Hay consenso en la Comisión Especial del Senado para incluirlo en ley.

Si bien todavía no hay un proyecto redactado sobre financiamiento y publicidad electoral de los partidos políticos, dentro de la Comisión Especial del Senado para este fin ya se logró consenso al menos en que se exigirá una rendición de cuentas anual de los fondos obtenidos y gastados a los diferentes partidos más allá del período electoral.

"Hay consenso en generar mecanismos de contralor de la gestión de partidos fuera del período electoral con presentación de estados contables auditados externamente y no por la comisión fiscal de los partidos, para luego darlos a publicidad", dijo a El País el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, integrante de la comisión.

Hoy los partidos políticos están obligados a presentar una rendición de cuentas de la campaña. Entre los tres principales partidos políticos se gastaron unos US$ 9 millones en la última campaña electoral, según las rendiciones de cuentas que presentaron en la Corte Electoral. Pero dichas cifras no son auditadas porque la Corte Electoral no tiene recursos para efectuar el contralor.

"La realidad es que los partidos políticos funcionan en parte con aportes del Estado y hay que saber en qué se usan los recursos públicos cuando no hay campaña", acotó Mieres.

Semanas atrás la comisión acordó comenzar a tener reuniones con "diálogo libre" para poder avanzar en las posturas de todos los partidos políticos. Según comentó a El País el senador Carlos Camy, integrante de la comisión, esto permitió "avanzar en el intercambio libre" y generar más consensos que deberán ser trasladados a la interna de los partidos.

Según la Ley de partidos políticos (18.485) promulgada en 2009, el Estado brinda a los partidos con representación parlamentaria una partida anual equivalente a cuatro Unidades Indexadas por cada voto obtenido en la última elección nacional. Los fondos salen de Rentas Generales. El pago de ese monto se hace a través del Poder Legislativo en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas estimadas en UI. Una vez cobrado se distribuye mensualmente entre los sectores y listas de candidatos con representación parlamentaria dejando para el funcionamiento del partido político un monto que debe superar el 20%.

Más allá de los fondos públicos, la ley estipula que fuera de campaña los partidos políticos están habilitados a tener financiamiento privado mediante donaciones de personas físicas o jurídicas que deberán quedar registradas en la contabilidad de los partidos, sectores internos o listas de candidatos y no podrán deducirse a efectos fiscales. Según el artículo 42, "las donaciones que reciban los partidos políticos, sus sectores internos o listas de candidatos no podrán exceder la cantidad de 300.000 UI por cada donante en el año civil" y deberán ser nominativas. Cuando quien dona integra un órgano nacional o departamental del partido político, sector interno o lista de candidatos, o tiene la calidad de Senador, Diputado, Intendente, Edil o Ministro, puede triplicar el monto establecido. La ley estipula que los fondos de los partidos políticos deben depositarse en un banco a nombre del partido político, del sector interno o de la lista de candidatos. En tanto se determinó que las empresas concesionarias de servicios públicos que mantengan relaciones contractuales con el Estado, solo podrán hacer donaciones o contribuciones que no superen las 10.000 UI anuales.

El senador José Mujica ha planteado en la Comisión cambios en este sentido. Su idea es prohibir que las empresas privadas financien a los partidos políticos, y como alternativa que esto sea realizado a través de una rebaja salarial en los cargos de confianza política cuya recaudación vaya a un fondo que un organismo distribuya con algún criterio de proporcionalidad.

Un estudio denominado "Financiamiento de partidos y de campañas en Uruguay" de Rafael Piñeiro, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, reflejó en base a las declaraciones de gastos e ingresos de los partidos del año 2009 que la mayor parte del financiamiento viene del Estado, con un 73,6% del total, aunque llegó al 85% en el Frente Amplio y del Partido Independiente y 55% en Partido Colorado y el Partido Nacional.

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