Exoneración de deudas, facturas “truchas” e irregularidades en terminales.

La Intendencia de Maldonado presentó ayer martes tres denuncias en un juzgado de Crimen Organizado de Montevideo por presuntos hechos de naturaleza delictiva registrados entre los años 2010 y 1015, bajo administraciones del Frente Amplio.

Una de las denuncias se relaciona con la exoneración de deudas y moras a propietarios de terrenos del asentamiento La Capuera sin que existiera norma que lo amparara. Además, en este caso fueron emitidos certificados de libre deuda departamental cuando en los hechos había deudas.

Otra de las denuncias se relaciona con una factura "trucha" de 200 mil dólares emitida por una firma del rubro electricidad por un trabajo realizado por otra empresa.

La tercera apunta a supuestas irregularidades en la administración de las terminales de ómnibus del departamento de Maldonado.

No existe documentación que demuestre el destino de millonarias sumas percibidas tanto por los alquileres a los locales comerciales como por el dinero pagado por cada pasajero cada vez que subía a un ómnibus del servicio interdepartamental en alguna de las terminales.

Otra denuncia será presentada en los próximos días en un juzgado letrado en materia penal de la ciudad de Maldonado.

En tanto, se tramitan ocho investigaciones administrativas que buscan establecer si jerarcas del gobierno del Frente Amplio de Maldonado cometieron hechos irregulares en su condición de funcionarios públicos.

Los referidos hechos de apariencia delictiva ocurrieron, según la denuncia, durante la administración frenteamplista encabezada por el actual diputado Óscar de los Santos y la exintendente Susana Hernández.

Las denuncias fueron presentadas ayer por el abogado Enrique Moller en representación de la administración del intendente Enrique Antía, del Partido Nacional. Las mismas son el resultado de la auditoría efectuada por la empresa Phoenix Auditores Limitada.

El trabajo de la consultora consistió en llevar adelante auditorías sobre los aspectos legales, contables, financieros, patrimoniales, operativos y de gestión en la Intendencia de Maldonado durante el período 2010-2015.

Antía adelantó el pasado sábado, durante su comparecencia en la convención departamental del Partido Nacional, que el trabajo de la auditoría había detectado la presunta existencia de hechos ilegales que debían ser notificados al Poder Judicial.

La anterior administración frenteamplista de Maldonado pagó millones de pesos a empresas suministradoras de bienes y servicios que presentaron certificados vencidos de la Dirección General Impositiva (DGI) y del Banco de Previsión Social (BPS), según un informe del Tribunal de Cuentas.

Al momento de cancelar una factura, los cajeros de la tesorería municipal exigen a los proveedores la exhibición de los certificados de libre deuda emitidos por la DGI, el BPS y la póliza del seguro de accidentes de trabajo del Banco de Seguros del Estado (BSE).

El informe del TCR, de diciembre de 2015, señala que durante la anterior administración se refinanciaron millonarias deudas por concepto de contribución inmobiliaria sin que existiera una norma que regulara el procedimiento.

En una entrevista publicada por El País el jueves 12, el exintendente Óscar de los Santos se defendió de los cuestionamientos a su gestión que hizo el Partido Nacional. Según De los Santos, el déficit en Maldonado es prácticamente igual al que había cuando él inició su gestión en 2005, y dijo que la "bicicleta financiera" se "arrastra desde hace 20 años".

"Hubo una manipulación política, porque ni bien asumió Antía se empezó a generar un ambiente de caos, de agujero negro impagable, de situación catastrófica. La lectura que yo hago es que el gobierno de Maldonado es un gobierno de Concertación, porque acordó una parte del Partido Colorado con el Partido Nacional y eso significó que Antía incorporara 108 cargos de confianza cuando asumió y va por más", sostuvo.

REVISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPALM. GALLARDO