SALUD

Antes de anunciar efectivamente la apertura del denominado “corralito mutual” para febrero de 2020 -ese momento en el que los usuarios pueden cambiarse libremente de prestador- el gobierno quiere asegurarse de que las mutualistas no utilicen recursos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en publicidad para captar nuevos socios.

Es que de acuerdo a los propios datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), solo en febrero de 2017, que fue el último año en el que se habilitó el libre trasiego de los usuarios, el gasto alcanzó a US$ 18 millones.

Para prevenir este eventual escenario fue que el Poder Ejecutivo emitió ayer un decreto en el que no solo obliga a las instituciones médicas a solicitar autorización al MSP para realizar publicidad, sino que prohíbe a los centros realizar publicidad para captar usuarios con “ingresos provenientes de la cuota salud” que es el dinero que se le transfiere a cada centro de salud en función del “número de personas inscriptas en sus padrones”.

El ministro de Salud Pública Jorge Basso informó ayer en una conferencia de prensa convocada de forma “urgente” tras la publicación del decreto por parte de Presidencia de la República, que con este tipo de medidas, se busca que “los dineros públicos, destinados a la salud, tengan el mejor resultado posible desde el punto de vista sanitario”. Acompañado por el subsecretario Jorge Quian y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, el secretario de Estado señaló que el objetivo es “mejorar la calidad del gasto” de una manera “responsable” porque se trata de dinero que aportan todos los contribuyentes.

La medida, explicaron las autoridades, no se adopta porque se hayan encontrado casos en los que mutualistas utilizaran estos recursos para pautar publicidad en campañas para captar socios, sino para que de aquí en adelante, “los nuevos contratos que se quieran realizar y que no son propiamente asistenciales, se hagan a partir de otros dineros” dado que “hay otras formas de ingreso”, explicó el ministro Basso.

El año pasado las autoridades también habían anunciado que en febrero de este año se abriría el “corralito mutual”, que se había cerrado tras identificar casos de aparente “intermediación lucrativa” en los que promotores afiliaban a usuarios a una u otra mutualista a cambio de ofrecerles dinero a los mismos.

El País informó en noviembre del año pasado que incluso en la propia Junasa, se estaba analizando un nuevo sistema informático con huellas dactilares de forma de evitar estafas a los usuarios. Sin embargo, sorpresivamente, luego de este anuncio, y por segunda vez, el presidente Tabaré Vázquez firmaba en su despacho un decreto en el que establecía la no apertura del sistema de movilidad regulada. La medida se adoptó porque “persisten” prácticas “prohibidas” relacionadas a la intermediación lucrativa, señaló el documento.

El corralito mutual no se abre desde 2016 por los hechos de “intermediación lucrativa” detectados por las autoridades en 2017. Los casos conocidos como la “megaestafa” al Fondo Nacional de Salud quedaron al descubierto tras detectar que estafadores cobraban dinero por inscribir a pacientes en mutualistas. Una de las maniobras por la que ya hay 30 personas procesadas, consistía en inscribir en falsas empresas a personas que vivían en asentamientos a cambio de pagarles entre $ 500 y $ 1.000.

Si bien en el Ministerio de Salud Pública aseguraron ayer a El País que en febrero efectivamente se abrirá el “corralito mutual”, el propio ministro Basso no confirmó esa posibilidad. El secretario de Estado aseguró que el tema “viene bien” y que lo que se busca es “asegurar la trazabilidad de los usuarios” a partir de un nuevo sistema informático.

En este sentido, comentó que el presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, viene manteniendo una serie de reuniones con los representantes de las mutualistas para recoger algunas de las “inquietudes” ante la inminente apertura del “corralito”. Por su parte, Echevarría señaló que si bien “no es el mismo sistema” que se anunció que se iba a utilizar el año pasado, “sí es muy parecido y asegura la necesidad de que la persona que esté haciendo el cambio de la institución, esté presente y se verifica que es la misma que está dando su voluntad de cambiar”. El año pasado, tras la noticia de El País de que la Junasa ya tenía un sistema informático con huellas dactilares para garantizar la identificación de los usuarios, el programa Así nos va de radio Carve informó que el mismo sería prestado por Geocom, una empresa de desarrollo tecnológico. Paralelamente, Basso señaló que la investigación por la denominada “megaestafa” al Fondo Nacional de Salud, sigue a despacho de la jueza penal Julia Staricco, quien entiende en el caso y que el mismo aún “no está cerrado”.