haber ocurrido antes de la convocatoria”, pero dijo que se llegó a un acuerdo en la necesidad de esta formación y que la cátedra de intensivismo hará sus sugerencias de los contenidos.

“No van a sustituir a los médicos intensivistas. Sin médico intensivista, no hay CTI. Es solo un apoyo si ocurriera un momento de estrés en un CTI”, explicó el jerarca, quien reconoció que “Uruguay está lejos de un colapso, pero que es importante prevenir” a la luz de lo acontecido en otros países.

En este sentido, complementó Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva: “el proceso de vacunación puede llevar meses, no es algo de uno o dos días, por eso la llegada de la vacuna no evita una eventual saturación del sistema”.

De las 7.508 personas que están cursando la infección en Uruguay, ayer había 99 en cuidados intensivos. Eso significa que 12,9% de las camas de CTI del país están ocupadas por un COVID-19 positivo. En base a la experiencia internacional, dijo Pontet, es probable que ante un colapso el país necesite un incremento de entre 20% y 30% de personal de intensivismo.

En el día de ayer se realizaron 4.467 exámenes de COVID-19 y se detectaron 412 casos nuevos de la enfermedad, de acuerdo al boletín del Sinae. En tanto, hubo 14 muertos, lo que lleva la cifra a 390. Hay tres departamentos en alerta roja, según establece la escala de Harvard: Montevideo, Rivera y Tacuarembó.