CONTROLES EN GERIÁTRICOS

El gobierno quiere evitar nuevos brotes del coronavirus en residenciales de ancianos, como en los tres casos ya registrados en Montevideo.

Por eso, pretende no solo intervenir aquellas residencias con casos de COVID-19 y que no cumplan con los mínimos requisitos de seguridad e higiene, sino también testear a todos los residentes de los geriátricos, incluso a sus trabajadores.

Si bien la medida ya había sido anunciada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, no fue hasta ayer a la tarde que el Poder Ejecutivo tuvo la confirmación de las mutualistas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de las cámaras de emergencias.

El convenio alcanzado entre las mutualistas de Montevideo, ASSE, las cámaras de emergencias móviles y el gobierno busca integrar el sistema público y el privado para atender a los más de 7.000 ancianos que hoy viven en residenciales en la capital.

Fuentes de las instituciones privadas informaron a El País que las mutualistas acordaron ayer en la Junta Nacional de Salud (Junasa) con representantes de Salud Pública garantizar el acceso a la salud y el testeo a todos los residentes de los geriátricos.

Es que solo en Montevideo hay 494 establecimientos, y de ellos, apenas 139 cumplen con las condiciones mínimas de funcionamiento. De este total, 31 se encuentran en “riesgo inminente”, según un informe del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de marzo, al que accedió El País.

La medida, si bien aún no está planificada para aquellos casos en los que se tenga que intervenir residenciales, busca que se puedan “revisar uno a uno”.

Uno de los representantes de las mutualistas en Montevideo, Daniel Porcaro, dijo a El País que la estrategia es “prestar servicios que logren hacer un relevamiento de la condición sanitaria de los residentes en hogares y de sus trabajadores”.

Porcaro añadió que la participación de las empresas de salud en ningún momento “desplazará la responsabilidad sanitaria que tiene el director técnico de los establecimientos, ni la responsabilidad sanitaria que tienen sus prestadores”.

En el informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de ayer, el gobierno indicó que “se ha distribuido la atención en los distintos lugares desde el punto de vista regional y porcentual a sus afiliados”. Concretamente, cada mutualista deberá brindarle atención constante a cierta cantidad de geriátricos.

En Uruguay hay entre 1.300 y 1.500 adultos mayores que habitan en residenciales que suponen un riesgo para sus vidas. El sábado se constató un brote de contagios de COVID-19 en un establecimiento geriátrico. El hecho encendió las alertas porque en países como España un tercio de los fallecidos eran residentes de este tipo de hogares. El martes, el Sistema Nacional de Emergencias informó que ya son tres los residenciales con infectados: en uno hay 37 casos, en otro seis y en el tercero, dos.

Tras el primer brote, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, había anunciado el testeo masivo en 208 residenciales que están en “situación crítica”; análisis que comenzaron a realizarse. Pero en aquel anuncio del jerarca hubo otro dato que llamó la atención: en 109 de los residenciales “críticos”, las condiciones son por “debajo del respeto de los derechos humanos”.

Entre los que habitan en residenciales, las mujeres son mayoría: 11.279 contra 4.282. Y si bien esa relación está condicionada porque ellas sobreviven más, en los establecimientos de larga estadía está sobredimensionado: en la población en general, hay 66 varones cada 100 mujeres adultas mayores. En los residenciales son 38 cada 100. Por otro lado, la imagen global, también muestra que la cantidad de cuidadores parece suficiente para el número de usuarios: uno cada tres.