INTERNACIÓN

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Del total de personas que ingresan por la puerta de emergencia del Hospital de Clínicas hay un porcentaje -entre el 65% y 70%- al que se le da de alta porque son consultas menores. Entre el cerca de un tercio restante hay casos de personas que necesitan una operación o quedar en el CTI, otros no tan graves, pero que requieren una internación en cuidados moderados. De este último grupo, el 25% son pacientes psiquiátricos, según indicó a El País el director de la institución, Álvaro Villar.

Pese a ser un número importante, el Hospital de Clínicas no tiene internación de psiquiatría. Por lo que esas personas deben “esperar a ser derivados a algunos de los hospitales que tienen sala o al Hospital Vilardebó”, añadió Villar.

El director del hospital universitario entiende que “no puede” ser que todavía no se cuente con un “lugar de internación para (estos) pacientes de corta estadía”, según lo transmitió en su ponencia en el primer día de la XXXI Jornadas de la Clínica de Psiquiatría. Y señaló que este debe “ser un compromiso, un desafío a encarar lo antes posible”.

Luego, en diálogo con El País, Villar contó que uno de los “problemas que existe” es que la decisión de si un paciente ingresa al Hospital Vilardebó “no siempre la toma un psiquiatra” sino que también la hacen los jueces. Y -continuó- “la decisión de dar el alta no es del psiquiatra sino que los magistrados”.

“Entonces, un paciente puede estar de alta pero un juez decidir que tiene que quedarse. Eso hace que hoy el Vilardebó este absolutamente saturado y que no pueda recibir pacientes de las puertas de las otros hospitales públicos”, explicó.

Por otra parte, contó que en el Clínicas tienen un “promedio diario de dos intentos de autoeliminación”, y aclaró que se trata de un “promedio, con días en los que no hay ninguno y otros con cuatro o cinco”. La situación la calificó como un “desafío enorme”.

La enfermedad mental y la privación de libertad es uno de los temas que se trató ayer en la XXXI Jornadas de la Clínica de Psiquiatría. Del encuentro participó el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, quien entiende que en estos temas faltan “estudios de casos y sistemáticos, seguimiento, e interinstitucionalidad”.

Hay “muchas personas” que sí son imputables pero “tienen una fragilidad que después el propio sistema penitenciario” hace que el trastorno se vuelva “crónico, persistente”. Además, después -continuó- el propio sistema “no tiene respuesta en buena parte de los casos, o las que dan son colocarlo en una celda donde haya internos buena gente que lo atiendan” o un “buen director”.

Además, entiende que las “causales de agravamiento son muy grandes”. En ese sentido, cree que ASSE tiene que “tomar mucha más fuerza en el sistema penitenciario”. Y contó que se propuso que en la Unidad Nº 5 en Colón -“donde hay un lugar físico adecuado”- ASSE coloque una unidad de salud mental y tratamiento.

Petit contó que se encuentran “situaciones increíbles de personas que fueron condenadas que a veces no pueden expresarse”. Asimismo, señaló que “muchas veces está otro fenómeno que es que la privación de libertad implica una adversidad y un estrés que a todo el mundo le hace mal. Y, a aquellos que estaban en una situación límite, obviamente el clima carcelario, aún en una buena cárcel… que, en general, no van allí, implican un mayor desafío para el tratamiento de éstas patologías”.

Y añadió: “Para esas personas con trastornos son situaciones de enorme fragilidad”.

Por otra parte, entiende que el Poder Judicial es un “actor que está llamado a un rol mucho más potente del que tiene hoy en día. Y hay dos áreas que tienen una enorme debilidad: la defensa pública y el Instituto Técnico Forense (ITF)”.