En dos años y medio suman 83 las víctimas, la mayoría niñas; 86 fueron los procesados.

Los últimos casos de violaciones intrafamiliares en el departamento de Rivera han despertado la atención y el asombro a raíz de los aberrantes detalles que se revelaron en cada uno de los hechos.

Hasta la fecha, desde comienzos de año, se han registrado siete casos en la Justicia de hombres que violaron a sus familiares o que manoseaban a niños y niñas de entre 6 y 17 años.

Los últimos cuatro episodios fueron denunciados en menos de un mes. Entre todos estos casos, hubo 12 menores de edad sometidos a abusos por algún familiar y 13 procesamientos, según datos estadísticos del Departamento de Trata y Tráfico de Personas en Rivera.

Especialistas consultados por El País no creen que el fenómeno que ocurre en Rivera presente características diferentes o un patrón distinto al de otras regiones de Uruguay.

Entienden que la notoriedad pública que han tenido los recientes episodios y los fallos judiciales hacen que los ciudadanos, conocedores de casos de abusos infantiles, se atreven a denunciarlos con menos temor.

La asistente social Andrea Tuana, directora de la ONG "El Paso", una organización no gubernamental que se enfoca en la defensa de los derechos de niños, adolescentes y mujeres afectados por la violencia y el abuso sexual, dijo que no existe "una condición territorial que pueda hacer que estos casos aparezcan en Rivera por alguna razón específica".

Agregó que "lo que juega mucho en este lugar es el trabajo de las instituciones; cuando las personas sienten que las instituciones responden, que las instituciones respaldan y hacen las investigaciones en forma correcta, es cuando se animan más a denunciar".

Tuana aseguró que "no es que existan más casos, sino que siempre hubo y seguirá habiendo. La diferencia es que en Rivera están teniendo repercusión publica y la gente denuncia cada vez más situaciones de abuso sexual y de violencia doméstica. Sí puede pasar que en lugares que están muy aislados los casos queden tapados y no se lleguen a conocer".

Por su parte, el psicólogo Robert Parrado explicó que "es un tema coyuntural. Esto ha pasado en otras oportunidades y el efecto público de los casos hace que las personas que están viviendo esa problemática reconozcan que esas conductas están mal, encontrando así la fuerza interior como para denunciarlos".

Parrado también expresó que "en su entorno las víctimas se sienten más seguras al ver que existe una respuesta de parte de la Justicia o de las instituciones, por eso se animan a hacer la denuncia".

Un profesional de la salud del departamento de Rivera, que prefirió no ser identificado, pero que ha tenido experiencias en casos de este tipo, relató que "la mayoría no se denuncia porque existe una relación de dependencia entre el abusador y el abusado".

Asimismo, dijo que "te niegan que están siendo abusados, o cuando te lo dicen lo hacen de una manera muy precavida, nunca te lo dicen directamente, y cuando detectás una señal y le sugerís hacer la denuncia, empiezan con las vueltas para que no la hagas; los propios familiares encubren estas situaciones por miedo".

Las tentativas de explicación del fenómeno chocan con una realidad: en Uruguay no existen trabajos de campo que permitan conocer los datos de la realidad del abuso infantil.

El Informe Global de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ECPAT International), articulado por agencias europeas especializadas, destaca que los temas relacionados con esa problemática están "poco documentados" en Uruguay.

"Condiciones de pobreza, permisividad social, violencia intrafamiliar, violencia sexual, deserción escolar, maltrato y trabajo infantil" son principales factores causales, y sostiene que "lamentablemente, no hay registro formal del gobierno sobre esta población en particular".

Los números de Rivera asustan. Desde que se creó en 2013 el Departamento de Trata y Tráfico de Personas, a cargo de Óscar Borba, se han realizado decenas de procedimientos y se elaboraron estadísticas precisas que dan cuenta del fenómeno.

Desde el año 2014 a la fecha, se han reportado 83 víctimas de abuso sexual a niños y adolescentes, prostitución infantil o explotación sexual.

En 2014 se registraron 24 víctimas, en 2015 fueron 39 y en lo que va del año la cifra llega a 20. Del total de menores sometidos a abusos, 68 eran niñas y 15 niños. Por los procedimientos llevados a cabo y las pruebas que fueron recabadas en todas las situaciones, la Justicia de Rivera pudo llevar a cabo 86 procesamientos.

Borba aseguró a El País que "al principio hubo que salir a buscar información para identificar casos de abuso sexual, después la información empezó a surgir de distintas fuentes, ya sea por denuncias anónimas o información confidencial".

El director del departamento dijo que "hay que revestirse de una coraza muy especial para avanzar en los casos, no perdiendo de vista que por un lado tenemos una víctima, que al dilucidarse el episodio va a vivir mejor, mientras que el infractor es también un ser humano, que cometió un error, por el cual será sancionado si la Justicia entiende que hay pruebas sólidas".

Uno de los casos que tuvo mayor repercusión en las últimas semanas, fue el de un hombre de 56 años que violaba a su hija desde los 6 años de edad, y la dejó embarazada dos veces: a los 13 y a los 15 años. Uno de los bebés murió a los dos meses de nacer, por malformaciones genéticas.

El esclarecimiento del hecho se dio gracias a una denuncia anónima. El hombre, de iniciales J.C.G.L, fue procesado con prisión el viernes 1° de julio por reiterados delitos de violación, incesto y violencia privada. Dos días después, se suicidó ahorcándose en su celda.

La madre también fue procesada por "omisión a los deberes inherentes a la patria potestad", aunque se le impuso medidas sustitutivas.

El caso había llegado a la Justicia en 2009, pero el padre que violaba a su hija fue sobreseído ya que el delito de incesto, según la legislación uruguaya, se configura siempre y cuando exista "escándalo público", lo que no se produjo entonces. Además, la víctima, en aquel momento, no refrendó la denuncia.

"Otra cosa es la explotación sexual, ahí si tiene bastante que ver el lugar geográfico en el que se encuentran las personas.

Si bien ocurre en todo el país, hay determinadas zonas donde, por las características, se percibe un aumento, como en los lugares de frontera que son tránsito permanente de personas y turistas".

"Al comienzo de cada caso, además de las reuniones de trabajo y coordinación dentro de la Jefatura de Policía con nuestros superiores, la tarea se desarrolla en estrecha relación con el juez y el fiscal de cada causa, que son quienes definen el rumbo de la investigación que tendrá que ser llevada a cabo".

"Es uno de los delitos que tiene mayor sanción social, al punto que en las cárceles es mucho más grave violar a una mujer o niño que un homicidio. En la

interna de los reclusos tiene una impronta muy negativa haber entrado a los centros carcelarios por ser abusador, eso se castiga entre los internos".

NOTORIEDAD PÚBLICA ALIENTA A DENUNCIAR CASOSDIEGO PÍRIZ / FREDDY FERNÁNDEZ