Alianza Nacional trata hoy el planteo del diputado Abdala de promover una comisión investigadora.

El proceso "amañado" para la adjudicación de la obra de la planta regasificadora, la "manipulación política" del gobierno de José Mujica sobre este proyecto, las "presiones" para la aprobación de la autorización ambiental, la vinculación de los concesionarios con los casos de corrupción que golpean al expresidente brasileño Lula Da Silva, y las pérdidas que dejó la empresa paraestatal Gas Sayago, son algunos de los puntos que integran la denuncia que está preparando el Partido Nacional para proponer una nueva comisión investigadora parlamentaria.

El tema será tratado hoy martes por la bancada de Alianza Nacional, el sector que lidera el senador Jorge Larrañaga, donde el diputado Pablo Abdala presentará formalmente el planteo para una comisión investigadora. El senador Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, apoya esta comisión.

Gas Sayago, empresa formada por Ancap y UTE, adjudicó en mayo de 2013 la obra de la regasificadora al consorcio GNLS, integrado por GDF-Suez y la japonesa Marubeni, que a su vez subcontrató a OAS, empresa brasileña. La obra está ahora parada.

"Todo el proceso para la construcción de la planta regasificadora, que terminó siendo fallido, desde nuestro punto de vista está lleno de zonas oscuras y sin duda lo catalogo de sombrío", dijo Abdala a El País.

"Tan sombrío que claramente hay una actitud política del actual gobierno en el sentido de no colaborar con el Parlamento a la hora de esclarecer los aspectos más dudosos y que generan más polémica", agregó.

Esta es la actitud, según Abdala, que siguió la ministra de Industria, Carolina Cosse, de no responderle los pedidos de informe y tampoco contestar los cuestionamientos del diputado en la interpelación del 2 de septiembre de 2015 y en el llamado a la comisión permanente el pasado 16 de febrero. "La ministra vino con la instrucción del Poder Ejecutivo de no responder", dijo Abdala.

Según el diputado, "todo el proceso para la adjudicación de la obra fue amañado, donde hubo una notoria manipulación política del gobierno de turno (Mujica), aprovechando que era un proceso competitivo que se daba en el derecho privado. Era un proceso impulsado por Gas Sayago pero en nombre del Estado uruguayo, porque es una empresa integrada por UTE y Ancap".

¿Por qué fue un proceso amañado? "La oferta que ganó no era la más conveniente, ni técnica ni económicamente. Era la tercera en costo de cuatro que se presentaron; los informes técnicos recomendaban claramente no adjudicarle porque ponía en duda que cumpliera con las especificaciones y objetivos del llamado", explicó el diputado.

Para Abdala, hay indicios de que hubo "abuso de autoridad" y una "adjudicación política" de la obra. "Yo tengo la sospecha de que el gobierno desde el inicio tenía claro hacia dónde quería llegar, a quién le quería adjudicar la obra y finalmente lo hizo", sostuvo. Otro elemento de convicción que conduce a esa conclusión es cómo se otorgó la autorización ambiental. Abdala recordó que en octubre de 2013 el entonces director de Medio Ambiente, Jorge Rucks, actual subsecretario de Vivienda, denunció "presiones políticas" desde el propio gobierno para apurar la autorización ambiental, que se tramitó en tiempo récord y que Rucks no firmó porque estaba en el exterior.

"Esto se inscribe en un contexto muy complejo de las relaciones de los gobiernos de Mujica y Lula. Yo no puedo afirmar que el presidente Lula haya hecho una intermediación directa con el presidente Mujica (a favor de OAS), pero hay versiones insistentes en ese sentido, y no parecen descabelladas", indicó Abdala.

El diputado maneja documentos de la Justicia brasileña que indican que José Pinheiro, presidente de OAS, tenía una relación de tal cercanía con Lula que le organizó un viaje a Uruguay y a otros países de la región en 2014.

Pinheiro fue condenado en 2015 a 16 años y 4 meses por corrupción, lavado de dinero y formación de organización criminal por el pago de "coimas" a ejecutivos de Petrobras para que se le adjudicasen licitaciones. También fue condenado Agenor Medeiros, director del área internacional de OAS. Y dos ejecutivos fueron condenados por lavado de dinero y organización criminal.

"Le otorgamos la concesión al grupo GNLS-OAS que vino a especular al Uruguay y que tuvo una actitud de incumplimiento desde el primer día hasta el último. Son empresas con muy malos antecedentes a nivel internacional", acusó Abdala. Y agregó que también habría que investigar "por qué se firmó un contrato de concesión leonino, hecho a la medida del concesionario y no en interés del Estado".

Otro punto que el diputado Pablo Abdala pedirá que se investigue es el funcionamiento de Gas Sayago y la gestión de Marta Jara como gerenta general. Jara asumió ayer la presidencia de Ancap.

"Gas Sayago le ha significado a los uruguayos un costo muy importante en los últimos cuatro años. Solo en gastos operativos (salarios y otros) lleva gastado US$ 17 millones. En materia de inversiones el Estado tiene un saldo negativo de más de US$ 40 millones. A eso hay que agregarle el daño económico a las empresas privadas. El concurso de OAS que se tramita en la Justicia, hay más de 350 empresas acreedoras por US$ 23 millones", dijo Abdala.

POLÉMICA POR LA PLANTA REGASIFICADORA