La Comisión de Legislación de la Junta Departamental de Montevideo analiza un proyecto de regulación del derecho de admisión a locales y espectáculos públicos, que incluye multas de hasta 350 Unidades Reajustables a quienes la incumplan.

También prevé que en caso de reiteración de infracciones o de infracción muy grave, se pueda ordenar la clausura temporal del establecimiento hasta por 90 días y la publicación en los diarios de circulación nacional de la resolución sancionatoria a costa del infractor.

El proyecto propone que sea obligatorio colocar en el ingreso de los locales carteles con información sobre la normativa antidiscriminación vigente y las sanciones previstas a quienes la incumplan.

La iniciativa fue elaborada por representantes de la Institución de Derechos Humanos, la Defensoría del Vecino, la Comisión Honoraria contra la Discriminación y la propia intendencia capitalina, que expresaron estar en conocimiento de muchos casos de discriminación "injustificables".

El último caso sonado de problemas con el derecho de admisión ocurrió en diciembre de 2014, cuando una diplomática estadounidense denunció que se le impidió ingresar a un restaurante de Pocitos por motivos raciales.

El proyecto se basa en un texto que la actual presidenta de la Junta, Maite López, presentó en 2013, con modificaciones realizadas por los servicios jurídicos de la Junta y plantea derogar los artículos 2804 y 2805 del Digesto Municipal. El proyecto indica que se debe modificar el contenido de dichos artículos. En donde dice que se prohibe en todo local de espectáculos públicos "la entrada de personas en estado de embriaguez o de notorio desaseo", debería escribirse "cuando pretenda ingresar en estado de embriaguez o de notorio desaseo que implique una afectación a la salud pública".

"El tema de la exhibición del cartel puede llevar a que el organizador o el explotador del inmueble también desista de su pretensión, teniendo en cuenta que va a tener una sanción. Si no hay una sanción, estamos hablando de una ley inaplicable. Entendemos que tiene que haber una multa como las previstas", dijo en la Junta Alicia Saura, de la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación.

La delegación que estuvo en la Comisión de la Junta informó que a nivel departamental, las intendenciaS de Montevideo y Canelones son las únicas que tienen previsiones expresas en este tema.

Los ediles presentes hicieron consultas y plantearon algunos reparos al texto, en especial el colorado Mario Barbato, quien cuestionó que no se incluya entre los factores para impedir el ingreso a alguien que esté "claramente con signos de padecer algún trastorno alucinógeno por consumo de estupefacientes".

Consideró que "claramente el péndulo se nos va hacia el otro lado cuando hablamos del notorio aseo que implique afectación a la salud pública", puesto que en ese caso "el personal de portería tendría que ser médicos calificados", por lo que se estaría "yendo a un extremo que es inaplicable".

Para la presidenta de la Comisión, Rosana Paredes, la del viernes "fue una reunión rica y de intercambio de opiniones" en la que hubo consenso en la necesidad de adecuar la normativa y se acordó seguir trabajando con ese fin.

El proyecto indica que queda prohibido establecer como condiciones de admisión "las que puedan suponer discriminación o trato desigual de acceso al establecimiento en función de la edad, sexo, nacionalidad o raza de los asistentes, así como el establecimiento de precios diferenciados en función de tales circunstancias".

Tampoco pueden ser condiciones las que supongan "discriminación o trato desigual basadas en juicios de valor sobre la apariencia estética de las personas asistentes", aunque deja la posibilidad "de establecer requisitos razonables y objetivos generales, si los mismos son preestablecidos y publicitados para el público general".

La Defensora del Vecino, Ana Agostino, dijo que "no es absoluto que nunca se pueda impedir el ingreso a la persona" a un local. Puso como ejemplo un lugar donde se imparten clases de baile y se requiere para participar cierta vestimenta y calzado. "Si previamente se dice y es en función de las tareas que se van a realizar, no es discriminación, como en ese lugar que para bailar tango se necesitan tacos. Distinto es cuando uno llega a un lugar donde no hay reglamentación anunciada".

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dictaminó que el derecho de admisión para imposibilitar el ingreso de una persona a un boliche no está avalado por ninguna norma, informó el semanario Búsqueda. Díaz se pronunció en ese sentido en un recurso de casación presentado por el propietario de "Tres Perros", quien en 2011 expulsó de ese pub al activista gay Fernando Frontán por usar una caravana, y fue condenado por violencia privada. Su posición no es vinculante para los ministros de la Corte.

En el escrito, Díaz señala que el derecho de admisión "no se sustenta en norma jurídica alguna". Expresa que "en nuestro ordenamiento jurídico, encontramos que el Digesto Municipal de Montevideo en sus artículos D.2804 D,2805 y D.2807, regula el derecho de admisión para los espectáculos públicos", y agrega que un pub o boliche como es Tres Perros no puede considerarse "espectáculo publico", ya que "se dedica al despacho y consumo de bebidas y comestibles".

Añade que la sola emisión de música "en locales cuyo giro principal no fuera éste ni fuera la realización de bailes, no se considerará espectáculo público, siempre que dicha emisión no sea ejecutada en vivo, ni supere en la fuente los niveles sonoros que determine la Intendencia de Montevideo."

Junta trabaja en base a un proyecto que prevé multas de hasta 350 U.R.EDUARDO DELGADO