Medicamentos de alto costo

MSP dice que cumplió con la sentencia judicial

Asegura que le entregó medicamento a prestador privado.

Organismos internacionales de salud piden realizar mayor inversión en antibióticos. Foto: F. Ponzetto
Judicialización: al menos 220 pacientes encontraron en 2018 que la Justicia era la vía para acceder a los medicamentos costosos. Foto: F. Ponzetto

Julio murió esperando, paradójicamente, desde julio. Aguardaba unas pastillas que en el mercado cuestan US$ 5.000 y que, según una junta médica, frenarían el avance de su cáncer de hígado. No esperaba que el Sorafenib -como se llama el medicamento- le salvara la vida, pero sí que le dignificara su muerte. Pero jamás llegó a sus manos. Falleció el fin de semana pasado, en la espera, y sin enterarse siquiera que, según el Ministerio de Salud, las pastillas estaban a su disposición en la farmacia de su mutualista, a 62 cuadras de su casa.

Las pastillas, cuenta su hijo Rodrigo, deberían haber estado prontas la penúltima semana de noviembre, como lo estipulaba el fallo judicial de primera instancia que obligaba al Ministerio de Salud a entregarle la medicación. Los representantes de sanidad, sin embargo, se escudan en que habían apelado el dictamen y que, una vez que perdieron en segunda instancia, cumplieron con el plazo fijado por el juez de 72 horas.

Rodrigo y su madre Adriana no se dieron por vencidos y según ellos mismos relatan fueron “varias veces a la farmacia”, sin respuesta. No solo eso: hasta tres días antes del fallecimiento, los médicos de cuidados paliativos seguían visitando a Julio en su casa del Cerrito de la Victoria y les decían que “ni bien llegue la medicación” los iban a llamar.

Los directivos de la mutualista no quisieron hacer declaraciones por consejo de sus abogados. Pero el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, quien auspició el amparo, ya está en averiguaciones para evaluar lo ocurrido y, de ameritarlo, dar inicio a una nueva demanda judicial.

La ruleta.

La judicialización de los medicamentos no es nueva. Desde 2015 -y con cambios de ordenanza de por medio que hizo modificar los procedimientos- la vía judicial ha sido la solución para que la población pudiera acceder a un tratamiento de alto precio y que, pese a haber sido recetado por el médico, no figura entre las prestaciones.

De hecho el Ministerio de Salud Pública ya había sido intimado a comprar el Sorafenib en tres casos de 2017. Aquellas compras, sumadas a las de otras 111 drogas, le implicó al Estado el desembolso de US$ 3.386.070 -sin contar otros tratamientos como prótesis o implantes.

El año pasado las demandas crecieron y -contando la de Julio- fueron “al menos 219” las que cayeron contra el Estado, relató Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico. Para este 2019 ya son 35 las que están a la espera de una resolución y, según cuenta el abogado, “todo hace indicar que se vaya rumbo a un nuevo récord”.

Es que el Ministerio volvió a modificar la ordenanza y ahora basta una carta hecha a mano por un médico para solicitar el medicamento o, de lo contrario, acudir a la Justicia.

Una vez que el juez toma el caso, hace una pregunta clave a los médicos o peritos: “¿Existe alguna otra alternativa de tratamiento cubierta por el sistema de salud?”. Cuando la respuesta es “no”, es seguro que el paciente recibirá un fallo favorable.

Para Ceretta tiene su lógica que así sea. “Yo admito que vos tengas un BMW y yo viaje en ómnibus, pero en la salud todos, sin importar su bolsillo, tienen el mismo derecho humano a acceder a las prestaciones”, explica el abogado.

Julio había seguido al pie de la letra los pasos para pelear por su derecho. Llenó los formularios, fue con el aval de la junta médica y como su jubilación era bastante inferior a los $ 32.000 aprovechó el asesoramiento legal gratuito que brinda la UdelaR… pero no alcanzó.

Los tiempos de la burocracia no son los del cuerpo humano. Adriana y Rodrigo lo saben. Vieron cómo su esposo y padre (respectivamente) se había fracturado y quedado en silla de ruedas por el avance de la enfermedad, observaron cómo el rostro se le había afinando y cómo fue perdiendo hasta la capacidad de ir al baño por su cuenta.

Ese sufrimiento es el que quieren que se evite en otros pacientes y familiares. “Los seres humanos descubrimos, gracias a la ciencia, que hay algo (un medicamento) que nos va dar mejor calidad de vida… y eso es lo que perseguimos”, cuenta Rodrigo.

Hoy mismo hay otras dos uruguayas, Mary y Elena, que están urgidas por acceder al medicamento. Tanto como esa espera de Julio.

Una paciente en espera: “El Estado me está sentenciando a la muerte”

Elena Mazza no olvida aquel día, después de la ducha, cuando palmeó un bultito detrás de su oreja derecha. No le dolía, era tan pequeño como la falange del meñique. Pero una ecografía confirmó su peor sospecha: era un tumor. Tras aquella noticia de 2016 lo que siguieron fueron peores novedades: que ese no era el cáncer inicial, sino la metástasis, que se necesitaba un medicamento que cuesta US$ 6.000 por mes, que esa droga no estaba incluida en las prestaciones de salud, que tenía que hacer un juicio contra el Ministerio de Salud, que la UdelaR no le podía financiar la demanda porque ella ganaba más de $ 32.000…

Entre tanto perdió la voz, parte de la fuerza y su trabajo pasó a ser las consultas a los médicos y a las oficinas públicas en busca de las ansiadas pastillas: Vandetanib 300 mg.

El 18 de diciembre la Justicia ordenó que el Ministerio le comprara las pastillas. La cartera apeló, pero perdió otra vez en segunda instancia, el 18 de enero. Desde esa misma semana el medicamento debería haber estado en la farmacia de su mutualista. Pero sigue sin estar. Eso es lo que le dicen.

“Fui el lunes pasado, otra vez, y me siguen diciendo que no está, que el Ministerio no lo entregó… el Estado me está sentenciando a la muerte”.

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