CRÍTICAS DE LAS INSTITUCIONES

Mutualistas cuestionan aspectos de la apertura del corralito mutual

Los usuarios de la salud, el SMU y los prestadores cuestionan algunos aspectos del nuevo sistema del MSP que dispone la apertura del corralito desde mañana y hasta el próximo 29 de febrero.

Personas haciendo fila dentro de una mutualista. Foto: Archivo El País
Personas haciendo fila dentro de una mutualista. Foto: Archivo El País

Dos años tardó el gobierno del presidente saliente Tabaré Vázquez en abrir el “corralito” mutual tras detectar casos de intermediación lucrativa en los que promotores afiliaban a personas a cambio de dinero.

La apertura de la movilidad regulada que comenzará mañana 1° de febrero y se extenderá hasta el 29 de ese mismo mes, permitirá a los usuarios cambiar de mutualista sin ningún tipo de restricción en las sucursales y sedes centrales de las instituciones médicas.

Pero a horas de que esto ocurra, los prestadores que integran la Junta Nacional de Salud (Junasa), cuestionan algunos de los aspectos del nuevo sistema que se pondrá en funcionamiento y por el que se espera que pasen más de 50.000 personas (hay 1.700.000 habilitados) que buscarán cambiar de institución.

El representante de las mutualistas de Montevideo en la Junasa, Alfredo Invernizzi, explicó a El País que a los prestadores les hubiera gustado tener mayor participación en la discusión e implementación de algunos de los cambios previstos para evitar casos de intermediación lucrativa como ocurrió hace tres años. Invernizzi señaló que las mutualistas “tuvimos muy poca participación” y que “hemos influido muy poquito en las reglamentaciones”.

Añadió que se han detectados varios “problemas”, entre ellos, que “no hay módulos de consultas” para aquellos casos en los que el sistema no permite al usuario iniciar el trámite de afiliación. En estas situaciones, Invernizzi comentó que “la gente no puede llamar, tiene que venir” a su actual institución para consultar por qué el sistema no le permite acceder al cambio.

Paralelamente, las mutualistas advierten que se han detectado algunas demoras como consecuencia de la caída del sistema con el que se operan los nuevos dispositivos. En su edición de ayer, Búsqueda informó que el sistema al que se le ha denominado MORE (Movilidad Regulada), presentó resultados negativos y que para mejorarlo se activarán nuevos servidores.

En el MSP informaron a El País que “no hay ningún problema hasta ahora” y que las autoridades de la Junasa ya están en contacto con las instituciones médicas. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores aperturas del “corralito”, el sistema que se utilizará en varios centros de una misma institución solicitará no solo las huellas dactilares en aquellos casos en los que los usuarios no presenten una cédula de identidad con chip, sino que -en todos los casos- pedirá una declaración jurada. En este documento la persona establecerá que la afiliación se realiza de manera libre y sin haber recibido dinero u otra ventaja a cambio.

Paralelamente, los usuarios de la salud que al igual que los prestadores también integran la Junasa, siguen todos los procedimientos con especial atención en la previa a la apertura de la movilidad regulada. Para el presidente electo del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, Néstor Gurruchaga, “la mirada está centrada en la preocupación central que es el gasto enorme de dinero público que se realiza en publicidad”.

En el último período de movilidad regulada que tuvo lugar en febrero de 2017, 1.621.581 personas estaban habilitadas a cambiarse de prestador, 69% de la población total cubierta por el seguro nacional de salud. De este total, los resultados indican que 54.921 usuarios optaron por el cambio, lo que representa un 3,4% del total habilitado. La tendencia es descendente desde hace años, en 2016 fue de 3,9%.

Falta de información.

En el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), si bien respaldan la decisión del presidente Vázquez de abrir el “corralito”, cuestionan la poca información que se le brindó a la población.

El Poder Ejecutivo no abrirá en 2019 el corralito mutual. Foto: Archivo El País
En febrero de 2017, 1.621.581 personas estaban habilitadas a cambiarse de prestador. Foto: Archivo El País

El presidente del SMU, Gustavo Grecco, explicó a El País que si bien hay “incertidumbre” con respecto al flujo de personas que puedan cambiarse de prestador dado que hace dos años que esto no ocurre, “asistimos a las carencias de información calificada y procesada para que el usuario pueda elegir un prestador de salud que se ajuste a sus necesidades”.

Grecco advirtió que “no es razonable la apertura con tan poca información”, en relación a la difusión oficial que hubo sobre los cambios a la movilidad regulada. Es más, el sitio web (A tu servicio) en el que los usuarios pueden acceder a información comparativa sobre tiempos de espera, precios de tickets y órdenes, entre otras cosas, está inactivo hace varios días. En el MSP indicaron a El País que se le está realizando “mantenimiento”.

Por otro lado, Grecco señaló al igual que los prestadores, que “no tuvimos incidencia” ninguna en la implementación del nuevo sistema, y que de alguna manera, el mismo si bien puede llegar a ser “más molesto” para el usuario por los datos que se solicitan, “otorga garantías para combatir la intermediación lucrativa”.

El año pasado cuando el presidente Vázquez resolvió que por segundo año consecutivo no se abriría el “corralito”, los usuarios y el SMU fueron los primeros en manifestar su rechazo. Hoy, aquello parece haber quedado atrás. Y es que antes de promover la movilidad regulada, el gobierno emitió un decreto que regula la publicidad de las mutualistas con dineros públicos que se pagan por las cápitas.

Hace dos semanas el MSP informó las condiciones de la apertura. Allí el presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, señaló que “la ventaja de este servicio es la seguridad que nos da que la persona está expresando su voluntad (de cambiarse) y que estuvo asesorada por un funcionario entrenado y capacitado para darle correctamente la información”, expresó.

Echevarría indicó que este sistema no solo fue pensado para evitar la intermediación lucrativa, sino que hay otras razones para que exista la movilización regulada, como por ejemplo una estabilidad para los prestadores.

Las instituciones, por otra parte, tendrán una responsabilidad civil por cada afiliación ya que a partir del nuevo sistema solo podrán realizar las altas funcionarios de cada prestador de salud.

El MSP busca prevenir eventuales estafas
Hace dos años que no se abre el corralito mutual. La última vez fue en febrero de 2017, cuando se cambiaron menos de 50.000 personas. Foto: Fernando Ponzetto

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) esperan que no se reiteren eventuales casos de intermediación lucrativa como los ocurridos hace tres años cuando promotores afiliaban a personas a instituciones médicas a cambio de dinero.

Diversas investigaciones policiales y judiciales determinaron que empleados de mutualistas participaron de un esquema de corrupción que realizaba afiliaciones “truchas” mediante empresas promotoras y testaferros. En una de las firmas figuraba un cuidacoches como titular que percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus “empleados”, expresa un documento judicial al que tuvo acceso en su momento El País.

Por cada afiliación, las mutualistas cobraban del Estado una cápita de $ 4.000. Por su parte, las empresas promotoras percibían $ 2.500. Algunos trabajadores de estas empresas fueron procesados por un delito de intermediación lucrativa; pagaban a personas entre $ 500 y $ 1.200 para que se afiliaran. El caso fue indagado por legisladores en una comisión investigadora de 2018 que estudió estos casos junto a las denuncias por presuntas irregularidades en la administración de hospitales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Según denunció el Partido Nacional, el MSP conoce “la debilidad de los controles en cuanto a los pagos que se realizan a prestadores por cumplimiento de metas asistenciales”. La Auditoría Interna de la Nación de 2015, recomendó a la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud crear un equipo de evaluadores que cuente con las capacidades para realizar el análisis integral de las metas.

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