Reforma cobra fuerza en el Frente

Los fallos de inconstitucionalidad del IRPF a las jubilaciones, emitidos por la Suprema Corte de Justicia, avivó las intenciones del presidente Tabaré Vázquez y del Frente Amplio de promover una reforma constitucional en las elecciones de 2009. La idea de la izquierda es plebiscitar algunos artículos en los comicios nacionales, para luego ante la eventualidad de un nuevo triunfo del Frente Amplio, se convoque en 2010 a una Asamblea Constituyente para revisar todo el articulado de la Carta Magna y reformularla en forma completa.

"No puede haber elementos que obstaculicen. La intención es la de realizar una revisión global para que no haya trabas jurídicas en decisiones políticas avaladas por la ciudadanía", dijo a El País el diputado Edgardo Ortuño, de la Vertiente Artiguista.

Este sector fue el primero en poner sobre la mesa la propuesta de reforma en 2007, a través del director de la OPP, Enrique Rubio.

El lunes, al asistir al local de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Vázquez defendió la aplicación del IRPF a las jubilaciones y se pronunció a favor de impulsar una reforma constitucional, aunque no especificó sus contenidos.

Orgánicamente, el Frente Amplio comenzó a evaluar los posibles contenidos de la enmienda a través de su secretariado ejecutivo. El órgano solicitó a los dirigentes de los distintos sectores que presenten sus propuestas, para definir los contenidos de la enmienda.

Una de las alternativas es que en 2009 se plebisciten artículos vinculados a la descentralización, la integración de los organismos de contralor y el voto de los uruguayos en el exterior.

En una segunda etapa -si el Frente Amplio volviera a ganar las elecciones- la Asamblea Constituyente sería la encargada de eliminar mecanismos electorales como el balotaje, y otros puntos. En ese marco, la izquierda cree que temas como "la política tributaria" o "modelos de país", no pueden estar sujetos a decisiones "judiciales".

Según Ortuño, una futura Constitución consagraría la "independencia (económica) del Poder Judicial, pero daría mayores amplitudes para modificar el marco legal vigente".