Lo presentó diputada colorada; varias iniciativas para ciegos “encajonadas”.

Un proyecto que dispone la obligatoriedd de incluir un menú en braille en la carta de los restaurantes, fue presentado el pasado 29 de julio por la diputada colorada Valentina Rapela.

La norma, que invoca el "principio de igualdad" reconocido en la Constitución, consta de tres artículos y expresa que "en cada mesa debe colocarse al menos una carta con productos alimenticios y sus respectivos precios en lenguaje braille, a fin de contemplar a las personas con capacidad diferente que deben utilizar dicho lenguaje para acceder al menú".

El presidente de la UNCU (Unión Nacional de Ciegos del Uruguay), Gabriel Soto, manifestó a El País que en la organización no están al tanto del proyecto. Pero confirmó que sí es una de las aspiraciones que tienen en la agenda.

Muy pocos ciegos se atreven a ingresar a locales gastronómicos si no son acompañados por otros comensales, salvo a algún bar en donde hay un conocimiento previo, con parroquianos o los encargados del negocio y los mozos.

"No debería tener que obligarse, lo mejor sería que fuese una iniciativa de los restoranes. La idea se había conversado con algunos pero hasta ahora no prosperó nada", dijo Soto.

La verdad es que el tema no parece prioritario para los comerciantes, pero no solo de Uruguay. En Barcelona, España, si bien falta una norma obligatoria, se recomienda en cambio la medida de ofrecer una carta en braille, algo implementado solo por el 0,13% de los restoranes y bares de la ciudad.

No es la primera iniciativa sobre el tema. A nivel departamental, la ex presidente de la Junta de Montevideo, Maite López, presentó en la legislación anterior una iniciativa similar que fue aprobada por la comisión especial de discapacidad y luego por el plenario. Ahora se encuentra a estudio del ejecutivo departamental para su reglamentación.

En ese proyecto también se incluyó la obligatoriedad de que en todos los espectáculos públicos se cuente con accesibilidad universal. La comisión de Movilidad evaluó por su parte la instalación de señalética especial para no videntes y sordos en los ómnibus.

"La idea era que las personas con discapacidad visual o auditiva pudieran saber qué parada continuaba. Ese proyecto se envió a la Intendencia, no sé qué pasó después. Cuando me fui no había vuelto a la Junta, imagino que no hubo acuerdo, de lo contrario se estaría aplicando", indicó la ex edil.

En 2015, el edil blanco Diego Rodríguez volvió a plantear una iniciativa para colocar semáforos sonoros, que se encuentra en estudio.

Es un asunto polémico, ya que en medio de un tránsito "nervioso", esos artefactos pueden terminar siendo tan peligrosos como las cebras para cualquier peatón. Hace años en Montevideo hubo uno operativo en la Plaza Fabini, que pasó a la historia, como otro que funcionó en Salto.

En relación a los problemas que se presentan en las paradas de ómnibus y la instalación de carteleras en braille indicando líneas y horarios, Soto señaló que son muchas las personas con problemas de visión que no dominan ese sistema de lecto-escritura táctil.

"En un tiempo era lo único que teníamos, pero hoy hay más formas. Para gente con baja visión son mejores los textos macrotípicos (con letras grandes). También existen aplicaciones para los celulares y formatos digitales para la computadora. Los celulares vienen con un lector de pantalla que se activa pasando el dedo por encima del texto; eso permite saber en dónde uno está parado y otra información".

Según Gabriel Soto, en Montevideo hay dificultades en las veredas y para ubicar las paradas de ómnibus o cruzar calles. "Uno se la rebusca porque está acostumbrado pero falta accesibilidad, señalizaciones para caminar más tranquilos. Antes de recorrer un lugar tratamos de tener referencias".

El 11 de agosto, en la cámara de Representantes del Parlamento, se hará la interpelación a la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, debido al cuestionado plan de traslado del centro de rehabilitación para ciegos y personas con baja visión "Tiburcio Cachón", ubicado en la calle Juan José Quesada 3666.

El 1° de julio se había levantado la ocupación del centro —que mantenían varios usuarios y egresados — debido a que se efectivizó la última comparecencia de representantes del Mides ante la comisión de Derechos Humanos de la cámara de Diputados.

La licenciada Verónica Orrico dijo a El País que los servicios de rehabilitación fueron retomados en el Centro Cachón, aunque por ahora no hubo un incremento de técnicos. No más de 10 docentes atienden a 50 personas, mientras otros discapacitados siguen en lista de espera. Sobre el anunciado llamado a más técnicos que realizaría el Mides, no hay novedades.

Según los datos del último censo realizado en el año 2011, en nuestro país hay 311.926 personas con algún tipo de discapacidas, de los cuales 57.100 tienen baja visión y 4.219 son ciegos totales. Apenas un 1% de los libros que se editan en el país pueden ser utilizados por las personas ciegas o con baja visión. Los medios que se utilizan van desde el tradicional sistema braille hasta los texto "macrotipo", con un cuerpo de letra de gran tamaño para quienes tienen baja visión. La falta de libros adaptados lleva a que muchos no puedan continuar los estudios. Se estima que los niños ciegos, por sus dificultades, terminan Primaria recién a los 15 años y que menos del 3% de ellos llega a la universidad.

Uruguay aprobó en 2014 el Tratado de Marrakech, Marruecos, en la Conferencia Diplomática realizada por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Regirá desde el 30 de setiembre porque ya hay 20 ratificaciones internacionales. El objetivo es facilitar el acceso de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades a la reproducción en otros formatos, como el digital, archivo de audio o publicación en braille de la producción mundial de impresos, a través de excepciones en el pago de los derechos de autor.

En el período pasado, el edil nacionalista Santiago Caramés impulsó una propuesta para instalar semáforos sonoros cerca de los centros educativos a los que concurren los estudiantes ciegos o con baja visión. También propuso pisos "táctiles" o circuitos para ciegos en terminales de ómnibus. Por otro lado, remarcó la necesidad de aportar folletos escritos en braille para los museos y dispositivos sonoros en los centros culturales de la Intendencia. La iniciativa fue bien recibida por la Unión Nacional de Ciegos, pero al igual que otras, no prosperó.

En noviembre de 2015, el senador nacionalista Javier García presentó un proyecto de ley para que en los envoltorios o cajas de medicamentos figure en el sistema de lecto-escritura braille el nombre comercial del fármaco, el principio activo y la fecha de vencimiento. La idea fue redactada en principio por una iniciativa de los jóvenes de la agrupación Espacio 40 del Partido Nacional. Ellos acudieron a la Unión Nacional de Ciegos, laboratorios y la industria farmacéutica para reafirmar la viabilidad del proyecto.

NO VIDENTES A LA ESPERA DE CONCRECIONES