Es el encargado de llevar adelante los cambios que el presidente Tabaré Vázquez prometió. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo a El País que en pocos días habrá reuniones con empresarios y sindicatos para plantear los posibles cambios que implicarán las medidas contra el consumo de alcohol; también en breve las instituciones de salud deberán incluir mayores prestaciones, como operaciones de vesícula y ecografías estructurales, de manera gratuita. 

En tanto, la cartera está decidida a hacer campaña para impulsar la vacuna contra el HPV, cuando cada vez son menos las jóvenes que se la dan. Y llevar adelante medidas contra la “judicialización de la medicina”.

—¿Cuántas niñas se vacunaron contra el virus del papiloma humano (HPV) en el último año?

—Con la primera cohorte, la de las niñas nacidas en 2001, llegamos a un 44% con las tres dosis dadas. Después se redujo y no llegó al 30% de cobertura en las nacidas en 2002 y 2003. Vamos a tener que mejorar esto.

—¿Faltó una campaña para fomentar la vacunación?

—Hay varias vacunas no obligatorias —como la de la gripe— y lo que pasa con estas es que implican todo un desafío para estimular que la gente se las dé. Estamos pensando cómo generar campañas para estimular su uso porque queremos que se use.

—¿Tiene dosis disponibles?

—Sí, claro.

—La exministra, Susana Muñiz, habló que los precios para comprar las dosis habían subido...

—No es un tema de precios, tenemos que ver cómo mejoramos la cobertura y cómo superamos algunas barreras que pueden estar incidiendo en eso.

—¿Estas cifras a cuántas niñas equivalen?

—No tengo los números exactos pero son más o menos 25.000 niñas por generación (el 44% de 25.000 es 11.000; y el 30%, 7.500).

—¿Hay posibilidad de extender la vacunación a otras edades? Hay ginecólogos que advierten que se podría dar a niñas de más de 12 años, hasta los 15 incluso...

—Se tomó una decisión que parece adecuada, porque tiene que ver con la edad en que empiezan las relaciones sexuales.

—Es sabido que el presidente Tabaré Vázquez no está de acuerdo con la ley que permite la interrupción del embarazo. ¿Se prevé algún tipo de cambio en esta?

—La ley se va a cumplir. Las normas se cumplen. Las reglas son claras. Lo que sí en materia de salud sexual y reproductiva no solo vamos a continuar sino seguir desarrollando más políticas para la salud de la mujer.

—¿Se incrementará la presencia de ginecólogos dispuestos a hacer abortos en departamentos como Salto, donde hay pocos?

—Estamos conformando las direcciones departamentales de salud y trabajando en esta interfase con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para evaluar las necesidades de cada departamento.

—Vázquez anunció políticas similares a las que se implementaron contra el tabaco, pero para el alcohol. ¿En qué consistirán?

—Se va a hacer como con el tabaco, que se generó un marco regulatorio, acordado, conocido, sin sorpresas, que estuvo fundado en elementos claros para la población en términos de beneficios, de oportunidad de mejora de la salud y de reducción de las enfermedades (...) Se generarán instancias de intercambio con todos los sectores de la sociedad que están en ambos lados del problema, tanto la población que consume como los actores que intervienen en la oferta.

—¿Se va a convocar a las empresas y sindicatos de la bebida?

—Sí, ya el presidente asumió el compromiso de que a partir de las próximas semanas se convocará a todos los sectores.

—¿Se prevé aumentar precios, poner información en las etiquetas, hacer campañas en los medios de comunicación?

—Todavía no estoy en condiciones de establecer cuáles van a ser las medidas, hay un proceso que antes debemos transitar.

—Vázquez dijo que se trabajará en la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Para esto prometió un plan "para que frente a una urgencia médica fuera del departamento donde resida una persona (...) esta igual tenga derecho a concurrir a cualquier instituto público o privado". ¿Cómo se va a llevar adelante esto?

—La idea es que los prestadores, en caso de que puedan resolver cualquier tema de urgencia de un miembro del sistema, lo hagan. El MSP ya está trabajando en la implementación de los mecanismos que permitan esto.

—¿Y quién asumirá los costos?

—El prestador del que es socio el paciente. El tema acá es que el usuario tiene que tener cobertura en todo el territorio. Ya hemos tenido conversaciones con distintas cámaras y este va a ser uno de los primeros temas que se va a abordar.

—Vázquez también dijo que el sistema incorporará cirugías gratis de vesícula y ecografías estructurales. ¿Cuándo se podrán implementar estos cambios?

—Lo antes posible. Hoy en realidad el panorama es muy desigual, hay prestadores que dan esto de forma gratuita, y hay otros que tienen aranceles y estos son muy diferenciados.

—¿Qué costos tiene esto?

—Se va a analizar el impacto en la economía de las instituciones, pero lo creemos sustentable.

—¿Todos estos servicios cómo van a incidir en la economía de las mutualistas?

—Todo genera costos, lo que se analiza es la viabilidad. La reforma sanitaria de Uruguay tiene una gran cantidad de prestaciones, no es fácil encontrar una reforma sanitaria que incluya tanta prestaciones sin sobrecuotas; queremos seguir en ese camino.

—Las mutualistas suelen decir que tienen muchas prestaciones para el dinero que reciben, ¿cómo cree que tomarán esto?

—En todas partes del mundo se discutan estas cosas, cuánto pueden soportar las instituciones, el sector salud y la sociedad en términos de prestaciones que se pueden ofrecer. Lo que es claro es que cuando uno trabaja con una realidad en la que el que puede tiene y el que no puede no tiene, es muy fácil, ahora cuando el camino que se busca es otro, todo es más difícil.

—Desde 2011 el déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) creció en el entorno de 5 puntos porcentuales cada año. Ese dinero fue cubierto por Rentas Generales. ¿Se piensa trabajar en revertir esta situación?

—La ley en este sentido es bien clara, establece que los aportes para el Fonasa provienen de los trabajadores, de los empresarios y de Rentas Generales. No es que se esté en rojo. Esto estuvo planificado desde el principio.

—El Sindicato Médico del Uruguay reclama que se deje de cobrar tickets de medicamentos y exámenes. ¿Es esto viable?

—No es algo que esté en el programa de gobierno, pero es claro que venimos trabajando en este sentido. Ya se han incorporado estudios sin tickets para embarazadas, algunos fármacos para patologías crónicas no tienen costos, con un tickets se cubre todo un tratamiento de antibióticos... Y hay cosas que estamos controlando, como cuántas pastillas incluyen en un blíster.

—Hay casos de medicamentos que antes venían 30 en un blíster y ahora vienen 10. Así que el usuario se ve obligado a pagar el triple... ¿Esto es culpa del prestador o del laboratorio?

—Todos de alguna forma somos humanos y la economía juega, pero hay que tomar decisiones desde un punto de vista sanitario y es lo que estamos haciendo.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, advirtió la existencia de ciertas "debilidades" en la construcción de "un buen sistema de información", lo que implica recabar y procesar datos de cada uno de los prestadores, al tiempo que manifestó que "este también será uno de los desafíos de este quinquenio".

"Hay que construir un buen sistema de información, que permita cruzar los datos y que termine en la evaluación y la generación de mejores condiciones para la calidad de atención", precisó Basso.

El ministro manifestó que en lo que tiene que ver con recabar información, Uruguay "tiene debilidades no solo en las áreas esenciales del Ministerio", como ser "la cuestión epidemiológica, de los productos y de los medicamentos", sino también en una serie de datos que él considera claves para mejorar la atención, como ser "las instalaciones, los equipos, el personal y si los tiempos de espera se cumplen" en cada institución.

Por otro lado, el jerarca dijo que durante los próximos años se pondrá especial atención en que cada usuario tenga un médico tratante, porque esto servirá para "reducir los tiempos de espera".

"Los tiempos de espera tienen que ver con la calidad de atención y es algo para trabajar. También es necesario que luego que un paciente espere y al fin se atienda se le dé una solución y que no se generen consultas innecesarias o mecanismos que llevan a mayores costos al usuario", precisó.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) perdió 90 millones de pesos en juicios durante 2014 por medicamentos que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) se niega a dar a los usuarios. Así lo dijo ayer a El País el titular de la cartera, Jorge Basso.

En este sentido, el ministro advirtió que la "judicialización de la medicina" implicaba un problema, y advirtió que se llevarán adelante jornadas de trabajo entre jueces y miembros de la secretaría para unificar criterios entre las partes, algo que ya se venía llevando a cabo en la anterior administración de Susana Muñiz.

"El tema de la judicialización de la medicina es un tema prioritario. Y es un tema muy complejo porque muchos de los medicamentos que se reclaman están en etapa de estudio y es por eso que no se incorporan a la lista de los que da el FNR", explicó Basso.

El ministro advirtió que genera "preocupación" en la cartera que cada vez se pierda más plata por esta razón, y que "la judicialización de la medicina no es un mecanismo adecuado".

Basso manifestó que, "respetando la autonomía de poderes y entendiendo que la Justicia tiene el derecho de fallar como quiera, parece razonable llevar a cabo instancias de explicación", para "generar una cultura" y explicar que hay medicamentos que están en etapa de prueba y que, según él, por eso el MSP y el FNR no los incluyen en sus prestaciones.

Hay un medicamento puntual contra el cáncer de colon, el Cetuximab, por el cual son la mayoría de los juicios que reciben el MSP y el FNR. Basso explicó que ha pedido información sobre este fármaco, para evaluarlo y tomar una decisión.

Por otro lado, Basso advirtió que el proyecto presentado por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que propone, como ha dicho su presidente Julio Trostchansky, la "desaparición" del FNR y la generación de una agencia independiente que no dependa de la cartera, no se llevará a cabo. "No tenemos intenciones de generar modificaciones. Estamos hablando de una institución muy importante que ha acumulado muchas experiencias positivas", advirtió el ministro.

El jerarca advirtió sí estar de acuerdo con una propuesta del SMU que busca la generación de centros especializados para patologías de baja prevalencia, con el objetivo de que no se dupliquen los esfuerzos de los prestadores.

"Hay aproximadamente 100 convenios en el país entre prestadores que apuntan a resolver mecanismos en los cuales varias instituciones acuerdan trabajar usando los mismos equipos y las mismas instalaciones. A nosotros nos parece bien interesante trabajar en lograr este tipo de complementaciones. En Toledo, en el Sauce, hay estructuras, del tipo de policlínica, que en un solo local todas las instituciones atienden. Por otro lado nos parece importante racionalizar la incorporación tecnológica, porque eso tiene muchos aspectos a tener en cuenta, entre ellos tener la dotación de recursos humanos suficientes para su manejo, no es un tema de que falten recursos humanos, el asunto es preguntarse, ¿todas las instituciones tienen que tener todo?", manifestó.

Jorge Basso