PLANTEO AL GOBIERNO SOBRE METAS ASISTENCIALES

La Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva planteará al gobierno flexibilizar las exigencias que les impone hoy el sistema de salud a las mutualistas con las metas asistenciales; esto en medio de un aumento exponencial de los casos de COVID-19 y tras el pedido del Poder Ejecutivo de triplicar los test.

Representantes de las mutualistas se reunieron ayer con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y con la Comisión de Metas, y plantearon una propuesta que comprende la flexibilización en el cumplimiento de los objetivos para el último trimestre del año y para el primer semestre de 2021.

Advierten como lógico que se puedan generar incumplimientos debido a la dedicación especial que deberán darle a la pandemia, y además creen que en caso de que la situación empeore, será necesario redistribuir al personal que hoy está abocado al cumplimiento de esas metas.

Entre las metas asistenciales hay dos que las autoridades sanitarias siempre miran con especial atención. La primera, denominada “Niño y mujer”, busca controlar el cumplimiento de diferentes estudios, tanto en la madre como en su hijo. La segunda está vinculada al cumplimiento de los objetivos sanitarios nacionales que se plantean reducir las enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes y el cáncer. Fuentes del mutualismo informaron a El País que “puede ser que a fines de diciembre, algunos controles establecidos en las metas puedan no hacerse”. Por eso, consideran que “capaz que se presenta algún incumplimiento forzoso” y que, dada la situación actual, no podrán hacer frente a las penalizaciones.

Pero quienes están al frente de las mutualistas también estiman que la situación pueda volverse más compleja en 2021. Por eso también formularán una propuesta al gobierno que plantea la flexibilización en el cumplimiento de las metas durante todo el primer semestre del año próximo.

“Si esto se dispara y los casos pasan a 500 y 600, y como tenemos un ejército de personas abocadas a (trabajar con las) metas y pueden saturarse las emergencias, quizás tengamos que recurrir a ellas”, consideran en la Coordinadora.

El pedido de las mutualistas llega luego de que se comprometieran con el gobierno a duplicar (y en algunos casos hasta triplicar) la capacidad de testeo de COVID-19.

La flexibilización en el cumplimiento de las metas asistenciales ya se definió en anteriores oportunidades este año. El 30 de marzo la Junta Nacional de Salud (Junasa) resolvió abonar el cumplimiento de la meta 1 “en función del cumplimiento alcanzado en el último trimestre de 2019”. En el caso de la meta 2, las autoridades estipularon mantener el pago por cumplimiento pero otorgar una prórroga para entregar la información hasta el 20 de abril.

Entre otras cosas, el personal de la salud debe monitorear el desarrollo del niño durante su primer, segundo, tercer y cuarto año de vida, así como implementar controles odontológicos y oftalmológicos hasta el quinto año de los pequeños. También se controla el embarazo. En este caso se realizan exámenes de HIV y VDRL en los tres trimestres. Otros de los aspectos que se miden son la preparación de la embarazada para el nacimiento, así como su historia clínica perinatal básica.

Mientras tanto, en la meta 2, las autoridades sanitarias buscan controlar la disminución de las complicaciones de la hipertensión arterial, así como reducir la mortalidad precoz por enfermedades cardiovasculares o disminuir las complicaciones crónicas de la diabetes.

En el mutualismo reconocen ya que hay miles de pacientes a los que no se les vigilan algunos de estos cuadros clínicos. Y al mismo tiempo, les preocupan las miles de consultas y cirugías de coordinación que hoy están siendo postergadas por la pandemia.

Utilizarán telemedicina en la salud por 30 días

El Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió que, debido al “incremento circunstancial de casos de COVID-19” en Montevideo, Canelones y Chuy (Rocha), los centros hospitalarios tendrán como “primera línea de atención” para los usuarios el teléfono o la telemedicina. La medida se dispondrá por 30 días, de acuerdo a una resolución de la secretaría de Estado.

La atención no presencial, advierte el documento, debe incluir “la prescripición o repetición de medicamentos y la realización de estudios de laboratorio, imagenológicos, relacionados con la atención de casos de COVID-19, de patologías graves o evolutivas”.