La estafa al FONASA

Indagan el cambio sin permiso de mutualista de 1.500 personas

Confirman irregularidades en la investigadora por la megaestafa al Fonasa.

En el Parlamento investigan una serie de irregularidades en afiliaciones. Foto: Archivo
En el Parlamento investigan una serie de irregularidades en afiliaciones. Foto: Archivo

La comisión investigadora parlamentaria que hasta ahora venía analizando las denuncias de irregularidades en la gestión de recursos y hospitales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), tiene desde ayer un nuevo objetivo: esclarecer quiénes se encuentran detrás de las maniobras de la denomina “megaestafa” al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La operación quedó al descubierto a inicios del año pasado cuando se detectó que promotores y gestores de afiliación a mutualistas ofrecían dinero a usuarios para cambiarse de prestador o hasta incluso planteaban a jubilados cambiarse de mutualista y esgrimían que, de lo contrario, dejarían de percibir su pasividad.

Pero esta situación es para algunos integrantes de la comisión parlamentaria apenas una “punta” de lo que hay detrás de la maniobra: “Me parece que estamos abriendo la caja de Pandora, de lo que era la versión tradicional de intermediación lucrativa”, dijo a El País, el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío.

Ayer en la investigadora, la jefa de Afiliaciones Mutuales del Banco de Previsión Social (BPS), María Irma Rodríguez, señaló que durante 2016 y 2017, recibió al menos 1.500 denuncias de personas que alertaron que fueron cambiadas de su mutualista de origen a otro prestador sin su autorización. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, señaló a El País que según el relato de la funcionaria, las personas se dirigían a sus mutualistas y allí se les comunicaba que ya no figuraban como socias. Por su parte, Radío explicó que cuando la persona realizaba la denuncia ante el prestador de salud o la propia Junasa, lo que se efectivizaba era un cambio de prestador y no se dejaba sentada la denuncia por lo irregular de la maniobra. “Acá lo que hay es una filtración de la información”, apuntó.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Martín Lema dijo a El País que la funcionaria “fue muy enfática en decir que no se controlaba nada”. A su vez, el legislador indicó que según su relato, “uno de los que le pidió que deje sin efecto las denuncias fue el abogado del Directorio del BPS”. La funcionaria que ocupa el cargo desde 2015 “empezó a ver muchas inconsistencias e irregularidades”, añadió Lema y explicó que de acuerdo a la declaración que realizó Rodríguez “la reforma de la salud se hizo para favorecer a las mutualistas”.

Visita inesperada.

Varios jubilados (anteriormente afiliados a ASSE que ingresaron al Fonasa) fueron visitados por promotores de una determinada mutualista y de las AFAP a horas de haber ingresado al Fonasa, explicaron las personas citadas a la investigadora. Además de Rodríguez, también compareció en la misma el funcionario del BPS, Luis Lisboa.

“El cerno de toda esta maniobra está adentro del BPS, es el manejo del sistema informático porque todos los jubilados que entraron al Fonasa en la última etapa fueron visitados masivamente por promotores de una mutualista (eran casi todos usuarios de ASSE) y se les dijo que si no pasaban a la mutualista iban a tener problemas con la jubilación, eso solo se podía hacer manejando la información de adentro que sabían quiénes habían ingresado al Fonasa”, detalló a El País el diputado Rubio. A partir de ahora, la investigadora de ASSE continuará sesionando paralelamente en procura de trasladar más casos a la Justicia.

Por “intermediación” no abrieron el “corralito”

Más de sesenta personas fueron procesadas por variados delitos tras los casos de intermediación lucrativa en lo que se ha denominado como “megaestafa” al Fonasa. Los implicados realizaban afiliaciones “truchas” mediante la utilización de empresas falsas y testaferros. En una de las empresas figuraba un cuidacoches como titular y percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus “empleados”, expresa un documento judicial al que tuvo acceso El País. En otros casos, jóvenes admitieron ante la Justicia que realizaba afiliaciones mutuales falsas en los asentamientos para una empresa de promociones. A personas de escasos recursos se les pagaba entre $ 700 y $ 1.000 para que entregaran sus cédulas de identidad para afiliarlas. La situación llevó al gobierno a no abrir el “corralito” en febrero.

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