La Suprema Corte de Justicia advirtió en el Parlamento que, como consecuencia de las restricciones presupuestales que atraviesa, se dificultará la puesta en marcha de centros de mediación que prevé el nuevo Código del Proceso Penal.

El presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, dijo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, que el Código del Proceso Penal establece que la mediación penal será tarea de los centros mencionados, de los que hoy no dispone el 50% del interior.

Por ese motivo, señaló que "a partir del 16 de julio de 2017, habrá lugares en los que como se dispone de centros de mediación se podrá aplicar la medida alternativa de la derivación a mediación penal, mientras que en el resto del país, en los lugares donde no los hay —por eso solicitamos los fondos necesarios— esta medida alternativa, que implica la salida del sistema penal, no será viable".

"De acuerdo con la ley que antes mencioné, que fuera aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, solo se podrá hacer mediación penal en los respectivos centros y los lugares donde los hay, y que son: Paysandú, Maldonado, Las Piedras y algún otro", agregó. "Esto es muy importante desde el punto de vista del derecho a la igualdad y de que los recursos disponibles (...) deberían ser los mismos en todo el país", sostuvo.

FALTA PRESUPUESTO