DATOS DEL MSP

Desde el comienzo de la pandemia, el Ministerio de Salud incorporó 130 rastreadores al sistema de vigilancia epidemiológica. Cuatro de ellos han finalizado la tarea. De quienes seguían operativos a comienzos de febrero, Montevideo concentraba más de la mitad de ese personal (87), seguido por Canelones (10) y Rocha (cinco). Todo el resto de departamentos, incluyendo Rivera que fue una de las zonas con más tiempo en la clasificación de mayor riesgo según el índice de Harvard, adquirieron cuatro o menos rastreadores.

La Universidad de la República había aportado otros 20 pasantes, todos ellos estudiantes de Medicina, y el Ministerio de Defensa otros diez funcionarios. Salud Pública ya contaba en sus filas unas 20 personas que ya desempeñaban esa tarea. Así dejó constancia la cartera en la ordenanza número 7.752.

En cada dirección departamental ya existía un promedio de hasta tres funcionarios asignados para la realización de rastreos. Eran trabajadores que realizaban otras tareas en esos departamentos.

“Los rastreadores contratados, tienen regímenes de trabajo que varían entre las 30 y 40 horas semanales, cubriendo el servicio los siete días de la semana, de 8 a 22 horas. A su vez, el Departamento de Vigilancia funciona las 24 horas del día, durante todo el año. En suma, se ha contado con recursos humanos suficientes en función del incremento de las necesidades de rastreo”, dice el documento.

En ese mismo texto público, el Ministerio explica que, en diciembre, los rastreadores hacían un seguimiento telefónico diario de unos 400 casos del día y otros 130 que acumulaban de retraso.

La ordenanza también revela que las autoridades sanitarias constataron que tres prestadores de salud habían tenido demoras de más de 48 horas en la entrega de resultados de test del COVID-19 al 4 de febrero. La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) había tenido retrasos con 22 exámenes, el Casmu con 13 y la Médica Uruguaya con 54. A fines de noviembre, cuando el comienzo del crecimiento exponencial de los contagios, el Ministerio de Salud empezó a recibir denuncias de demoras en algunos exámenes. Por entonces decretó el límite de 48 horas para la entrega de los diagnósticos. Había sido también en ese momento que la cartera había optado por trasladar en taxis a aquellos pacientes que llevaban días a la espera del hisopado.

Pese a estas demoras registradas posterior al decreto, la sanidad entiende que los casos son marginales en el comparativo de la cantidad de test realizados.