INTERVENCIÓN

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó una "denuncia penal a raíz de múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución". Así lo informó este jueves la cartera en un comunicado.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, solicitó ser recibido en el Parlamento y allí se presentará el 14 de diciembre, en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, agrega el texto.

El MSP realizó un racconto de lo que sucedió entorno a Casa de Galicia. Primero, recordó que el 26 de octubre y a sugerencia de la cartera, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención administrativa del prestador de salud "dada la grave situación económica de la institución, y ante su inminente impacto sobre el área asistencial".

"Con dicha decisión, el Ministerio de Salud Pública tuvo como principal objetivo garantizar la debida asistencia médica de los usuarios, así como adoptar todas las medidas que estuvieran a su alcance para garantizar la protección de los puestos de trabajo", añadió.

Luego, recordó que "por sentencia de fecha 18 de noviembre", la Justicia "dispuso designar como síndico a la Liga de Defensa Comercial, así como también desplazar de sus funciones a las interventoras designadas por el Poder Ejecutivo".

"Como consecuencia de lo anterior, el 29 de noviembre de 2021, el Ministerio de Salud Pública compareció en el expediente judicial, manifestando al Sr. Magistrado que adoptaría todas las medidas que fuesen necesarias para asegurar el inmediato acatamiento de lo dispuesto. De esta forma, el Ministerio de Salud Pública no impugnó la sentencia, aunque sí manifestó discrepancias, tanto con lo resuelto como con los fundamentos empleados", explicó.

La cartera indicó que, a su criterio, "con una adecuada coordinación, la intervención administrativa no era incompatible con el régimen concursal; en especial, en la medida que ambos institutos, regulados por normas diversas y que se mantienen plenamente vigentes, obedecen a distintos objetivos: la intervención administrativa a garantizar el régimen prestacional y asistencial (motivo por el cual habían sido designadas dos interventoras con vasta experiencia en gestión de instituciones de salud); el concurso a cuestiones económicas, en especial, a la satisfacción de los intereses de los acreedores. Tratándose de un actor clave dentro del escenario mutual, el Ministerio de Salud Pública entiende prioritario velar por el aspecto asistencial".

Después, el 30 de noviembre el Poder Ejecutivo "dispuso el cese inmediato de la intervención administrativa, razón por la cual, el Juzgado Letrado de Concursos de Primer Turno y la Sindicatura asumirán el pleno control de la institución Casa de Galicia".