EL FRENTE Y LAS INCONSTITUCIONALIDADES

Rendición: Oposición alerta por inconstitucionalidades

Advierten por cambios tributarios que contradicen a la Constitución.

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Astori: apuesta a una rápida aprobación del proyecto de Rendición de Cuentas. Foto: M. Bonjour

"Endeble constitucionalmente". Así definen en la oposición a algunos artículos de la Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento como parte del ajuste fiscal de US$ 500 millones para bajar en un punto del PBI el déficit fiscal. Los artículos cuestionados son tres (147, 155 y 162) y refieren básicamente a cambios en el cobro del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicado a las utilidades empresariales, y el ajuste por inflación pa-ra los estados contables de las empresas.

En opinión del diputado nacionalista Pablo Abdala, el incremento de las tasas del IASS previsto en el artículo 155 de la Rendición de Cuentas "es inconstitucional", porque no se pueden modificar las pensiones en una norma presupuestal o de Rendición de Cuentas. "Si el gobierno llega a aprobarlo, cualquiera de los jubilados afectados por esta disposición que vean incrementado los impuestos por jubilación podrán recurrir a la Suprema Corte", señaló a El País.

Según Abdala, el mencionado artículo viola la disposición transitoria V de la Constitución de la República que "declara la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social (artículo 67 que establece ajuste de pasividades) que se contenga en leyes presupuestales o de Rendición de Cuentas, a partir del 1º de octubre de 1992". "Es clarísimo que este artículo de la Rendición, que cambia las tasas del IASS, afecta el valor de las pasividades y viola la Constitución. O se tramita esto por ley separada o la declaración de inconstitucionalidad es probable", subrayó Abdala.

Otro artículo polémico está referido al gravamen de las utilidades de las empresas (7%) aun cuando no se repartan a los accionistas o socios (pasados tres años), los cuales deben pagar el IRPF. Se trata del artículo 147 del proyecto remitido al Parlamento, el cual establece el cobro del IRPF a las utilidades no distribuidas generadas desde el 1° de julio de 2007.

"La sorpresa que venía escondida es que este artículo se quiere aplicar desde el 2007 y esto es inconstitucional porque no se pueden cobrar impuestos en forma retroactiva. Es una clara inconstitucionalidad porque de acuerdo a los principios generales del Código Civil las leyes no tienen efecto retroactivo", subrayó Abdala. Además cuestionó que con esta medida se afecta a las empresas medianas y chicas, que facturan hasta 4 millones de Unidades Indexadas en el año.

El ajuste por inflación para los estados contables de las empresas —a partir del cual se calcula el cobro del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas— también es visto como inconstitucional por el Partido Nacional. El artículo 144 de la Rendición elimina el ajuste por inflación (cuando supera el 10%) por los estados contables y lo vincula a "situaciones de hiperinflación".

"Con esto se determina que habrá ajuste por inflación de los deducibles, solo si el Poder Ejecutivo lo determina y tomar esta definición es inconstitucional porque es lo que los juris-tas denominamos una delegación de la potestad tributaria, porque la potestad tributaria es de la ley y quien debe determinar si se hace o no el ajuste es la ley, no se le puede dar esa facultad al Poder Ejecutivo, es una discrecionalidad", aseguró el diputado. Por todo esto, es que considera que el ajuste tributario que dispuso del Poder Ejecutivo es "endeble constitucionalmente".

Más jubilados.

En 10 años, la cantidad de personas que reciben jubilaciones y pensiones de parte del Estado aumentó en 10%, según señala el capítulo de política fiscal de la Rendición de Cuentas enviada la semana pasada al Parlamento. Tan así es que el 34% del gasto público del Estado está compuesto por el pago de las pasividades. Dado que están asociadas al Índice Medio de Salarios, las jubilaciones y pensiones tuvieron un crecimiento real de 52% entre enero de 2005 y enero de 2016, detalla el proyecto enviado al Parlamento.

A diciembre de 2015, el Banco de Previsión Social pagaba jubilaciones a casi 440.000 personas y pensiones a casi 350.000. El incremento se asocia a algunas modificaciones legales que facilitaron el acceso a las pasividades como la ley 18.395, aprobada en 2008, que flexibilizó las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios. En particular, se redujeron los años de aporte requeridos para acceder a la jubilación común y por edad avanzada, y se estableció el cómputo ficto de años de servicio a las mujeres con hijos. Esta medida permitió que más personas accedieran a la jubilación del BPS, lo que se refleja en un aumento del número de jubilados (21% en el período 2008-2015).

Además, en 2007 se aprobó una pensión no contributiva a la vejez para los adultos mayores de entre 65 y 75 años, en cumplimiento con la ley 18.241. Esto, junto con algunos cambios en las pensiones no contributivas de invalidez, redundó en un aumento de los beneficiarios de pensiones no contributivas (15% entre 2009 y 2015), lo que representa alrededor de 11.000 personas.

La pensión no contributiva a la vejez se estableció por primera vez en 1919 (Ley 6.874) y desde ese momento ha variado la edad mínima para acceder al beneficio. La edad para acceder a la pensión era de 60 años al principio (1919), en 1979 se elevó a 70 años, luego en 1986 se redujo a 65 años y se volvió a fijar en 70 años en la reforma previsional de 1995.

Comienza el tratamiento De rendición de Cuentas.

Mañana lunes, en una reunión extraordinaria de la Cámara de Diputados, ingresará formalmente la Rendición de Cuentas al tratamiento parlamentario. Esta semana se iniciará el trabajo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, donde está previsto recibir en primer lugar al equipo económico liderado por Danilo Astori y el subsecretario Pablo Ferreri. La Rendición entró al Parlamento el jueves 16, 14 días antes del plazo constitucional con que contaba el Poder Ejecutivo para entregar el proyecto.

El funcionamiento del Estado cuesta US$ 1.894 millones.

El gasto del funcionamiento del Estado representa el 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a US$ 1.894 millones. Después del pago de pasividades y salarios, el presupuesto de funcionamiento es el tercero más importante en la composición del total del gasto público del país. Dentro de este rubro de gastos de funcionamiento se incluyen los consumos de servicios públicos, suministros (alimentos, medicamentos) y demás gastos llamados "no personales". En esa lista están: servicios de comunicación, publicidad, impresión, encuadernación, viáticos, transporte, almacenaje, alquileres, seguros, conservación, reparaciones menores, construcciones temporales, entre otros.

En el año 2007 se creó dentro del Ministerio de Economía la Unidad Centralizada de

Adquisiciones (UCA), encargada de adquirir alimentos, servicios alimentarios, medicamentos, insumos médicos y afines por cuenta y orden de los distintos organismos, de acuerdo a la cantidad y calidad requeridas. En la Rendición de Cuentas se explica que esta medida "contribuyó a la transparencia y accesibilidad para los oferentes". Un año después se creó la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), un órgano desconcentrado que tiene como cometido mejorar los procedimientos de compras públicas que son monitoreados por el Observatorio de Compras.

En el anexo de la Rendición correspondiente al Ministerio de Industria, se plantea para 2017 la utilización de las compras públicas como" instrumento de desarrollo" para sectores industriales nacionales, sin que por eso se afecte el déficit fiscal que se encuentra hoy en el 4% del PIB. Además el Poder Ejecutivo se propone la adecuación de los procesos asociados a la valoración en Aduanas "para mejorar el contralor de las importaciones de productos terminados competitivos con la industria nacional".

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