Procesados por los incidentes en el desalojo del Codicen

Radicales eligen una escuela y policlínica para cumplir la pena

Los procesados por los hechos de violencia durante el desalojo de las oficinas del Consejo Directivo Central (Codicen), el pasado martes 22 de septiembre, comenzarán hoy a cumplir la pena sustitutiva de tareas comunitarias que fue impuesta por la jueza Ana de Salterain.

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Concentración del Suatt frente al juzgado por caso Codicen. Foto: Darwin Borelli

Según confirmaron a El País desde la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), "la gran mayoría de los nueve procesados ya tienen sus tareas asignadas".

Marcelo Hospitale, el universitario que en principio dijo que no cumpliría la pena impuesta por la Justicia y que si era necesario iría preso, finalmente trabajará en una escuela de niños no videntes con problemas motrices, según él mismo informó en la red social Facebook.

Ayer por la tarde, Hospitale recibió todas las indicaciones y las tareas que deberá cumplir hasta que se alcance las 200 horas de trabajos comunitarios, a las que fue condenado. En tanto, Jorge Oliva, otros de los procesados que fue entrevistado por El País, aseguró que trabajará en una policlínica "haciendo tareas de mantenimiento".

El hombre de procedencia cubana señaló que tendrá que asistir al lugar que le asignó la OSLA "hasta enero".

El dirigente del sindicato del taxi (Suatt), Carlos Silva, otro de los procesados por la justicia, dijo a El País que aún no se presentó ante las autoridades pero que "seguramente lo haga hoy".

Derechos humanos.

Juan Faroppa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, volvió a aclarar ayer cuál fue su desempeño durante los momentos previos al desalojo de las oficinas del Codicen.

Faroppa, que estuvo presente en parte del procedimiento de desalojo que llevó adelante la policía, dio a conocer ayer una carta pública en la que explica que su participación en los hechos "ha sido objeto de versiones y comentarios falaces, malintencionados y erróneos".

El jerarca también aseguró que acudió al lugar por un pedido que hizo el Ministerio del Interior y el Codicen.

Luego de esta petición, Faroppa indicó que "la INDDHH no podía eludir sus responsabilidades. En ese momento, mediante el grupo de Whatsapp Institucional, mantengo informado al resto de los directores sobre las acciones que iba asumiendo; la situación en el lugar y el desarrollo de los hechos".

En las últimas horas, discusiones internas en la INDDHH han dejado al descubierto que no todos los integrantes estuvieron conformes con las actuaciones de Faroppa.

Según supo El País, el cuestionamiento principal de sus colegas fue "porque no estuvo desde un principio en la sede del Codicen mientras los estudiantes eran desalojados".

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