El juez Gustavo Iribarren procesó con prisión a 17 funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes (Sirpa) por autoría de un delito de tortura y a nueve, entre ellos el hasta ayer vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López, sin prisión por coautoría del mismo delito.

El falló es una cruz para el sindicalismo pero está en sintonía con la posición que fijaron varios actores de primera línea del gobierno.

Iribarren, que hizo lugar al pedido de la fiscal Adriana Umpiérrez, aseguró que se probó un "trato que negaba la dignidad de las personas privadas de libertad" en los incidentes del 24 de julio en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili). Entre los procesados con prisión está el director del centro Alfredo Rivas y el subdirector, Piter García.

Las defensas de los 26 funcionarios acordaron apelar el auto de procesamiento y solicitaron medidas especiales de privación de libertad para los procesados con prisión, que ayer pasaron la noche en Cárcel Central. El destino final que tendrán será una decisión del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

El abogado del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman, que defiende a varios funcionarios, indicó que pedirá "las libertades provisionales" de quienes son "primarios, trabajadores, jefes de familia, con menores a cargo y que no revisten peligrosidad para la sociedad".

El fallo se basó en el artículo 22 de la ley 18.026 que estableció la tortura como un delito y por el que hasta ahora fueron procesadas solamente cinco personas.

La ley, aprobada en 2006, tiene como título "Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad" y detalla que se entenderá por tortura "todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales, el sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (...) y todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor físico".

Los procesamientos y particularmente el de Lorenzo López son un duro golpe al PitCnt y a la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), gremio del cual Lorenzo López es dirigente desde hace 12 años. Para el sindicato del INAU es una "bomba" que tiene el objetivo "político de destrozarlos".

Los gremios reaccionaron ayer con furia y dirigieron sus misiles al gobierno.

El secretario general del sindicato del INAU, Carlos Salaberry, que estuvo toda la tarde en las puertas del juzgado y fue el responsable de contener a las familias de los procesados cuando se conoció la resolución del juez, dijo que se consumó un "linchamiento público" de Lorenzo López y el gremio.

"Es claro el objetivo del Poder Ejecutivo de destrozar nuestra organización para viabilizar todos los planes que se han anunciado. Quieren eliminarnos y nosotros no nos vamos a dejar llevar por delante", afirmó el dirigente y adelantó que tomarán medidas, las que será definidas hoy en una asamblea convocada como "grave y urgente".

Los trabajadores comentaron ayer que la dirección del INAU resolvió en la noche del jueves decretar la esencialidad del servicio, lo que condicionará futuras medidas de los trabajadores en los centros de detención. Salaberry recordó declaraciones de la ministra María Julia Muñoz —"Joselo López no es capaz de la tarea que realiza ni de ser sindicalista"— y del fiscal de Corte, Jorge Díaz —"El Ministerio Público y Fiscal va a ir hasta las últimas consecuencias en la investigación"— y afirmó que obviamente repercutieron en el procesamiento.

"Eso revela un ataque directo del Poder Ejecutivo y condiciona el proceso. De hecho se ve reflejado en el pedido de procesamiento de la fiscal que es un delirio", aseguró el dirigente del gremio.

En el mismo sentido, algunos de los abogados de los funcionarios dijeron que el fallo "es un verticalazo de arriba".

El fallo se conoció ayer a las 19 horas después que los acusados fueron a realizar sus descargos tras el pedido de procesamiento del jueves de la fiscal. La familias de los procesados y trabajadores que no eran parte del proceso judicial reaccionaron con lágrimas, indignación y bronca en las puertas de la sede de Juan Carlos Gómez.

Apuntaron a la prensa, al gobierno y a la nueva directora del Sirpa, Gabriela Fulco, quien reconoció por primera vez la existencia de torturas en centros de reclusión de adolescentes. "Yo quiero ver cómo reacciona ella ante personas que te insultan, golpean, hacen puntas con todo lo que encuentran y hasta se masturban frente a los trabajadores", aseguró a El País un familiar del subdirector del Ceprili, quien también se desempeña en la institución.

Los funcionarios insistieron en que desaparecieron las garantías y en que ingresar a un hogar "es correr el riesgo de terminar procesado".

El sindicato del INAU cerró filas sin dudas con Joselo López y emitió un duro comunicado: "Ante el atropello que está recibiendo nuestro sindicato por parte del Poder Ejecutivo y la justicia, donde se nos quiere condenar igual que a (José) Gavazzo y el Goyo (el expresidente de facto Gregorio Álvarez), dejando a 17 compañeros presos por tortura y 9 procesados por lo que se ve en el video, convocamos en carácter de grave y urgente al plenario nacional ampliado", que comenzará hoy a las 12. La reunión tiene como objetivo definir medidas, a las que COFE ya anunció que se plegará en solidaridad con su líder procesado, José Lorenzo López. "En esta no se puede faltar", termina el comunicado del sindicato del INAU.

La Asamblea Nacional de Delegados de Cofe decidió ayer de tarde dar "su total apoyo" a López, su secretario general, porque "su procesamiento no tiene fundamento alguno, es una anormalidad y un disparate porque no tiene responsabilidad", dijo a El País el integrante del Consejo Directivo del sindicato, Luis Bazzano. Anoche la plana mayor de Cofe se reunió con López en la sede del sindicato del INAU para estudiar los pasos a dar. "Para Joselo la situación no es fácil porque está siendo enjuiciado por lo que no tiene responsabilidad y porque arrastró sin querer a un montón de compañeros porque es una persona conocida", señaló. "Hace mucho tiempo hay un ensañamiento" con él y no se atacan "los problemas estructurales" del Sirpa y "las responsabilidades políticas", opinó. Por otra parte, el sindicato del Inau recibió el respaldo de la central argentina CTA Autónoma. Emitió un comunicado que plantea que "exigimos a las autoridades del país hermano el cese de la persecución a los luchadores sociales, a la vez que ponemos nuestra organización a disposición para colaborar en el esclarecimiento de esta causa".

José Lorenzo López renunció al Pit-Cnt; fallo fue en línea con el gobiernoVIVIANA RUGGIERO