LA ENTREVISTA DEL DOMINGO

Carlos Negro, fiscal de Flagrancia y ex Crimen Organizado.

EDUARDO BARRENECHE

Se ocupó de dos casos sonados antes de abandonar su cargo especializado hace un mes: la solicitud de extradición del argentino Leandro Santos acusado de ser el cabecilla de una organización dedicada a la prostitución VIP en el verano de Punta del Este, y el procesamiento por lavado de activos del dueño del Cambio Nelson, Francisco Sanabria. Con respecto a las amenazas recibidas por jueces y fiscales, opinó que “hay que tomarlas en serio”.

—¿La Justicia Especializada en Crimen Organizado tiene armas para investigar mafias que operan en el país?

—La Justicia especializada siempre corre detrás de las organizaciones criminales. Estas bandas cuentan con recursos que son casi infinitos. El Estado y la Justicia cuentan con recursos limitados. La plata fácil y el mucho dinero que genera el narcotráfico lo distancia en cuanto a medios del sistema judicial. Igualmente los operadores judiciales hacen una tarea cotidiana muy importante en los juzgados. El personal policial tiene alta capacitación en materia de investigación y de procesamiento de información sobre criminalidad. Las agencias especializadas como la Secretaría Antilavado y dependencias del Banco Central del Uruguay (la UIAF), también se han actualizado y utilizan muchas herramientas para el combate de la delincuencia organizada que antes era imposible de concebir.

—¿Las tácticas del crimen organizado mutan en forma continua?

—La Justicia detecta una forma de criminalidad y la organización ya está buscando otra forma de evadir porque ya sabe que los servicios de seguridad la constaron. Eso ocurre.

—¿El uso del sistema El Guardián marca un antes y un después en la investigación policial en el país?

—El Guardián es una herramienta muy importante para agilizar el sistema de interceptación de llamadas y el combate de las organizaciones criminales a través de la comunicación entre ellas. Este es un claro ejemplo de lo que hay detrás de la tecnología, porque hoy las redes sociales están sustituyendo a las comunicaciones telefónicas. Y hoy comunicarse no solamente pasa por el teléfono. Hay otras formas de comunicación que evaden los sistemas de contralor del Estado. Eso ha ocasionado que se deba trabajar con nuevas herramientas para captar las comunicaciones de integrantes del crimen organizado.

—Usando tecnología, ¿mafias obstaculizaron alguna investigación?

—Hay formas de evadir. Pero uno no conoce los métodos.

—¿Pero se intuye que ello ocurrió?

—Se intuye. Se intuye que hubo comunicaciones entre las organizaciones criminales que no fueron captadas.

—¿Se neutralizó la investigación?

—Las organizaciones criminales tienen mil formas de intentar y de neutralizar una investigación. De ahí la importancia de que las fuerzas de seguridad estén lo más atentas posible para conjurar esa organización. A veces se logra y a veces no. Si eso se lograra siempre no habría crimen organizado.

—Mafiosos de varias nacionalidades fueron detenidos en el país. ¿Uruguay funciona como un refugio para ellos?

—Uruguay es un país atractivo para mucha gente para vivir. Dentro de esas personas que eligen a Uruguay como destino para residir por esa tranquilidad y buenos índices de desarrollo, hay integrantes de organizaciones criminales. Uruguay cuenta con balnearios con todos los servicios. Y Montevideo es una ciudad relativamente grande y segura en comparación con otros destinos de la región. Uruguay es un lugar tentador para delincuentes y para personas que no lo son. No creo que el país ofrezca otro incentivo a los delincuentes que no sea ese común al resto de las personas.

—¿La pequeñez de Uruguay permite detectarlos?

—Sí. Es algo a favor que tiene el país. No es lo mismo refugiarse en España que aglutina a 50 millones de habitantes o en Brasil, que cuenta con 200 millones de habitantes, que en Uruguay. En este país los controles son importantes. Los servicios de seguridad abastecen los requerimientos del Estado. Creo que sí hay una dificultad para aquellos delincuentes que deciden refugiarse en Uruguay. Pero se ve que algunos criminales pusieron ambas cosas en una balanza y optaron por venir. Pero no les ha ido muy bien.

—¿Cuál fue el caso que más le impactó cuando ocupó el cargo de fiscal especializado en Crimen Organizado?

—Quizás haya sido uno de los últimos casos importantes que me tocó resolver que fue el denominado prostitución VIP, con la orden de captura y extradición del ciudadano argentino Leandro Santos.

—¿Por qué?

—Por el dolor que implica en mucha gente este delito. Las víctimas de trata están en una condición de vulnerabilidad muy alta. Es un delito invisibilizado. Muchas veces eso no es percibido por las propias víctimas en condición de tales. Aquellas personas que tienen el poder en una organización de ese tipo permanecen con cierto grado de impunidad. Es un delito donde se rompe la cadena por el lado más fino. Como lo ha revelado nuestra carrera como operadores del Derecho, hay una selectividad del sistema penal. Por eso siempre hay que tratar de impedir que el sistema se quede con el eslabón más fino del entramado del delito e ir por los jefes de la organización. Nos dio mucha satisfacción resolver ese caso. El mismo tuvo un dictamen justo y ahora queda a decisión de las autoridades judiciales argentinas determinar la extradición y posteriormente, si es que esta se concede, las autoridades judiciales uruguayas deben dirimir el tema.

—¿Punta del Este es un lugar atractivo para la prostitución VIP en el verano?

—De eso sí hay evidencias. Los mundos del glamour, del dinero, de la moda, del veraneo y de la parte social de cualquier balneario, y por supuesto Punta del Este es un caldo de cultivo ideal para algunos delincuentes que encuentran un nicho de dinero muy importante en esos lugares. Ya sea de drogas, trata de personas o lavado de activos. Todas esas figuras son ideales en lugares donde circula mucho dinero, y en temporada es cuando hay una falta de control del dinero porque hay una población flotante muy importante.

—En el caso de la prostitución VIP los cabecillas quedaron impunes por años. ¿Hubo miedo en operadores que investigaron el caso?

—Yo tomé contacto con el expediente por un hecho inesperado: se pidió el levantamiento de captura a nivel nacional de Leandro Santos. No creo que en el sistema judicial uruguayo haya miedo. Tampoco creo en el peligro para los operadores judiciales en un país como Uruguay que tiene altos niveles de seguridad pública en el sentido más amplio de la seguridad pública. En el concierto latinoamericano, Uruguay alcanza importantes índices de alfabetización y de contención social. No estoy de acuerdo con que se pinte a Uruguay con extrema inseguridad. Los operadores judiciales no están expuestos de manera importante a las represalias. Eso lleva a que tengamos una vida normal como cualquier ciudadano.

—De todas maneras, hace diez días atrás el fiscal de Corte, Jorge Díaz, recibió una amenaza de muerte y hay diez jueces y fiscales con custodia.

—Las amenazas hay que tomarlas con la seriedad que corresponde. No estoy diciendo que hay que tomar las amenazas a la ligera. Hay que tomar recaudos más allá de las personas. Es por las propias instituciones.

—Entonces el panorama no está tan tranquilo para los operadores judiciales.

—Una cosa no lleva a la otra. Uruguay ofrece un determinado marco de trabajo para la Justicia que no ofrecen otros países de la región. No somos Noruega ni Suecia, pero no somos Honduras o El Salvador, países que tienen problemas más intensos de seguridad pública que Uruguay. Cuando las amenazas ocurren, hay que tomar los recaudos necesarios. Por supuesto que nos preocupa la amenaza que puede caer sobre uno o cualquier compañero. Para eso están los servicios de seguridad y es a ellos que tiene que preocupar el cumplimiento del trabajo que se les ha encomendado sabiendo que tienen que custodiar a gente expuesta a amenazas. Felizmente hasta el momento no se han concretado esas amenazas.

—¿Como fiscal especializado recibió alguna presión o amenaza?

—No.

—La Policía tiene problemas para combatir narcos. ¿Está de acuerdo con allanamientos nocturnos por drogas?

—La Constitución establece un rígido sistema de garantías que es infranqueable. Establecer allanamientos en horarios nocturnos sería ir en contra de la Constitución de la República.

—Pero la Constitución de la República se puede reformar.

—Eso es otro tema. En la medida que se reformara y se contara con las mayorías y con los mecanismos de reforma constitucional y lo avalara, no me corresponde a mí opinar.

—¿El nuevo Código del Proceso Penal mejorará la Justicia uruguaya?

—Sin lugar a dudas. Creo que la reforma procesal ya mejoró el funcionamiento de la Justicia.

—¿Por qué?

—Aumentó los estándares de garantías. Hoy asistimos a audiencias donde el defensor defiende, el fiscal acusa y el juez decide. Eso que parece tan sencillo en Uruguay no ocurría. Antes de la reforma, el juez investigaba, el fiscal dictaminaba para que el magistrado investigara y el defensor era un convidado de piedra en el proceso porque no tenía acceso a la investigación. El diferenciar los roles de los operadores judiciales y asistir a audiencias donde nadie sabe qué va a decidir el juez, es una novedad inédita en Uruguay. Antes del 1° de noviembre pasado, fiscal y juez investigaban en forma conjunta y, por tanto, ambos sabían qué iba a pasar al finalizar la investigación. Además, que los fiscales se encarguen de la investigación y la mayor compenetración con la Policía que habrá con el pasar del tiempo, será un éxito seguro a corto y a mediano plazo en la seguridad del país. Es poco serio hacer evaluaciones a tan poco de instaurado el nuevo sistema. Se pueden ver algunos aspectos en lo sustancial más que en la cantidad. No contamos con evidencias sobre resultados a 25 días de instaurado el nuevo código. Pero el cambio es apreciable e irreversible.

—Hace pocos días, una niña de 12 años fue abusada y luego asesinada. ¿Hay que crear un registro de violadores?

—Los fiscales tienen como labor liderar una investigación y llevarla a un juicio. Y obtener resultados en la Justicia. No nos corresponde a los fiscales opinar o elaborar políticas de seguridad pública. En esos temas no incursiono. Son temas demasiado complejos donde inciden seguramente condiciones culturales. El otro día el fiscal de Corte (Jorge Díaz) hablaba de una sociedad patriarcal y las consecuencias que tiene el patriarcado en este tipo de crímenes. Eso es innegable y es un hecho a destacar. A eso se suma determinadas condiciones de tipo patológicas, de perversiones sexuales que sumadas o coordinadas, tienen como consecuencia la aparición de este tipo de individuos: asesinos pedófilos. Lamentablemente todo indica que estos van a seguir apareciendo porque continuarán existiendo estas patologías y las condiciones de formación patriarcal en la sociedad. En otros países han intentado soluciones para la pedofilia. En ninguna parte han logrado conjurar estas situaciones. Dudo mucho que en Uruguay descubramos la solución para este fenómeno.