CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

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El nuevo directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) busca detectar irregularidades en los hospitales de todo el país y así, evitar que se reiteren hechos como los ocurridos en Bella Unión, en Artigas, o en Rivera.

Por eso, la semana pasada el directorio inició una auditoría económica, financiera, jurídica, y de procedimiento que comprenderá a toda la Gerencia Administrativa.

Se trata de una de las prioridades de las nuevas autoridades que buscan obtener una “fotografía” sobre cuál es la situación económica que atraviesa la institución tras tres períodos del Frente Amplio.

El hoy vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, quien fue el último representante de la oposición en el organismo (2012-2015) luego de que el expresidente Tabaré Vázquez resolviera eliminar esa figura en el directorio de la entidad, será quien lleve las riendas de todos estos procesos.

En el ex Edificio Libertad, actual sede central de ASSE, el 95% de la atención se la lleva hoy el combate a la propagación del coronavirus, sin embargo, las autoridades creen que ya es tiempo de volver a poner el foco en todos los otros temas que hace dos meses quedaron relegados en la agenda.

El nuevo directorio presidido por Leonardo Cipriani ya comenzó con algunos cambios, entre ellos, la polémica designación de los cuatro directores regionales y de los titulares de las unidades ejecutoras.

Ahora, el objetivo también pasará por “saber con qué nos encontramos, en un área muy sensible como es el tema de los recursos financieros de la institución”, dijo Sosa a El País.

El vicepresidente de ASSE señaló a El País que la medida “no es una caza de brujas”, pero que si se llega a detectar alguna irregularidad, se procederá en consecuencia, ya sea a través de investigaciones administrativas, aplicando sumarios e incluso pasando el tema a la Justicia. Las auditorías serán procesadas sobre todas las licitaciones, compras directas y otros vínculos de contratación con ASSE para “saber si estuvieron bien fundamentadas y a qué empresa corresponden”, entre otras particularidades.

Si bien el jerarca entiende que el objetivo no es denunciar las irregularidades que se puedan encontrar ante la Justicia, “se harán las denuncias que se tengan que hacer”, pero lo central será “mejorar los procedimientos”, consideró el dirigente blanco.

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo directorio no solo fue la remoción de los directores regionales que tienen bajo su órbita la supervisión de los hospitales departamentales, también fue la destitución del gerente administrativo de ASSE, Héctor Garbarino.

La medida se dispuso en medio de la filtración de un mail divulgado por Búsqueda en el que ASSE ordenaba a los directores y gerentes financieros que informasen de forma “urgente” la situación de las facturas pendientes con el Círculo Católico (uno de sus proveedores). Cipriani y el gerente general, estuvieron ligados a esta institución antes de asumir. El propio Cipriani señaló luego en “Las cosas en su sitio” de radio Sarandí que el correo había sido enviado por la Gerencia Administrativa.

Paralelamente, el designado director de la región oeste de ASSE, Fernando Silva que es el coordinador de salud de Cabildo Abierto, presentó su renuncia a su cargo luego de publicar una serie de comentarios en su Facebook en los que cuestionaba la anterior gestión.

A esto, se sumó que más de 20 directores y subdirectores de esa área renunciaron al enterarse de su designación. La situación se replicó en la Región Este en donde más de diez jerarcas pusieron sus cargos a disposición al enterarse de la remoción del director regional. Ambos casos generaron la suspensión en la designación del director de la Región Sur, que coordina los hospitales de Montevideo.

A mediados de agosto, los legisladores de la entonces oposición (hoy integrantes de la coalición, salvo Unidad Popular) presentaron ante la Fiscalía General de la Nación el conjunto de presuntas irregularidades detectadas en la comisión investigadora del Parlamento.

En 2017, los representantes analizaron todas las denuncias de irregularidades en ASSE, así como la denominada megaestafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El caso más polémico fue el de tres jerarcas del Hospital de Bella Unión en Artigas que montaron una empresa de ambulancias y se compraban los servicios.

El caso derivó en el procesamiento sin prisión por el delito de conjunción del interés personal y el público del exdirector del hospital, Marcos García.

Pero no fue el único caso emblemático que fue estudiado por la investigadora, también lo fue el del cesado exdirector del Hospital de Rivera, el comunista Andrés Toriani que identificó la falta de personal y tuvo una idea: con lo que se invertía en el mutualismo contrataría a los especialistas que necesitaba. Los salarios sedujeron a varios especialistas, que se instalaron en Rivera con sus familias.

También detectó que la mayoría de los estudios médicos se hacían en el sector privado. El nuevo directorio se propone ahora -en el gobierno- buscar nuevos casos similares a estos que hayan ocurrido en los últimos cinco años, informó a El País su vicepresidente que admitió saber muy bien por qué hospital comenzar.