Transferencias monetarias

“La judicialización de la medicina amenaza” al sistema.

Que la cobertura de la salud en Uruguay es universal, pero la información que brindan a pacientes las mutualistas y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) sobre el tipo de calidad asistencial es escasa; que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) aún no es autosuficiente financieramente y requiere transferencias crecientes de Rentas Generales; y que no existe relación entre el aumento del gasto de un prestador y el nivel de prestaciones que se brinda a los afiliados.

La interpretación que hizo ayer CPA Ferrere de los datos públicos de 2017 y 2018 que brindan las mutualistas y ASSE al Ministerio de Salud Pública, evidenció claras diferencias con aquellas lecturas que suele hacer el gobierno sobre la sustentabilidad del sistema de salud, en momentos en que varias mutualistas afrontan una crisis económico financiera.

El asesor de Macroeconomía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vall-corba, confirmó que en 2017 Rentas Generales transfirió 1,22% del Producto Interno Bruto (PIB), US$ 722,6 millones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) lo que supone un aumento con respecto a 2016 (1,06%) de unos US$ 162,6 millones, pero que "no hay problemas de sostenibilidad financiera" sino que "el factor que amenaza el sistema viene de la mano de la judicialización de la medicina". La vinculación si bien es la primera vez que la realiza públicamente el MEF, ya es conocida en el Ministerio de Salud Pública (MSP). Es que en marzo de este año, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian, dijo que hay abogados que "trafican" con su influencia para que pacientes inicien los recursos de amparo ante la Justicia por no poder acceder a medicamentos de alto precio. "(Estos profesionales) trafican con la angustia y el miedo a morir de pacientes (con enfermedades terminales). Es muy problemático", expresó.

Por otro lado, Vallcorba informó que sí hubo avances importantes en los sistemas de información pero que aún resta "seguir adelante". Este fue justamente uno de los reclamos realizados en la exposición por el socio de CPA Ferrere, Bruno Gili. Según los datos presentados, actualmente más de dos millones 536 mil personas pertenecen al Fonasa. En uno de sus puntos más polémicos, señalaron que el SNIS "no es financieramente autosuficiente y necesita de transferencias desde Rentas Generales". De hecho, según la composición de los ingresos operativos, en 2017 fue de 76,8% del sector público, 7,6% de órdenes y tiques y 15,6% de otros rubros. A su vez, también aumentaron "sostenidamente" desde 2008 las prestaciones al Fondo Nacional de Recursos.

Una de las conclusiones más polémicas del trabajo fue la confirmación de que la inversión de una determinada mutualista no necesariamente conlleva un mejor nivel de prestaciones. La composición de los gastos relativamente estable ocurre por retribuciones salariales (60%), servicios de salud contratados (15%) y medicamentos (internación y servicios ambulatorios) un 8%. Por su parte, el presidente del SMU, Gustavo Grecco, señaló en el marco de la exposición que "el gran debe es la calidad en la salud" y reclamó que las mutualistas y ASSE mejoren la disponibilidad de información sobre sus prestaciones.

El gasto de las mutualistas en todos los rubros —como por ejemplo en medicamentos, salarios, gastos en CTI, en cuidados moderados o en resonancias magnéticas— son totalmente diferentes unos a otros. Además, 11 de las 36 mutualistas tuvieron resultados negativos en 2017, 22 de los prestadores privados de salud mejoraron sus resultados el año pasado frente a 2016, en tanto que seis de los 14 que empeoraron sus resultados tuvieron números negativos en 2017.

La presentación ocurre a dos semanas de que el Consejo Directivo de la mutualista Médica Uruguaya decidiese dejar sin efecto la rebaja de 5% en el sueldo de algunos de los médicos, como medida para afrontar una grave crisis financiera.

La Médica había informado que a los médicos que cobran más de $ 100.000 y que no se desempeñen en cargos de alta dedicación, se les descontaría de forma transitoria un 5% de su sueldo. La medida, según señalaba ese comunicado, "se encuentra justificada en la situación económica de la institución" porque "a pesar de los esfuerzos realizados y de las medidas adoptadas en materia de contención del gasto, la institución no logra recobrar su superávit operativo, lo cual indica que se debe continuar y profundizar la actitud restrictiva frente al gasto, más en este ejercicio donde el crecimiento de afiliados se ha detenido".

Mientras tanto, los trabajadores del sector privado se encuentran en conflicto y ya aprobaron un cronograma de ocupaciones.