Comisión Fiscal renunció

Se quiebra la interna de los judiciales por las finanzas

Pagos de jornales sin justificar ni aportes al BPS, abultados viáticos sin autorizar, compras sin factura. Estas son algunas de las irregularidades que llevaron a la Comisión Fiscal de la Asociación de Funcionarios Judiciales a renunciar en pleno.

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Balance. El Consejo Directivo convocó a elecciones anticipadas

A la renuncia de la Comisión Fiscal se suma la de la Comisión de Fondo de Solidaridad y el llamado anticipado a elecciones del Consejo Ejecutivo.

El informe que hizo estallar la interna del gremio da cuenta de una serie de "desprolijidades" que se repiten en las afectadas arcas del sindicato.

En el informe se cuestiona, por ejemplo, una participación en el Foro Social Mundial en Puerto Alegre que no fue autorizada por la directiva e implicó "unos gastos importantes", según dijo una fuente del gremio a El País. Según el informe, la autorización de estos viáticos fue regularizada después de la participación en el foro.

El documento también detalla pagos de jornales realizados con recibos comunes sin siquiera fecha por trabajos realizados en la Colonia de Bello Horizonte, el local sindical y el hogar estudiantil.

Por estos jornales no se realizaron los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social, según el informe. Una fuente del sindicato dijo a El País que el dinero de los aportes fue destinado a la compra de aires acondicionados, gasto ni siquiera previsto en un primer momento y que generó rispideces entre los funcionarios judiciales.

El informe de la Comisión Fiscal advierte también sobre la compra de mesas y sillas por un monto de $ 34.000 sin autorización del Consejo Ejecutivo y para el que se utilizó como único comprobante una hoja de cuaderno "escrita a mano sin ningún otro distintivo".

Finalmente, se habla de "algunos comprobantes de bajo monto por distintos gastos sin especificar a quien corresponden ni el monto del gasto".

"Son desprolijidades. No hablamos de dolo. Pero se trata de desoír una resolución del Consejo, no es una falta menor", dijo la fuente. "Hay mucha desconfianza en todo lo que tiene que ver con el dinero", agregó.

Negativa.

Este informe fue rechazado por el Consejo Ejecutivo, por lo que la Comisión Fiscal renunció en pleno.

La directiva del sindicato mantuvo durante todo el día jueves una reunión, en la que se decidió realizar elecciones anticipadas, inicialmente previstas para el mes de agosto.

Esta medida fue cuestionada por varios funcionarios en las redes sociales, quienes exigen que el Consejo Ejecutivo se mantenga en acción hasta que se hagan públicos los resultados de la auditoría.

En un comunicado, la Comisión Directiva aseguró que "si bien existen desprolijidades puestas de manifiesto por la Comisión Fiscal (...) según lo expresado fueron subsanadas".

"No hay malversación de fondos. La Comisión Fiscal constató que no hay faltante de dinero", dijo a El País Gustavo Signorele, integrante del Secretariado Ejecutivo del sindicato de los judiciales.

"Todo esto tiene que ver con cuestionamientos políticos", agregó molesto.

Las rispideces en la interna del sindicato llegan en el momento cúlmine del conflicto que enfrenta el gremio con el Estado. La Asociación debe definir en estos días si efectivamente apela el fallo de la Justicia que le otorgó 26% de aumento. Los trabajadores piden mayor retroactividad.

CONFLICTOS GREMIALES

PIT-CNT. El Ministerio de Vivienda intervino el Instituto de Asistencia Técnica Cet-Pvs, gestor de las cooperativas que integran el Plan de Vivienda Sindical. El Plan se vio envuelto en un escándalo cuando se presentaron tres denuncias de privados contra intermediarios que, dijeron, les pidieron “donaciones” para negociar.

Salud Pública. La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió hacer una auditoría interna de sus estados contables. Su primer informe dio cuenta de pérdidas por $ 10 millones en una colonia de vacaciones y un sinfín de irregularidades con boletas.

Registro Civil. La Asociación de Funcionarios del Registro Civil (Afureci) presentó en agosto una denuncia penal contra la expresidenta del gremio, a quien acusan por el robo de $ 284.000 de la cuenta bancaria del sindicato.

Automóvil Club. El sindicato del Automóvil Club denunció en 2013 en el Parlamento que la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, gremio madre, dio “un golpe de Estado” al no aceptar los resultados de su elección interna y promover una nueva instancia electoral.

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