La representación empresarial propuso sanciones a médicos.

Los empresarios que detectan abusos en las certificaciones médicas pueden denunciarlo a una dirección de correo electrónico que el BPS habilitó a esos efectos, dijo a El País Javier Verdino, director suplente de Elvira Domínguez en el BPS en representación de los empresarios.

Si bien se propuso en el directorio del BPS aplicar sanciones a los médicos que otorgan esas certificaciones y a los trabajadores, en caso de que una junta profesional constate que se concedió una licencia que no correspondía, aún no ha sido aprobado, dijo Verdino.

En mayo cuando el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció el paquete de medidas para reducir el déficit fiscal reveló que se apuntaría al BPS por considerar que las finanzas se han comenzado a "descontrolar" con el fuerte incremento del pago de algunas prestaciones como los seguros por enfermedad.

El gobierno creó entonces un grupo de trabajo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el BPS, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía a efectos de detectar dónde se ha producido un desequilibrio y adecuar estas prestaciones, "especialmente en materia de seguros por enfermedad donde se han detectado excesos".

Las enfermedades de los trabajadores uruguayos del sector privado le representaron en 2015 US$ 203,5 millones al BPS.

A partir del cuarto día de certificación médica el BPS paga el 70% del salario del trabajador con un tope de cinco Bases de Prestaciones y Contribución, unos $ 16.700, además de la cuotaparte del aguinaldo correspondiente proporcional al período de licencia certificado. Los datos sobre los pagos por prestaciones médicas no contemplan al sector público, cuyas certificaciones las pagan los organismos con su presupuesto. El problema, además de la abultada cifra, es que esto representó 2% más de lo presupuestado, y un 36,5% más que lo que se abonó el año anterior.

En 2014 el organismo había pagado US$ 149 millones por subsidios de enfermedad y complemento de accidentes de trabajo a 441.736 trabajadores. Esto fue un 20% más de lo que se había desembolsado en 2013, US$ 123,5 millones, para 429.572 beneficiarios.

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