SALUD

Amparo pidiendo tratamiento para hemofílico llegó a una cifra récord: $ 597.355 diarios.

Caso 1. Julio P. tiene 63 años y es portador de una hemofilia adquirida. Su tratamiento apunta a solucionar el sangrado corrigiendo el trastorno en la coagulación de la sangre con una medicación intravenosa llamada Feiba e inmunosupresores. Su mutualista le informó que no puede continuar el tratamiento, cuyo costo es de $ 597.355 por día. Se trata de un recurso de amparo récord. Ese fármaco no está dentro de la cobertura estatal. El juez de lo Contencioso Administrativo de 3° Turno, Pablo Eguren, aún no falló sobre el recurso de Julio P.

Caso 2. Mercedes U. padece un melanoma maligno. Se atiende en una mutualista. Su médico le prescribió Dabrafenib y Tremetinib por un año. Ambos fármacos no se encuentran dentro del Formulario Terapéutico Médico (FTM). Mercedes U. los solicitó al MSP, quien los negó. En el recurso de amparo, la paciente pide al juez de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, Carlos Waldemar Aguirre que le conceda el medicamento porque carece de medios para adquirirlo y sus médicos lo recetaron. El magistrado hizo lugar a la solicitud.

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Caso 3. Otra mujer tiene 37 años. Se le diagnosticó un cáncer de mama avanzado y con metástasis. Sus médicos le recomendaron un tratamiento con Palbociclib. Cuesta $ 150.000. La paciente argumenta ante el juez de lo Contencioso Administrativo de 1° Turno, Gabriel Ohanian, que su salud está comprometida. El juez Ohanian condenó a Salud Pública a otorgarle el fármaco.

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Caso 4. En enero de 2017 Norma R., de 41 años, fue diagnosticada de un tumor neuroendócrino en el tracto gastrointestinal. En febrero de ese año, se le detectaron tumores en páncreas e ileón. Recibió tratamiento con Lanreotide mensual hasta octubre de 2017 cuando sus médicos constataron un incremento de las lesiones. Su médico tratante le indicó Everolimus. Norma R. presentó una petición a Salud Pública, que fue rechazada. El costo del fármaco es de $ 94.719 por mes. El juez de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, Alejandro Martínez de las Heras, hizo lugar al pedido.

Estos cuatro casos son apenas muestras del aluvión de recursos de amparo que enfrentan los cuatro juzgados de lo Contencioso Administrativo.

El docente del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Juan Ceretta, dijo a El País que en 2017 dicha institución presentó 107 recursos de amparo ante la Justicia. Y agrega que este año el consultorio ya patrocinó 70 reclamos. "Eso quiere decir que el número de 2017 va a aumentar muchísimo", agrega el profesional.

A su criterio, el incremento se debe a dos razones: una, hay cada vez más ciudadanos que constatan que pueden ejercer sus derechos a través del Consultorio Jurídico de forma gratuita y, por otro, la discordancia existente entre la aparición de nuevos fármacos y procedimientos y la velocidad de la inclusión de los mismos en la cobertura estatal.

El MSP sostiene que no cuenta con suficientes recursos económicos para atender toda la demanda de medicamentos mediante amparos. El 15 de marzo de este año, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo que el Estado destinó en 2017 US$ 5.300.000 a medicamentos de alto costo para pacientes que iniciaron recursos de amparo ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo. Esos gastos, advirtió, se realizaron por fuera del presupuesto destinado a la salud, que equivale al 9,2% del Producto Bruto Interno.

En un semanario internacional sobre salud y justicia organizado por el Sanatorio Mautone en Punta del Este, Quian dijo que hay abogados que "trafican" con su influencia para que pacientes inicien los recursos de amparo ante la Justicia.

Ceretta considera que, cuando se trata del acceso a la salud, los Estados tienen que decidir si van a construir sus presupuestos a medida de la cobertura de los derechos fundamentales de las personas o los respetarán a medida que les alcance el dinero. "Hoy se mira qué plata se va a gastar y luego qué derechos se cubren", expresa el profesional.

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En su sentencia sobre el recurso de uno de los casos antes mencionados, el juez Ohanian expresa que ante la demanda de medicamentos de alto costo, la respuesta del Estado es siempre la misma: los fármacos no están registrados en el Formulario Terapéutico Médico o bien no ha finalizado el proceso de evaluación, o que están registrados para una enfermedad concreta y no para la reclamada. En otro expediente, Ohanian señala que el MSP pretende "efectuar un blindaje" al sistema de salud contra los recursos de amparo creando mecanismos administrativos de listados, procesos valorativos, registros que, en los hechos, se tornan para el paciente en "una carrera de vallas". Se trata, además, de individuos que en la generalidad de los casos son sujetos gravemente enfermos y carentes de dinero.

En su sentencia sobre el recurso de Norma R., el juez Martínez de las Heras dice que la conducta del Fondo Nacional de Recursos al rechazar el suministro del Everolimus configura una manifiesta ilegitimidad que viola bienes jurídicos protegidos por la Constitución de la República.

El juez advierte que, ante un conflicto de intereses generado entre Salud Pública y el paciente se debe dar preponderancia al principio in dubio pro vita (a favor de la vida).

En tanto, el magistrado Aguirre en su fallo sobre el caso de Mercedes U., señala que admite el amparo por "razones serias de urgencia" e "inminencia de perjuicio" a derechos fundamentales de las personas (a la vida, integridad física, salud e igualdad). Agrega que su decisión no constituye una indebida interferencia en las competencias de otros poderes del Estado sino que es una garantía para que estos actúen conforme a Derecho.

Ante un recurso presentado por Andrea C. que reclama un tratamiento contra un tumor en la membrana que recubre por dentro la cavidad abdominal, el juez Eguren coincide con sus colegas sobre que el artículo 44 de la Constitución de la República protege el derecho a la salud. "Consideramos probada la necesidad del tratamiento prescripto por el médico actuante ante el inminente riesgo de vida que padece la paciente", expresa el magistrado. Luego ordena que el tratamiento se efectúe en el Hospital Maciel.

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Si bien la medida puede implicar un mayor alcance a menor costo u2014cuesta alrededor de 25% menos que el fármaco originalu2014, ya existen detractores de este biosimilar al considerar que es apenas una copia mal hecha de su original.

En este marco, el laboratorio nacional Urufarma está realizando una evaluación técnico-sanitaria de Bevacizumab, un medicamento que se utiliza para el tratamiento de algunos tipos de cáncer colorrectal, en cuello uterino, de pulmón y de riñón, así como el glioblastoma (un tipo de cáncer del encéfalo).

El biólogo molecular y biotecnólogo Eduardo Spitzer, quien trabaja para el laboratorio argentino Elea-Phoenix y que participó este jueves del Foro de la Industria Farmacéutica, dijo: "Uruguay tiene una industria nacional desarrollada. Obviamente no está desarrollada como en Argentina ni tampoco en volumen como en Brasil, pero tiene una buena capacidad de absorción de este tipo de productos".

El especialista indicó que el producto estará en el mercado en junio del año próximo.

"Esta molécula le está significando a la Argentina, por la compra del biosimilar, un ahorro al sistema de salud de unos 80 millones de dólares al mes", apuntó.

Otro medicamento biosimilar que se introducirá al país a futuro es el Adalimumab, un fármaco para combatir enfermedades autoinmunes, así como infecciones por hongos, bacterias y virus que pueden propagarse en todo el cuerpo. En Argentina este fármaco aún no está aprobado.

Beneficios.

Adquirir y proporcionar este tipo de medicamentos puede implicar una reducción de los costos, pero también significa una nueva opción terapéutica: "Imaginate si sos usuario de un medicamento, no tenés otras opciones, hay una sola droga y la tiene un solo laboratorio en el mundo, imaginate que no vivís ni en Europa ni en Estados Unidos, y esa droga se fabrica allí: ¿con qué seguridad vos me decís que vas a tener un stock irrestricto y siempre vas a tener disponible el producto?".

El primer medicamento biológico data de 1982 y es la insulina, que antes era extraída del páncreas de los chanchos. Esto generaba dos problemas: que la insulina porcina es parecida pero no idéntica a la de los humanos y las largas temporadas de desabastecimiento.

Este jueves, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, indicó que se enviará un proyecto de ley al Parlamento para crear una institución reguladora de medicamentos tal y como lo exige la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Tenemos que ponernos a tono con las exigencias para la exportación de medicamentos", señaló.

Por otra parte, a fines de abril el ministro sostuvo que su cartera realiza una evaluación para incluir nuevos remedios al formulario terapéutico de medicamentos.

"Estamos haciendo una ronda con todos los grado 5 de la Facultad de Medicina para identificar cuáles son las prioridades que, desde la especialidad, ven necesario incorporar y que establezcan un claro valor agregado a los procedimientos actualmente existentes, cuáles son las ventajas para los usuarios en términos sanitarios y epidemiológicos, y cuál es el costo-efectividad de ese procedimiento para incorporarlo", sostuvo. "Probablemente a finales de año se incluyan nuevos medicamentos de alto precio y tratamientos al PIAS", agregó.

Discrepancia.

Gilberto Castañeda, médico especialista en Farmacología Clínica del Instituto Politécnico Nacional de México y experto en medicamentos biológicos, indicó a El País semanas atrás que el Rituximab que se aprobó en Uruguay, fue retirado del mercado en República Dominicana. "Los datos que presenta Elea no están completos, y es por eso que están produciendo más información. República Dominicana lo retiró por falta de evidencia. No dijeron que lo sacarán para siempre, sino que cuando esté la evidencia se pondrán de nuevo a discutir", indicó Castañeda.

Sin embargo, para Spitzer los dichos de Castañeda son falaces. Consideró que "por eso ya hay acciones legales para que se retracte y no hubo nunca un recall de productos, porque todavía no están aprobados, y segundo, él pertenece a una fundación que está financiada por laboratorios internacionales".