SALUD

ASSE acelera concurso y pone en aprietos a directores investigados

Dueños de empresa de ambulancias y a la vez funcionarios no renunciarán.

Asumieron las nuevas autoridades de ASSE. Foto: Darwin Borrelli
El presidente de ASSE ordenó la apertura del llamado a concurso. Foto: Darwin Borrelli

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, puso el pie en el acelerador esta semana tras conocerse nuevas presuntas irregularidades de la empresa de ambulancias Siemm SRL, propiedad de tres directores de hospitales de ASSE que fue contratada por el Hospital de Bella Unión de Artigas cuando ellos eran funcionarios de ese centro.

El directorio político del organismo "tiene la intención de que la primera etapa del llamado a concurso de las direcciones de los hospitales públicos" se publique la próxima semana, informaron en ASSE a El País. La medida, tal y como lo anunció el propio Carámbula al asumir su cargo, será para los 42 directores de hospitales y no solo para aquellos que son investigados por presuntas irregularidades en la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento o por la Justicia. El periodista, Gabriel Pereyra escribió ayer en la red social Twitter que "16 directores de hospitales cesan en su cargo el miércoles. Algunos, como los que estuvieron en Bella Unión no podrán volver a postular".

Desde ASSE se indicó que al llamado a concurso se podrán presentar aquellos profesionales que no ocupen cargos de dirección en hospitales públicos, es decir que si un director pretende seguir en su cargo, deberá renunciar al mismo.

Actualmente la Justicia tiene a estudio cuatro casos que ya fueron o son analizados en la investigadora parlamentaria, el de Bella Unión, el del Hospital de Rivera, el de Mercedes y el de Dolores. Esta semana el semanario Búsqueda informó que la empresa Siemm SRL realizó traslados de personas que no existen y cobró el IVA por duplicado en los contratos con el Hospital de Bella Unión.

La situación hizo que Carámbula apure la publicación de los llamados a concurso. Según informaron fuentes de ASSE a El País, tras conocerse la noticia, Carámbula mantuvo un encuentro con los tres directores involucrados: el director del Hospital Pereira Rossell, Federico Eguren; el director del Hospital Pediátrico de ese centro, Rodrigo Barcelona y Marcos García, actual director del Hospital de Salto.

Pero esas presuntas irregularidades mencionadas antes son solo algunas de las que se produjeron. Según el informe policial de Crimen Organizado e Interpol al que accedió El País y ya tuvo acceso el fiscal del caso Luis Pacheco, "entre abril de 2013 a diciembre de 2016, el hospital tuvo un gasto de aproximadamente $ 32 millones" en pagos a la empresa. El documento tiene 37 conclusiones, entre ellas, señala que la empresa de traslados realizaba viajes a departamentos para los que no estaba contratada, utilizaba insumos del propio centro de salud y sus médicos prescribían recetas de ese hospital.

Fuentes judiciales informaron a El País que a fines de abril serán convocados a declarar los funcionarios del Hospital de Bella Unión. Siemm se fundó en 2013, pero en 2011 fue cuando sus directores comenzaron a gestarla. Según el informe policial, en base a la investigación administrativa "Eguren, Barcelona y García recabaron información para poder crear la empresa" cuando ocupaban diferentes funciones en el propio hospital de Bella Unión.

Defensa.

La abogada de los tres directores de ASSE y propietarios de la empresa Siemm SRL, Cecilia Salom, dijo a El País que sus defendidos "no tienen ningún motivo para presentar su renuncia" a los cargos de dirección de hospitales de ASSE. "En lo planteado por el desempeño de la empresa Siemm ya fue objeto de investigación administrativa en ASSE que descartó que hubiera habido ningún tipo de dolo o perjuicio para la administración y el resultado de esa investigación es un acto firme y estudiado", agregó la abogada, quien tras entrar en contacto con el expediente informó que se refutaron todas las acusaciones realizadas por el funcionario de Crimen Organizado e Interpol que actuó en la causa. La defensa se basa en el análisis de la prueba documental que fue agregada al expediente y en otros elementos. Luego de la audiencia, el expediente pasó a vista fiscal y ahora se encuentra a despacho de la jueza, Dolores Sánchez.

Al ser consultada por la observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) al contrato entre la firma y el hospital, la abogada entiende que "el TCR emite una opinión aislada y contraria a la práctica del Poder Ejecutivo" porque "únicamente se encuentra impedido de contratar con el Estado el funcionario que es ordenador del gasto de la repartición", indicó. Mencionó que sobre es- te punto "hay un proyecto de ley del Ejecutivo, un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, un dictamen de la Fiscalía de Gobierno, y un informe elaborado por la doctora Cristina Vázquez, integrante de la Cátedra de Derecho Admi- nistrativo de la Facultad de Derecho".

El médico Eguren ocupó cargos en el centro desde 2007, fue nombrado como encargado de la Dirección del Centro Auxiliar de Bella Unión, fue cesado en 2012 y luego nombrado como encargado de la Dirección del Hospital Español. Desde mayo de 2015 se desempeña como director del Hospital Pereira Rossell.

Por su parte, Barcelona se desempeñó como médico interino de guardia en la emergencia del Hospital de Bella Unión de 2008 a 2014 y en mayo de 2015 fue designado como director del Hospital Pediátrico del Pereira.

En el caso de García, de 2009 a 2010 fue encargado de la subdirección del Hospital de Bella Unión, fue adjunto al centro de salud y más tarde, en 2012, ocupó la encargatura de la dirección. En 2014 pasó a desempeñar cargos en el Hospital de Salto hasta llegar a ocupar su dirección. García fue el único funcionario sancionado tras contratar a la empresa durante su mandato.

Pacientes no identificados eran bebés sin cédula aseguran

En referencia a los traslados de pacientes en ambulancias de la empresa Siemm SRL que figuran en las órdenes de compra, pero no existen de acuerdo a la información recabada de los sistemas informáticos y de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), la abogada de los tres directores implicados, dijo a El País que "en algún caso se trató de algún recién nacido; cuando hay un recién nacido que tiene que ser trasladado a un CTI no se tiene la cédula, ahí lo que hay es un error policial grosero", agregó. Según informó, sus defendidos se encargaron de ubicar a cada una de las personas y lograron hacerlo. La doctora dijo que el informe policial "no tiene varios errores, tiene múltiples errores" y que ya se radicó una denuncia ante el Ministerio del Interior contra el funcionario policial que divulgó el mismo a la prensa. El documento policial determina además que "la recaudadora firma las órdenes de compra con las que se paga a la empresa Siemm" al tiempo que "hay órdenes que no coinciden los precios que se pagan con los que se deberían pagar ya que en la mayoría de las órdenes hay diferencias y se paga más de lo debido", agrega.

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