Blancos reclaman la renuncia de Basso

Malestar y sorpresa porque no abren el corralito mutual

Cuestionan decisión del gobierno que se había comprometido a hacerlo.

Polémica y malestar en el sistema de salud por los nuevos timbres que deben pagar los usuarios. Foto: F. Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

El presidente Tabaré Vázquez sorprendió ayer a las mutualistas, a la oposición y a los gremios médicos, al dar marcha atrás y decidir no abrir en febrero de 2019 el denominado corralito mutual, un mecanismo que permite a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) cambiarse de prestador durante un mes de una forma más ágil de lo habitual y sin tener que argumentar las razones para hacerlo.

Según el gobierno, la medida se adoptó porque "persisten" prácticas "prohibidas" relacionadas a la intermediación lucrativa. Sin embargo, el miércoles pasado, la situación no fue siquiera informada en la Junta Nacional de Salud (Junasa). Es más, allí se había coordinado una reunión para el viernes pasado en la que el gobierno presentaría el nuevo sistema informático con huellas dactilares para evitar las estafas a los usuarios, pero según supo El País, el encuentro nunca ocurrió. ¿Qué pasó en el medio?

Fuentes de la salud consultadas por El País coinciden en que hay otras cuestiones ocultas detrás de la sorpresiva medida del gobierno. Dos de ellas, coincidieron en que la medida del gobierno es para garantizarle a las mutualistas "en rojo" (con problemas económicos) y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que no perderían socios cuando se habilite la apertura. Sin embargo, desde la propia Junasa se informó a El País que cuando normalmente se disponía la movilidad regulada, los flujos de ingreso y salida de personas de las instituciones, no suponían grandes cambios económicos.

El corralito mutual no se abre desde el 2016 por los hechos de intermediación lucrativa detectados por las autoridades en 2017. Los casos conocidos como la "megaestafa" al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) quedaron al descubierto tras detectar que estafadores cobraban dinero por inscribir a pacientes en mutualistas. Una de las maniobras por la que ya hay 30 personas procesadas, consistía en inscribir en falsas empresas a personas que vivían en asentamientos a cambio de pagarles entre $ 500 y $ 1.000.

De esta forma, los estafadores los inscribían a través de promotores en distintas mutualistas, con lo que recibían $ 1.800. Uno de los procesados tenía en su poder 31.000 cédulas de identidad de falsos trabajadores.

El decreto del gobierno establece que la próxima apertura del "corralito mutual" se dará en febrero de 2020 y así lo reafirmó el propio ministro de Salud Pública Jorge Basso en una rueda de prensa convocada en el MSP. "La idea que moviliza este decreto tiene que ver con que se ha venido trabajando en una plataforma que da una mayor trazabilidad a las personas que quieran modificar de prestador", dijo, sin embargo, encuentra que aún resta ajustar el marco legal. "Se quiere actuar desde el punto de vista jurídico en promover una extensión en el marco legal punitivo que defina la intermediación lucrativa como un delito, extendiéndola a toda la cadena de responsabilidades", apuntó. Basso admitió ante la prensa que "se llegó a la conclusión en el Poder Ejecutivo de que sin perjuicio de que con esta herramienta minimizamos la intermediación lucrativa, no la vamos a poder eliminar", añadió.

Incumplimiento.

Para el senador del Partido Nacional Javier García el gobierno "se rindió ante las mafias" al tener que definir nuevamente, por segundo año consecutivo, la no apertura del corralito mutual.

"Acá hay un incumplimiento ante el Senado y lo otro, el tema de fondo, es la incapacidad del Estado de perseguir el delito, los delincuentes y las mafias y como no puede, se limita el derecho a los usuarios", apuntó el legislador.

En setiembre, el propio ministro Basso informó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores que se estaba "trabajando en un diseño que nos permita mitigar el daño (...) lo estamos haciendo con la mira puesta para que en febrero, justamente, podamos reabir la afiliación de cambio".

Excepciones.

Durante el año, cualquier persona en determinadas circunstancias puede solicitar el cambio de prestador. Estas excepciones son el cambio de domicilio a otro departamento, las "dificultades supervinientes de acceso geográfico" y los "problemas asistenciales que lleven a la pérdida de confianza en el prestador". En estos casos, el usuario deberá acompañar la solicitud con una declaración jurada "en la que manifieste su libre e informada elección del prestador de servicios integrales de salud, así como no haber percibido dinero u otra ventaja equivalente".

Lema: "Basso debería "dar un paso al costado" de su cargo

Diputado Martín Lema. Foto: Darwin Borrelli
Martín Lema. Foto: Darwin Borrelli

El diputado del Partido Nacional Martín Lema, uno de los promotores de la interpelación al ministro de Salud Pública, Jorge Basso y al de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro por la denominada “megaestafa” al Fonasa -instancia que se prevé para fines de este mes, o principios de diciembre- reclamó a Basso “dar un paso al costado”.

El legislador, señaló a El País que “está claro que el ministro no estuvo a la altura de las circunstancias en el ejercicio de la rectoría en salud y debería dar un paso al costado”. Y añadió: “Después de todo lo que sucedió en ASSE mientras el MSP estaba como un espectador de lujo, después de perder el control asistencial y administrativo, y luego de no brindar garantías en el Fonasa perjudicando notoriamente a los usuarios, está claro que el ministro debería dar un paso al costado”.

El diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio será el miembro interpelante de ambos ministros. La interpelación si bien incluye la megaestafa al Fonasa, también integra todas las denuncias de presuntas irregularidades en los hospitales de ASSE tras las actuaciones de la comisión investigadora parlamentaria que sesionó durante un año y en la que no se pudo estudiar todas las denuncias.

Según informó El País, en 2014, fueron 55.364 los afiliados que cambiaron de prestador de salud al cierre del período habilitado por ley. La cifra representó un 4,1% del total de personas que estaban habilitadas.

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