Si se concreta no se postergaría su entrada en vigencia

En la comisión de Constitución y Legislación del Senado los partidos tienen prácticamente cerrado un acuerdo para incorporarle algunos cambios al Código del Proceso Penal (CPP) que conformen al fiscal de Corte Jorge Díaz, y echarlo a andar sin más postergaciones el próximo 16 de julio.

El fiscal general informó ayer en el Parlamento que la Fiscalía de Corte se encuentra trabajando para comenzar con el nuevo CPP en esa fecha, y parecen haber quedado de lado las intenciones de postergarlo, como él mismo había sugerido a los legisladores. En el Senado, ni siquiera el oficialismo estaba de acuerdo con la postergación de la entrada vigencia.

La Fiscalía ha hecho cursos de capacitación en sistemas operativos, ha trabajado en lo relacionado con la adecuación del edificio en Montevideo y en las mudanzas que debe haber en el interior del país para diez fiscalías, concursos para técnicos, todo con la mira puesta en el 16 de julio.

Lo que pretende la Fiscalía es que se adecue el proceso penal acusatorio para adolescentes y menores a fin de que tenga relación con el proceso para mayores. "Es absolutamente inviable empezar a trabajar sin eso porque no puede haber un sistema acusatorio para adultos y uno inquisitivo para los adolescentes", aclaró Díaz, porque "se generarían disfuncionalidades difíciles de superar".

El CPP vigente pone a cargo de los jueces la tarea de indagar las circunstancias en las que se cometió el delito, y luego asigna a ese mismo juez la tarea de juzgar al presunto responsable, afectándose así la necesaria imparcialidad que debería tener el juzgador.

La nueva norma traslada la investigación a los fiscales, quienes en representación de la sociedad civil, y con el auxilio de la fuerza policial, serán los encargados de dirigir la investigación de los delitos para luego pedir a los jueces que formalicen la causa si existe mérito para ello.

Si no se cambiara, el sistema "trataría mejor" a los adultos que cometen delitos que a los adolescentes, lo cual "no es compatible con el ordenamiento internacional", apuntó el fiscal Díaz.

También pidió la eliminación del instituto de la libertad condicional, así como otras modificaciones procedimentales en el trabajo futuro. "Sin estas modificaciones es inconveniente y disfuncional aplicar el nuevo Código", subrayó.

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