Choque del Poder Judicial con la Intendencia y el Ministerio de Vivienda.

Tres camiones de la Intendencia y otros tantos privados hicieron ayer la mudanza de las 48 familias de "La Quinta", un asentamiento irregular levantado en un predio particular.

Ahora fueron instaladas en un terreno cedido por la comuna, situado en la calle Rodolfo Almeda Pintos, en el barrio Casavalle. Una pala retroexcavadora municipal limpió el campo y la propia comuna arrendó baños químicos y contenedores adaptados para vivienda.

Desde hace 15 meses, un grupo de 22 familias uruguayas y 26 dominicanas se instalaron en el predio contiguo a una industria. El propietario accionó el desalojo y los ocupantes ofrecieron comprar la tierra pero no hubo acuerdo posible.

La orden de la juez Ana De Salterain fue contundente: a la hora 8:00 del jueves debía comenzar el desalojo. Ya había aceptado tres prórrogas y no había espacio para mucho más.

Desde la Intendencia, la Junta Departamental y el Ministerio de Vivienda intentaron postergar la decisión. Pero no pudieron. De apuro organizaron un realojo "relámpago" y para ello dispusieron de todos los implementos municipales.

En agosto pasado la comuna había desalojado a un grupo de familias que estaban ocupando un predio municipal en el Parque Guaraní. En ese caso el argumento fue que la medida debía ser tomada de inmediato porque que se trataba de una zona inundable.

Sin embargo, en el caso de "La Quinta", una zona muy cercana al Parque Guaraní, el criterio de la comuna varió, solicitando postergar el desalojo.

La juez De Salterain respondió que "ahora, cuando ya el predio público cuya desocupación la Intendencia obtuvo sin ningún miramiento de los valores de vida, ni salud de los ocupantes del mismo, pretende que el predio privado no sea desalojado, solicitando prórrogas e incluso exigiendo a los ocupantes que se constituyan como cooperativa y una serie de cuestiones formales administrativas. Conducta que colide groseramente con los derechos a la dignidad humana y a la vida a que aluden en su libelo para impedir el desalojo del predio privado".

La presidente de la Comisión de Asentamientos de la Junta, Graciela Villar, defendió a los ocupantes. "Son un núcleo de familias de trabajadores, no son recicladores ni malvivientes, y aspiraban a comprar el terreno que estaban ocupando. La Junta hizo gestiones ante el dueño del terreno y éste se negó;mientras tanto siguió el proceso judicial. Les propusimos que se formaran como cooperativa para poder acceder a la cartera de tierras de la Intendencia. Frente a la negativa de la señora jueza, aún teniendo el aval del dueño del terreno para hacer una prórroga que permitiera hacer una solución habitacional más racional, se precipitó un desalojo que se podría haber hecho en otras condiciones. Una cosa es la aplicación de la ley y otra el concepto de justicia", señaló la legisladora.

Cecilia Cairo, coordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda dirigió el operativo de realojo. "No tenemos tiempo para otra cosa, le habíamos pedido un plazo a la jueza para hacer una casa más o menos y no hizo lugar a la solicitud. Estamos cumpliendo", dijo Cairo.

Cada núcleo familiar recibirá un predio de 200 metros cuadrados, según explicó a El País el presidente del Centro Emergencias Departamentales de Montevideo, Jorge Cuello. El predio está muy cerca del arroyo Pantanoso; en su orilla se puede ver a varios automóviles incendiados, hay caballos pastando y sobre un costado del terreno se están construyendo dos complejos de viviendas por el sistema cooperativo.

En el otro extremo se ve un asentamiento que tiene menos de dos meses de formación. Frente a la entrada del nuevo barrio hay vecinos de toda la vida. Una pareja llegó a su casa y se encontró con que el terreno se estaba poblando en presencia de funcionarios de la Intendencia. El hombre fue derecho a Cairo, justo en el momento en que la funcionaria se retiraba. "Soy un trabajador, yo pago mis impuestos, estos no pagan nada. No me pueden hacer un cantegril en la puerta de mi casa", dijo el obrero que lucía su uniforme.

Ya montada en el vehículo, Cairo le respondió: "te aseguro que son trabajadores". Y se fue.

En "La Quinta" convivían familias de distintos orígenes y nacionalidades. Por el barrio pasaron figuras de distinto tipo. Desde las familias dominicanas, que viven su desarraigo con ciertas dificultades, hasta estudiantes de diversas facultades que han conformado la "Brigada Artigas". Eulogio Mora, presidente de la Comisión del Barrio, y directivo de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus), señaló que "son estudiantes que se capacitan en los barrios pobres y después se reciben con eso". El grupo llegó un día a plantearle a los vecinos encadenarse frente al Poder Judicial. "Son muy rebeldes, están contra el gobierno, nosotros no estamos en ésa, somos pacíficos, volcamos propuestas", dijo.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mantendrá a los vecinos dentro de su sistema de cobertura con los distintos planes de ayuda, según señaló Camilo Alvarez, responsable territorial del área en que fueron desalojados los vecinos de "La Quinta". Por consejo de los asistentes sociales, los niños pasaron a vivir en casa de familiares mientras se produce el realojo. Para los dominicanos el problema es más grave debido a que no tienen muchos familiares a los que recurrir, según explicaron.

Los adultos resolvieron quedarse en el nuevo terreno. Los varones dormirían al aire libre y las mujeres en los contenedores, confirmó el presidente de la Comisión del Barrio, Eulogio Mora. Pretenden custodiar sus bienes y comenzar en la mañana de hoy a construir las primeras estructuras para que la noche siguiente no los agarre tan desamparados.

El sistema de construcción que se utilizará implica que todos los vecinos trabajen en un rancho por vez. Una vez finalizado el trabajo van al otro y así hasta terminar la tarea, dijo el directivo.

"No me den una casa, me quedo con ese contenedor", bromeaba ayer una de las dominicanas que fueron realojadas en el barrio Casavalle. La mujer tiene cuatro meses de embarazo y hace tres semanas que no puede trabajar. Ya no le quedan recursos ni para comprarse comida.

La Intendencia arrendó dos contenedores, similares a los que se usaron tras el tornado de Dolores, que anoche fueron instalados en el predio. Su ingreso al barrio tuvo algunas dificultades por la altura de los cables de electricidad. Personal municipal se ocupó de levantarlos para que pasaran los camiones.

Además, se colocó una docena de baños químicos.

El Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente anunció que entregará una "canasta de materiales" a cada una de las familias realojadas.

Se estima que en los próximos meses se forme una cooperativa de vivienda y se comience a construir con normalidad. Mientras tanto, los vecinos vivirán en condiciones precarias. Ayer se decía que los contenedores eran para guardar los muebles y electrodomésticos.

Yandira Aquino, secretaria de la Comisión del Barrio "La Quinta" subrayó que para alcanzar una solución se realizaron decenas de trámites que incluyeron la contratación de un abogado y la negociación con la Intendencia y la Junta Departamental.

Se mostró conforme con la solución alcanzada y subrayó que después de 15 meses consiguieron un lugar donde "nadie nos puede sacar".

La mujer recuerda que se fue a vivir al barrio por necesidad y consejo de familiares. "Este terreno nunca estuvo cercado. Yo llegué al barrio por mi hermana, ella por una amiga y así todos", narró.

Los materiales utilizados para construir "La Quinta" son dispares. Yandira y su pareja optaron por hacer su casa con materiales precarios. "Elegimos una esquina y usamos materiales que podíamos quitar de ser necesario", explicó. Sin embargo, otros vecinos se jugaron a construir con bloques y mezcla. Uno de ellos, un soldado, invirtió en hacer una casa grande y sólida con dineros que cobró en una misión en el Congo. Perdió todo.

PABLO MELGAR

ASENTAMIENTO IRREGULARPABLO MELGAR