Salud

Alrededor de 350 mil personas tienen doble cobertura.

Mario es policía y si bien se atiende en el Hospital Policial, debe recurrir a una mutualista en el interior para "recibir una mejor atención". Mabel, en cambio, que suele atenderse en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en Montevideo recurre también a un prestador privado que paga por su cuenta mes a mes.

En Uruguay hay aproximadamente unas 350 mil personas que tienen cobertura doble, es decir, que están comprendidos en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y también se atienden en el Hospital Policial o Militar. La situación es muy común en el interior del país, señaló a El País, la presidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud, Ivonne Lima, pero en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) creen que "no es bueno que la atención esté dispersa".

Es que según cifras que presentó la semana pasada la consultora CPA Ferrere, para el sistema de salud en Uruguay no hay 3.400.000 habitantes, hay alrededor de 3.700.000 usuarios. De acuerdo al informe presentado, hay 2.536.861 afiliados al Fonasa, 999.190 no afiliados al Fondo y 258.206 usuarios de Sanidad Militar y Policial. Según los datos, hubo un aumento de la cobertura del Fonasa del 25% al 82% entre 2007 y 2018.

El informe que se elaboró tras interpretar los datos que aportaron el año pasado las mutualistas a la Junta Nacional de Salud (Junasa) fue presentado el viernes pasado. Allí uno de los socios de la firma, Bruno Gili, propuso algunas conclusiones. La cobertura de la salud en Uruguay es universal, pero la información que brindan a pacientes las mutualistas y ASSE sobre el tipo de calidad asistencial es escasa; el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) aún no es autosuficiente financieramente y requiere transferencias crecientes de Rentas Generales; y además no existe relación entre el aumento del gasto de un prestador y el nivel de prestaciones que se brinda a los afiliados.

En ese marco, el asesor de Macroeconomía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vall-corba, confirmó que en 2017 Rentas Generales transfirió 1,22% del Producto Interno Bruto (PIB), US$ 722,6 millones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que supone un aumento con respecto a 2016 (1,06%) de unos US$ 162,6 millones. Añadió que "no hay problemas de sostenibilidad financiera" sino que "el factor que amenaza el sistema viene de la mano de la judicialización de la medicina". La vinculación si bien es la primera vez que la realiza públicamente el MEF, ya es conocida en el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Es que en marzo de este año, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo que hay abogados que "trafican" con su influencia para que pacientes inicien los recursos de amparo ante la Justicia por no poder acceder a medicamentos de alto precio. "(Estos profesionales) trafican con la angustia y el miedo a morir de pacientes (con enfermedades terminales). Es muy problemático", expresó.

En uno de sus puntos más polémicos, señalaron que el SNIS "no es financieramente autosuficiente y necesita de transferencias desde Rentas Generales".

Otra de las conclusiones polémicas fue la confirmación de que la inversión de una mutualista no conlleva necesariamente un mejor nivel de atención.