DATOS DE LA IMM

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Uruguay produce alimentos para casi 30 millones de personas, y tiene capacidad de producir para 50 millones. Lo decía el gobierno anterior y lo repite el gobierno actual. Y por más que la cifra puede ser discutida -de hecho el ingeniero agrónomo Alberto Gómez realizó un estudio que sitúa la proyección en 19,4 millones-, lo cierto es que en este país los alimentos no faltan. Pero en la capital de Uruguay vienen detectando embarazadas y niños menores de tres años con algún grado de desnutrición a razón de al menos un nuevo caso por día.

El hambre no siempre se ve. A veces pasa desapercibido en un cansancio sin explicación, en una infección que no cura a tiempo, en la falta de concentración y un largo etcétera que solo sale a la luz en el control médico. Fue así, en las consultas a alguna de las 20 policlínicas municipales que atienden a embarazadas o niños menores de tres años de la capital, que la Intendencia de Montevideo observó un aumento de los casos de inseguridad alimentaria (al menos desde julio hasta ahora, tiempo en que ha estado funcionando el Plan de Apoyo Alimentario).

El viernes 15 de octubre, en una conferencia en la Universidad Católica, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que se habían identificado 223 niños y embarazadas con “síntomas de malnutrición”. Su disertación tomó estado público, tras la publicación en el semanario Búsqueda, y dio lugar a una tensión política entre el gobierno nacional y el departamental.

La cifra de 223 causó “sorpresa” en el Mides y en ASSE, que le pidieron a la intendencia más detalles de los casos, sugirieron la creación de una comisión de seguimiento y hasta anunciaron la realización de estudios paralelos para corroborar el nivel de seguridad alimentaria de esos niños y embarazadas, según consignó El Observador.

La desnutrición en niños -más allá de ser una de las consecuencias más acuciantes de la pandemia, según advierte Naciones Unidas- en Uruguay adquiere un simbolismo extra: fue parte de la puja política en la crisis de 2002. En este sentido, la directora de Salud de la IMM, Virginia Cardozo, reconoció que “los niños no pueden ser rehenes de disputas políticas”.

El dato de 223 casos de inseguridad alimentaria favoreció esa puja. Más aun si se tiene en cuenta que una investigación de la Universidad de la República -con investigadores de la Escuela de Nutrición, la Facultad de Química y el Espacio Interdisciplinario- da cuenta que ocho de cada diez de los casos residía en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave. En algunos casos habían pasado más de un día sin comer por falta de recursos. Pero en el restante de los casos habitaba en hogares en las que estaba garantizada la seguridad alimentaria o bien la inseguridad era leve. ¿Entonces no eran 223 desnutridos?

El conteo de casos, esos que fueron identificados en las policlínicas municipales, responde a los criterios técnicos que estableció la intendencia para ser beneficiario de su Plan de Apoyo Alimentario. Las embarazadas que ingresan tienen que encontrarse en la categoría “adelgazada”, según la gráfica que vincula el índice de masa corporal y la semana de gestación. Y los niños menores de tres años tienen que estar en riesgo de bajo peso o en bajo peso confirmado.

Bajo ese criterio, en julio el plan comenzó con unos 70 casos. Quince días después se sumaron otros 59. Medio mes después se agregaron 37 hasta que, a partir de setiembre, se estabilizaron los nuevos beneficiarios a razón de uno por día. A comienzos de noviembre, según el relevamiento al que accedió El País, ya se contabilizaban 243.

La directora de Salud de la IMM no tiene claro a qué se debe el incremento concreto de casos. Admite que “la evidencia científica” demuestra que en épocas de “incremento de la pobreza” hay un aumento de los casos de inseguridad alimentaria” y aclara que “pudo haber influido la vuelta a la presencialidad de las consultas médicas en las policlínicas”.

Salvo por una familia que abandonó la capital y se mudó a La Paloma, todo el resto de los casos identificados siguen siendo beneficiarios. Pero para mantener el beneficio -que además de talleres nutricionales, orientación social y sanitaria, incluye la transferencia de $ 2.800 para la compra de alimentos básicos-, los usuarios tienen que comprometerse a acudir a los controles médicos todos los meses y a las capacitaciones. Eso sí, aclara Cardozo, “si la persona no va a la consulta, se va en busca de ella”.

El equipo de la Udelar estudió a los beneficiarios del plan que fueron ingresando hasta setiembre. O mejor dicho a 168 de los 220 beneficiarios (o adultos referentes en el caso de los niños) que respondieron a una encuesta telefónica. El cuestionario, aclara el documento al que accedió El País, era por teléfono porque no consistía en una revisión médica (para eso se supone que está la consulta en la policlínica previo al ingreso al plan), sino un acercamiento al tipo de alimentos que se consumen o no, la cantidad de comidas y suplementos vitamínicos entre otros aspectos.

Fue así que comprobaron que al menos 53 niños y 14 embarazadas pasaron algún día entero sin comer en el último año por falta de recursos. O bien que había cinco niños mayores de seis meses que seguían alimentados solo a pecho materno. O que seis mujeres gestantes había comido solo una o dos veces el día anterior a que les fuera realizada la encuesta.

Según un relevamiento que hizo la intendencia, al que también tuvo acceso El País, en octubre el 88,4% de los niños y embarazadas con inseguridad alimentaria detectada estaban recibiendo algún beneficio o prestación del Estado. Y con cada uno de ellos las policlínicas realizaron al menos tres intervenciones.

¿Está sirviendo? El equipo de la Udelar repetirá la encuesta al cabo de seis meses. Por lo pronto, se siguen detectando más casos y algunos de los que ya estaban muestran alguna mejora. Ayer a la policlínica de Casavalle llegó uno de los niños que, según la médica tratante, “antes estaba pálido y ahora tiene los cachetes rosaditos”.