La intención anunciada por el presidente José Mujica de enviar un proyecto de ley para estirar un año la negociación con la minera Aratirí (Zamin Ferrous) genera dudas en la oposición. 

El futuro senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, dijo a El País que "el gobierno deberá tener un buen fundamento para cambiar las reglas de juego y por ahora no lo conocemos".

"Si se argumenta que los planes de la empresa cambiaron porque se modificó la traza del mineroducto que llevaría el mineral a la costa, ese es un argumento que habría que estudiar, porque todas las empresas hacen sus previsiones para invertir y ese sería un cambio a considerar. Pero no podemos cambiar por cualquier cosa. Tiene que haber un fundamento fuerte", opinó. Mieres dijo que no está ni a favor ni en contra de Aratirí y reivindicó la ley de Minería de Gran Porte aprobada en 2013 que es la que ahora el gobierno modificaría.

La norma mencionada pone el 28 de febrero próximo como fecha límite para que el gobierno y la minera terminen la prolongada negociación de un contrato para extraer hierro en el este del país. Eduardo Rubio, diputado electo por Unidad Popular, advirtió que "no hay margen" ya para negociar por Aratirí. "Lo único que me consuela de que se extiendan las conversaciones es que vamos a poder estar en el Parlamento para batallar contra Aratirí. Zamin Ferrous está violando en Brasil la normativa laboral y ambiental", advirtió Rubio.

El presidente José Mujica explicó que para cerrar la negociación del contrato el gobierno necesita más información científica. Persisten las dudas respecto a si Zamin Ferrous estará en condiciones de constituir las garantías que le pide el gobierno. Mientras tanto, la baja cotización actual del hierro (se derrumbó durante el año pasado) pone en duda la rentabilidad de la explotación de los cinco yacimientos ubicados en la zona de Valentines. El hierro ronda los US$ 70 la tonelada y el "piso" de rentabilidad es US$ 90.

La empresa pretendía cerrar un contrato a 20 años, pero hoy el futuro de su proyecto se ve comprometido y casi todo el personal en Uruguay de Zamin Ferrous está en el seguro de paro. La Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene a estudio los análisis del impacto ambiental que tendrían las cinco explotaciones en la zona cercana a Cerro Chato.

Mieres cree que el gobierno lo deberá fundamentar bien