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Oposición prepara defensa tras polémica por ASSE

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El anexo del Palacio Legislativo. Foto: archivo El País

Salud

Al igual que ya pasó con Ancap, presentan una “megadenuncia”.

El Frente Amplio desacomodó esta semana a la oposición con su decisión de no permitir que la comisión investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la denominada "megaestafa" al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) siga sesionando por seis meses más.

Sin embargo, mañana, luego de recibir a nuevas personas citadas en la que será la última sesión de la comisión investigadora en el Parlamento, la oposición pisará fuerte y anunciará en una conferencia de prensa, con representantes de todos los partidos políticos de la oposición, los pasos a seguir de cara a la formalización de la "megadenuncia" ante la Justicia Penal, al igual que ocurrió con el caso Ancap.

Según supo El País, los diputados de la oposición presentarán esta semana nuevos elementos a la Justicia sobre las irregularidades en los contratos de ambulancias en el Hospital de Bella Unión en Artigas. Mañana concurrirá a declarar a la última sesión de la investigadora, la abogada, secretaria de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Ana María Alaniz. Hasta el momento son cuatro los casos que ya están en la órbita de la Justicia: las irregularidades en los contratos de ambulan- cias de los hospitales de Bella Unión, Dolores y Mercedes en Soriano y los desvíos de fondos para pagar salarios en el hospital de Rivera. Este lunes será la última sesión de la investigadora parlamentaria que funciona desde 2017. La moción propuesta esta semana en la sesión de la Cámara de Diputados por la oposición para prorrogar las actuaciones de la investigadora fue votada negativamente (mayoría simple) por los diputados oficialistas (48) frente a los 34 afirmativos de la oposición, que suele tener 49 en sala. De haber contado con los 15 diputados opositores que faltaban en la sesión, se hubiera alcanzado la tan mentada y reclamada prórroga de la investigadora de ASSE y de la denominada "megaestafa" al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

En el Hospital de Bella Unión, tres directores de hospitales de ASSE montaron una empresa de ambulancias para venderle servicios al centro para el que trabajaban. Se trata de los directores del Hospital Pereira Rossell, Federico Eguren; del Hospital Pediátrico que depende del primero, Rodrigo Barcelona y del director del Hospital de Salto, Marcos García. Los tres jerarcas de la salud deberán alejarse de sus cargos en breve ya que una de las medidas aplicadas este año por el nuevo directorio político fue justamente que las mencionadas junto a 13 direcciones más fueran a concurso de oposición. Si bien la oposición política prepara nuevo material del caso, la denuncia ya se encuentra en la Justicia Penal. El exdiputado comunista Andrés Toriani fue cesado de su cargo como director del Hospital de Rivera luego de que una investigación propia del organismo constatase que en el centro de salud se desviaron fondos para pagar sueldos de más de 60 médicos. A su vez, en los hospitales de Dolores y Mercedes se constató que jerarcas crearon una empresa de ambulancias y vendieron los servicios a sus propios hospitales.

LA "MEGAESTAFA"

Fonasa, el debe de la investigadora legislativa

En el Partido Nacional dicen que el oficialismo "le tiene miedo" a investigar las mutualistas luego de que el año pasado se confirmase la "intermediación lucrativa" de promotores y agentes de venta, en lo que se denominó como "megaestafa" al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Mañana la comisión investigadora llegará a su fin y dejará pendientes de estudio todas las irregularidades constatadas por la propia Justicia en casos por los que resultaron procesadas unas 60 personas. La oposición busca acceder a una auditoría que se realizó el año pasado en el BPS, que permitiría conocer el responsable de filtrar información institucional a las mutualistas. Es que de algún modo u otro, la mayoría de los funcionarios del BPS que asistieron a declarar a la investigadora dejaron en claro que personas ajenas a la institución podían acceder a información privilegiada. La jefa de Afiliaciones Mutuales del BPS, María Irma Rodríguez, señaló en la comisión que durante 2016 y 2017, recibió al menos 1.500 denuncias de personas que alertaron que fueron cambiadas de su mutualista de origen a otro prestador sin su autorización. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, señaló a El País que según el relato de la funcionaria, las personas se dirigían a sus mutualistas y allí se les comunicaba que ya no figuraban como socias. Por su parte, Radío explicó que cuando la persona realizaba la denuncia ante el prestador de salud o la propia Junasa, lo que se efectivizaba era un cambio de prestador y no se dejaba sentada la denuncia por lo irregular de la maniobra. "Acá lo que hay es una filtración de la información", apuntó. Varios jubilados (anteriormente afiliados a ASSE que ingresaron al Fonasa) fueron visitados por promotores de una determinada mutualista y de las AFAP a horas de haber ingresado al Fonasa, explicaron las personas citadas a la investigadora. Los implicados realizaban afiliaciones "truchas" mediante la utilización de empresas falsas y testaferros. En una de las empresas figuraba un cuidacoches como titular y percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus "empleados". Esto llevó al gobierno a no abrir el "corralito mutual" en febrero en una decisión cuestionada por la oposición. En otros casos, jóvenes admitieron que realizaban afiliaciones mutuales falsas en los asentamientos.

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