MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO

Mayoría de los recursos de amparo son por fármacos que "no salvan la vida"

Catedrático de Medicina Legal se sumó al debate por los medicamentos y afirma que se debe diferenciar claramente aquellos que hacen diferencia entre la vida y la muerte de un paciente y los que no.

La duda hecha pastilla
El presidente Vázquez le sugirió un proyecto de ley a Lacalle sobre medicamentos de alto costo. Foto: Archivo El País.

Aumenta la polémica por la propuesta que el presidente Tabaré Vázquez hizo llegar al presidente electo Luis Lacalle Pou para limitar el acceso a los medicamentos de alto costo. La iniciativa busca interpretar el artículo 44 de la Constitución, que consagra el acceso a la salud de todos los habitantes del país.

En una entrevista publicada el domingo en El País, el docente del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, Juan Ceretta, afirmó que le sorprendió y le “entristece” que Vázquez deje “ese legado como etapa final de su gobierno”.

En tanto, el profesor Hugo Rodríguez -director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina y uno de los principales asesores de Vázquez en este tema- se introdujo en la polémica al publicar en la web de la cátedra un artículo que indica que el gobierno debe “diferenciar claramente entre aquellos medicamentos de alto costo que pudieran hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un# individuo, de aquellos que apenas si pueden demostrar alguna mejora en la sobrevida libre de progresión tumoral”.

Y advierte que un alto porcentaje de los recursos de amparo corresponde a pacientes terminales en los que el medicamento “no salva la vida”, sino que “apenas podría llegar a prolongarla, a veces a cambio de una importante toxicidad con pérdida de calidad de vida”.

Aún en lo que refiere a la posible prolongación de la sobrevida, “los estudios muestran que los medicamentos introducidos para el tratamiento del cáncer generan aumentos del tiempo libre de progresión tumoral cada vez más limitados a costa de incrementos exponenciales de sus precios”, afirma el catedrático, quien estuvo presente el lunes 23 en la conferencia en la que el presidente hizo el anuncio en la residencia de Suárez. Y alerta: “Cada vez se cobra más dinero por chances de sobrevida menores”.

Rodríguez dice que correspondería que fueran financiados “aquellos medicamentos que demostradamente salvan la vida de los pacientes, o que tendrán un impacto considerable en su calidad de vida”. El profesor agrega que es viable determinar diferentes grados de financiación, “según la capacidad de pago de la persona”, evitando transferencias regresivas. “Debate aparte es cómo deberían financiarse, aunque está claro que el Estado debería ser el último e irrenunciable garante de la obligación”, indica el grado cinco en Medicina Legal.

Transparencia en los procesos.

“Parece fuera de discusión que la indicación de los medicamentos, por su impacto económico, debe estar sometida a contralores”, dice el documento publicado por la cátedra de Medicina Legal. Rodríguez pone un ejemplo: “Si la receta que se le entrega a un paciente con la indicación de una ecografía de próstata con punción biópsica pasa por la Dirección Técnica de la institución asistencial para su autorización previa al estudio, no se comprendería que un tratamiento de 70.000 o de 400.000 dólares estuviera libre de algún tipo de control”.

La lista de prestaciones y medicamentos financiables debe ser actualizada regularmente, dice el médico. El proceso de actualización “debe darse a través de una institucionalidad con la mayor credibilidad” y “poder contraponer intereses, priorizando el mejor rendimiento de los recursos y poniendo los avances de la Medicina al servicio de las personas, con equidad”. Agrega que “es inaceptable que trabas administrativas impidan o dilaten el acceso a los medicamentos, en los casos que sea justificado su financiamiento con dineros públicos (lo que a veces ha ocurrido)”.

El experto agrega que una de las razones por la que, en general, “es mala la judicialización de la medicina es que las decisiones se toman en base a casos concretos, a veces para pacientes que no tienen alternativa conocida al medicamentos de alto costo. Y explica: “Todos empatizamos con un paciente terminal y haríamos lo que fuera a cambio de ofrecerle, aunque sea, una posibilidad. Así actuaríamos con un ser querido y es bueno no aplicar un estándar inferior frente a terceros desconocidos”.

Por eso, dice Rodríguez, “la única manera responsable de encarar estos conflictos es en base a políticas tomadas previamente, en base a una sólida evidencia científica y a un consenso social explícito”. El catedrático indica que “no se trata de si sentimos compasión por un semejante enfermo, sino de qué carga impositiva estaríamos dispuestos a asumir para suministrar medicamentos de alto costo no-curativos”.

El proyecto de ley propuesto por Vázquez a Lacalle señala que se proporcionará gratuitamente los medios de prevención y atención en salud a todos los indigentes o personas “carentes de recursos suficientes”, excepto cuando las prestaciones necesarias no estén incluidas en los Programas Integrales de Salud (PIAS), catálogos de prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos de Salud Pública.

Judicialización de la salud

Es habitual que se diga que la judicialización permite que accedan a los medicamentos de alto costo personas de bajos recursos. Según el profesor de Medicina Legal, Hugo Rodríguez, “a menudo los fondos públicos financian los medicamentos para personas pudientes, algunas que ya iniciaron los tratamientos y desean recuperar el gasto y a otras que, en todo su derecho, no están dispuestos a enajenar alguno de sus bienes”. El precio “lo fija unilateralmente la empresa en poder de la patente”, al punto “que ni siquiera se puede conocer el costo real y sus componentes”.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados