VILARDEBÓ LE REMITÍA PACIENTES

ASSE: denuncia penal contra un residencial de salud que no está habilitado

ASSE comenzó además una investigación administrativa en un residencial "clandestino" luego que la Inddhh recibiera denuncia por "violaciones a los derechos humanos".

Fachada del edificio de ASSE. Foto: Archivo El País
El directorio de ASSE dispuso una denuncia penal e investigación administrativa por irregularidades detectadas en residencial. Foto: Archivo

Pacientes atados a sillas o con chalecos de contención, “problemas” en la alimentación, medicamentos adquiridos en la informalidad y hasta un fallecido por falta de asistencia médica.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) denunció penalmente y comenzó una investigación administrativa en un residencial clandestino al que el Hospital Vilardebó remitía hasta hace poco pacientes, luego de que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) recibiera una denuncia por “violaciones a los derechos humanos” en ese establecimiento.

Se trata de un hogar ubicado en el barrio Lavalleja que no cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) y al que, sin embargo, el Vilardebó enviaba pacientes del programa Egreso Asistido. Se trata de un plan del centro de salud al que se acogen pacientes con trastorno mental severo, sin familia y a quienes se les brinda una partida económica para poder vivir.

La situación fue conocida por el directorio de ASSE días atrás, cuando el propio organismo recibió un pedido de informe del Inddhh tras recibir una denuncia de tres personas que se ampararon en la reserva de su identidad, según consta en una resolución del directorio a la que accedió El País.

Los denunciantes refieren a “violaciones a los derechos humanos de los pacientes” dentro del hogar. Entre ellas, apuntan contra el personal no médico del establecimiento por suministrarles a los pacientes medicamentos “adquiridos informalmente”, utilizar “chalecos de contención de forma indiscriminada” y “atarlos a las sillas”.

También denunciaron que había “problemas con la alimentación” y que a los pacientes “se les negaba la asistencia médica”. Este fue el caso de un joven de 27 años que murió en febrero tras recurrir varias veces a las consultas médicas. Una fuente de la salud informó a El País que el hombre presentaba signos de “adelgazamiento”, tras consultar en un centro de ASSE.

El caso llamó la atención del nuevo directorio de ASSE que advierte que las pasadas autoridades nunca notificaron de la situación, tampoco de los vínculos contractuales del Hospital Vilardebó con el hogar.

El directorio inició una investigación administrativa apenas fue informado del caso, además presentó una denuncia penal, informó a El País el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa. El jerarca dijo que “tomamos conocimiento a raíz de un oficio enviado por la Inddhh y que inmediatamente -por la gravedad de los hechos y el material- se presentó una denuncia penal”. Para el vicepresidente “a nuestro juicio es un hecho que reviste una gravedad importante”.

Pero las irregularidades detectadas por las autoridades, que también cuentan con imágenes y piezas audiovisuales sobre el estado en el que se encontraban los seis pacientes, también comprenden el estado edilicio del hogar. En la resolución del directorio de ASSE también se señala que en la denuncia ante la Inddhh “se manifiesta que las instalaciones estaban en estado edilicio e higiénico deplorables”.

A su vez, el caso nunca fue informado al directorio ni tampoco investigado administrativamente por el organismo. En el documento tampoco hay referencia a anteriores denuncias policiales.

Ayer, los cinco pacientes que estaban allí fueron enviados a otro residencial.

A medio camino.

ASSE define las casas de medio camino como “estructuras sanitarias de atención integral, con equipo técnico las 24 horas, con un enfoque de recuperación, de mediana estadía, que se ubican en la trayectoria asistencial en un lugar intermedio entre la hospitalización y la residencia en la comunidad”.

En otras palabras: el escenario de convivencia ideal, el que promueve la ley de salud mental y la Organización Mundial de la Salud, la herramienta necesaria para erradicar los manicomios. Pero nunca nada es tan ideal. En Santa Lucía e Ituzaingó, dos localidades linderas a las colonias psiquiátricas, las casas de medio camino se volvieron negocios familiares. No son novedad: algunas funcionan hace más de 40 años y son atendidas por funcionarios de las colonias. “Los psiquiátricos crónicos que ya no pueden ir a las colonias, si llegan a tener 9 mil pesos, van a estas casas clandestinas”, revela un exfuncionario del Ministerio de Salud Pública. Uno de los cometidos de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental es inspeccionar estos lugares y elaborar informes que luego elevan al MSP. Su presidente, Ángel Valmaggia, destaca casos de éxito de casas de medio camino, pero no ignora el enorme volumen de establecimientos sin habilitación.

Sin dejar de destacar la labor de la comisión, admite que todavía no hay datos concretos de casas que alojan personas con trastornos psiquiátricos.

Hay 37 geriátricos que están en estado de “riesgo inminente”

Luego de una fiscalización realizada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) a raíz de la aparición de casos de coronavirus, la División de Regulación de Inmayores detectó 37 residenciales de ancianos en estado de “riesgo inminente”, informó Subrayado y confirmó El País. En total, de acuerdo al relevamiento, hay 538 personas viviendo en residenciales: 110 hombres y 349 mujeres. Por otra parte, hay 229 personas trabajando en residenciales, de los cuales 168 son cuidadores.

Algunos de ellos son: La Casa de los Abuelos (Cordón), Villa Rosana (La Blanqueada), Dolce Vita (Sayago), La Casa de los Abuelos (Las Acacias), Abuelo José (Cerro), Nuestro sueño (Manga), Abuela Nana (Cerro), Los años dorados (Atahualpa), Santa Ana (Tres Cruces), Carrasco (Punta Gorda), Dulce hogar (Unión) y La Casona (Manga).

El informe, al que tuvo acceso El País, fue un pedido de acceso a la información pública que realizaron los alumnos de la Clínica de Litigio Estratégico de la UdelaR.

Reclaman redirigir atención en el vilardebó
Coronavirus en el Hospital Vilardebó. Foto: Ángel Asteggiante.

El consumo de drogas en los problemas de salud mental, la falta de redes de contención y la internación en hospitales son cuestiones abordadas en la ley de salud mental, aprobada ya hace más de dos años. Este año se alzaron voces que, además de reclamar por el riesgo del colapso del sistema, ven una oportunidad única para aplicar de una vez por todas la Ley 19.529. Así lo consideró la Inddhh que pidió destinar más recursos para que la atención deje de ser competencia exclusiva del Vilardebó.

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