Ratificaron acuerdo y relegaron ley de suspensión de ejecuciones

Con la convicción de que se trata de "la solución posible que el Estado uruguayo puede ofrecer" a los perjudicados, la Cámara de Representantes laudó poco después de la medianoche el problema del endeudamiento en dólares, respaldando en forma explícita las medidas administrativas impulsadas por el gobierno y, a la vez, dejando definitivamente a un lado un planteo de la izquierda para aprobar una suspensión de ejecuciones por ley. De hecho, las medidas del gobierno incluyen una suspensión de las acciones legales hasta el 15 de julio. El Partido Colorado en bloque, los sectores nacionalistas Herrerismo, Correntada Wilsonista, Desafío Nacional y Línea Nacional, y el Partido Independiente, reunieron los 50 votos con que una declaración de apoyo al gobierno fue aprobada.

La decisión del Parlamento establece medidas de control a cargo del Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio, comisionada para vigilar el estricto cumplimiento de los compromisos asumidos por las instituciones de intermediación financiera, ámbito en el cual se determinó que los deudores podrán plantear sus eventuales dificultades con el mecanismo.

Cerca de la medianoche, tras una intervención de la diputada Silvana Charlone (EP-FA) los asistentes a la barra comenzaron a gritar, hubo desórdenes y cantaron el Himno Nacional, lo que motivó su desalojo.

Luego del incidente, el diputado blanco Alvaro Alonso recusó el hecho al que calificó de "bochornoso" y "vergonzante" para el Parlamento, acusando a Charlone de "hablar y gritar como si fuese un acto político". También calificó su actitud como "indigna de una legisladora". Con la tensión al máximo, Alonso se levantó y en medio del hemiciclo se arremolinaron varios legisladores de todos los partidos que discutieron a viva voz por la actitud de Charlone, hasta que los ánimos se calmaron.

La iniciativa del Encuentro Progresista-Frente Amplio para suspender las ejecuciones por vía legal quedó por el camino al lograr 46 votos, que fueron aportados por el EP-FA, el Nuevo Espacio y los legisladores blancos de Alianza Nacional y la diputada nacionalista independiente Alejandra Rivero.

"Es una buena solución, aunque no digo (que sea) la mejor", subrayó el representante de Correntada Wilsonista Raúl Argenzio. Dijo estar conforme porque el ministro Atchugarry incluyó en las medidas algunas propuestas del sector.

SECRETO BANCARIO. El EP-FA planteó durante el debate la necesidad de excluir específicamente a los legisladores de la suspensión de las ejecuciones. También, la izquierda propuso el levantamiento del secreto bancario con carácter retroactivo al 1º de enero de 2002 para los depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes, cajas de ahorro y deudas de los funcionarios públicos que ocupen cargos electivos, de particular confianza, directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, gerentes de entidades financieras y de Entes y Servicios.

Durante la mayor parte del debate, la bancada del sector frenteamplista Asamblea Uruguay (AU), que conduce el senador Danilo Astori, no estuvo en sala. A fines de mayo, Astori publicó una columna de opinión en el suplemento "Economía y Mercados" de El País en la cual manifestó su absoluta oposición a una suspensión de ejecuciones por ley.

En nombre del sector de Astori, el diputado Jorge Orrico anunció que votarían la suspensión por ley por "disciplina partidaria" y reveló que el sector trató "por todos los medios" que el Frente tomara "una decisión distinta".

La Cámara de Representantes se comprometió anoche a asumir el papel de garante del efectivo cumplimiento de los compromisos contraídos por el Poder Ejecutivo y por las instituciones de intermediación financiera.

El diputado de la Lista 15 José Amorín sostuvo que "una suspensión de ejecuciones" como lo plantea el EP-FA "no da soluciones". El coordinador de la 15, Jorge Barrera, dijo que con la salida acordada se refuerza la estabilidad y se apuesta a la inversión y a la generación del empleo.

A continuación, el diputado Martín Ponce De León (EP-FA) al comentar las medidas propuestas por el gobierno, dijo que falta una "válvula de seguridad" para los deudores que no pueden cumplir con el pago de la cuota.

El nacionalista Luis Leglise, en nombre del Herrerismo, dijo que la propuesta "colma las aspiraciones" del sector. El representante del Partido Independiente (PI) Iván Posada, afirmó que las medidas son "el mejor instrumento posible" para solucionar el problema.

ESCARAMUZAS. Sobre las 18 horas, la intervención de la diputada Charlone causó que la barra estallara en aplausos, motivando una advertencia del presidente del cuerpo, el herrerista Jorge Chapper.

El representante de Línea Nacional, Arturo Heber, anunció que acompañaría el acuerdo del gobierno, como la mayoría del Partido Nacional, y no apoyaría la suspensión de ejecuciones por ley. "Es mucho más práctico el acuerdo. Además hay garantías", dijo, a pesar de que reconoció que las medidas "tienen lagunas y son perfectibles".

El forista Walter Vener agregó un elemento de confrontación al debate al marcarle a la bancada de izquierda, tras una intervención del frenteamplista Carlos Pita, que Astori consideró que la ley era la peor solución. A continuación, en alusión al contenido de la intervención de Pita, Vener pidió "echar desodorante de ambiente porque es insoportable el olor a demagogia". Recibió innumerables pedidos de respuesta, pero, sin conceder a nadie esa posibilidad, se fue de sala.

El frenteamplista Doreen Ibarra reclamó "respeto" al tratar el tema y Pita pidió a Chapper que observara a Vener por sus dichos.

La propuesta ministerial sobre la operativa con bonos para pagar las deudas tuvo unas pequeñas correcciones con relación al documento original. En resumen, quedó establecido que para préstamos del Banco República con saldo de hasta U$S 50.000 es aplicable "exclusivamente" por parte de la entidad bancaria estatal; el pago se podrá gestionar 15% en efectivo y el saldo en bonos soberanos; en tanto se aclara que "sólo se aceptarán nuevos bonos" en los términos que admita la reglamentación del Banco República. Ese banco también aceptará como pago sus depósitos reprogramados.

En tanto, para préstamos con saldo de hasta U$S 100.000 en Nuevo Banco Comercial y Fondos de Recuperación, se establece que es aplicable para el NBC y los Fondos de Recuperación del Comercial, Caja Obrera y Banco Montevideo. "El bono (sólo nuevos bonos) es recibido como depósito en garantía para cancelar el principal en forma diferida", reza la resolución. La operativa puede ser por montos parciales de la deuda.

El Banco República, para créditos mayores de U$S 50.000 y hasta U$S 100.000 también acepta la operativa de depósito en garantía para cancelación diferida. En cuanto al fondo de recuperación del Banco de Crédito, el anexo indica que se pueden cancelar obligaciones con nuevos bonos (preferentemente con vencimiento no mayor a 2011) según los términos del convenio ofrecido por el Banco Central.

El ministro Atchugarry envió a media tarde al Parlamento una nota dando cuenta del acuerdo alcanzado con los bancos e instituciones financieras. Lo hizo por escrito y adjuntando fotocopia de las notas presentadas por las diferentes entidades financieras, contemplando así un requerimiento del Partido Nacional.

En la nota enviada por el ministro, a la que accedió El País, se informa que han adherido en forma escrita al procedimiento las instituciones de intermediación financiera ACAC, Discount Bank (LA), HSBC Bank (Uruguay), Sudameris, Lloyds TSB, Cofac, American Express, Santander, Surinvest, ABN AMRO, Banco de la Nación, Nuevo Banco Comercial, BBVA, Citibank, Bankboston NA y el Banco de la República.

Atchugarry informó también que las administradoras de crédito OCA, Diners y Creditel "manifestaron su adhesión directamente". En otros casos, como Visa, Cabal y Mastercard, explicó que quienes otorgan el financiamiento son las instituciones bancarias mencionadas como adherentes al procedimiento. Las cajas Notarial, de Profesionales Universitarios y los Círculos de Ahorro enviaron notas de participación del procedimiento, respetando sus particularidades y los términos, añadió.

Indicó que el BROU, además, dio su conformidad a la operativa con bonos soberanos. En el caso de los fondos de recuperación de activos se señala la operativa aplicable.

Atchugarry anunció que el Poder Ejecutivo enviará la iniciativa correspondiente a las exoneraciones de IVA (tasa básica de 23%) a los intereses en los términos previstos en el procedimiento.

El ministro mostró entonces su confianza en que "la utilización de instrumentos basados en la cooperación fortalecerá el ahorro público y las posibilidades de financiamiento indispensable para el crecimiento y la generación de oportunidades de empleo".