Reformas edilicias para discapacitados

La mayoría de los edificios públicos tiene un problema en común: no incluye vías de acceso o facilidades que permitan el ingreso de personas con alguna discapacidad, que en Uruguay superan las 200 mil.

Esa situación se comprueba tanto en construcciones antiguas, y en más modernas como el Edificio Libertad, y en la mayoría de las escuelas. Es por eso que el gobierno y el Parlamento estudian la manera de lograr que en un plazo de entre tres a cinco años, edificios públicos y escuelas adapten sus instalaciones a vías de ingreso para discapacitados.

La idea partió de un proyecto de ley presentado por el nacionalista Ruperto Long (Alianza Nacional), que fue analizado en la Comisión de Población del Senado junto a las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

La propuesta del senador Long incluye una serie de disposiciones para personas discapacitadas, que van desde el acondicionamiento de edificios públicos, servicios de transporte y acceso a espectáculos.

En el proyecto, además, se faculta al Poder Ejecutivo a conceder distintos tipos de exoneraciones impositivas para firmas que empleen a personas discapacitadas, y también para la importación de equipos o medicamentos para discapacitados.

También se conceden licencias especiales para madres que trabajan y tienen hijos con síndrome de Down, como sucede en la Unión Europea. Según la exposición de motivos del senador Long, al año nacen entre 90 y 100 personas con ese síndrome.

Además se prevé incorporar en el Código Penal faltas que van de multas de 10 Unidades Reajustables (UR) o prisión equivalente, para aquellos que sin tener la condición de discapacitado ocupen los lugares de vehículos especialmente reservados para éstos.

"ATRASADOS". Tanto las autoridades del Mvotma como los parlamentarios admitieron que en Uruguay no se ha tomado en cuenta la situación de las personas discapacitadas. "Estamos un poquito atrasados", comentó a su turno el ministro de Vivienda, Mariano Arana.

Tanto Arana como el director de Ordenamiento Territorial del Mvotma, Roberto Villamarzo -ambos arquitectos- se refirieron a situaciones de edificios públicos, desde liceos hasta locales donde funcionan facultades, e incluso la sede del Parlamento.

Y después que la senadora oficialista Susana Dalmás (Asamblea Uruguay), planteara que "con el nivel de crecimiento" que tendrá la economía uruguaya "seguramente va a haber muchos edificios nuevos", comenzaron a analizar alternativas, para complementar la propuesta de Long.

Por eso, se resolvió establecer un plazo por ley, para realizar un relevamiento de edificios públicos para luego adecuarlos.

Villamarzo planteó que el gobierno "elabore una lista de todos los tipos de edificios" que en un plazo de tres años deban actualizar sus instalaciones para que ingresen discapacitados. Además, sugirió que se pongan en práctica modificaciones en los pavimentos para que las personas no videntes puedan distinguir cuando termina la vereda.

Con respecto a las escuelas, Villamarzo explicó que si bien tienen dificultades presupuestales para hacer obras, sería necesario que en tres años se hiciera una evaluación y se buscara la forma de adecuar las instalaciones. Para eso, se deberá conformar un equipo que "estudie los 400 edificios escolares" de Montevideo y elabore un plan para ponerlo en práctica en cinco años.

Según el jerarca, como existen dificultades presupuestales, la mejor manera de lograr la actualización de todos los edificios públicos es aprobar una ley, que fije determinado plazo, de manera tal que no quede "pendiente".

Arana, a su vez, planteó que la "situación" actual "obliga al Estado" a buscar alternativas, que también incluyan al transporte público.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre septiembre de 2003 y agosto de 2004, el 7,6% de la población tiene alguna discapacidad, lo que alcanza a 210.400 personas. Según se establece, la prevalencia es mayor en las mujeres (8,2%) que en los hombres (7%).

A partir de los 65 años la cuarta parte de esa población padece alguna discapacidad.

Más de la mitad (51,2%) atribuye la discapacidad a alguna enfermedad y el 20,8% dice que es de nacimiento. El 20% de la población discapacitada requiere ayuda de otra persona.

Sólo la quinta parte de la población con dispacidad de 14 años o más, participa en el mercado de trabajo.

El promedio de ingresos de los discapacitados es 37% inferior al del resto de la población. Los varones discapacitados reciben $ 3.337 menos y las mujeres $ 2.098 menos.

Tres de cada 10 discapacitados alcanza Primaria completa.

En algunos edificios públicos se han previsto medidas para que las personas discapacitadas puedan acceder con facilidad, pero no siempre dieron resultados.

Un ejemplo de eso es lo que sucede en el Palacio Legislativo, donde se construyó una rampa "totalmente ineficaz" por la inclinación, o en la Facultad de Arquitectura donde funciona un ascensor especialmente diseñado para esos fines, pero para ponerlo en funcionamiento hay que "apagar" alguna instalación eléctrica, ya que si no se registra una "sobrecarga" energética.

Esas explicaciones surgieron después que el director de Ordenamiento Territorial, Roberto Villamarzo comentó las dificultades que podrían existir si un legislador con discapacidad quisiera ingresar al Parlamento.

La senadora Susana Dalmás (Asamblea Uruguay) explicó que ese "problema ya se presentó con el senador suplente (Manuel) Singlet", que en varias ocasiones ocupó una banca.

La presidenta de la Comisión, Mónica Xavier (Partido Socialista) explicó que si bien existe una rampa en la entrada del Palacio Legislativo para que pueda ingresar gente que necesita silla de ruedas, la "inclinación que se le ha dado" a la misma la hizo "totalmente ineficaz".

Villamarzo relató entonces una situación similar en la Facultad de Arquitectura. "Hay una silla mecánica que es bastante problemática" porque se debe "llamar por teléfono para que la activen" y "algo similar sucede con el ascensor", porque para encenderlo "hay que apagar algunas instalaciones eléctricas", para que no se registre una "sobrecarga". "Entonces, cuando un estudiante discapacitado tiene que moverse dentro del edificio, hay que hacer toda una maniobra en el tablero", agregó Villamarzo.