Las pautas mínimas que presentó ayer el Poder Ejecutivo tienen como principal novedad para los especialistas el concepto de "autoclasificación", una apuesta del gobierno que pretende atender un reclamo de larga data: las particularidades de cada sector.

Nelson Larrañaga, director del departamento de relaciones laborales y seguridad social de Ferrere Abogados, dice que la clave estará en los indicadores que deberán dar a conocer los ministerios de Economía y Trabajo para que los actores sociales (empresas y sindicatos) hagan la tarea de clasificación.

"Necesariamente tendrá que haber una hoja de ruta porque de lo contrario se generarán diferencias de opiniones; desde el lado empresarial se tratará de colocarse en la clasificación media o baja y los sindicatos intentarán posicionarse hacia arriba. Y esa disputa puede atemperarse si se dan esos indicadores objetivos por parte del gobierno", opinó.

Larrañaga cree que amén de la "autoclasificación", el gobierno tendrá que hacer el ejercicio de clasificar a la rama de actividad en alguna de las tres categorías para ver si está de acuerdo con las partes cuando lo hagan laudar en caso de que no haya un entendimiento. "Por eso, cobran especial importancia los indicadores, serán la guía de todos", explicó.

La abogada Cecilia Demarco, de Posadas, Posadas & Vecino, comparte que el rol del Poder Ejecutivo será fundamental. "Creo que la autoclasificación necesariamente ayudará a madurar en la negociación, a ser más amplio a la hora de presentar cuáles son las particularidades de cada sector y de cada empresa, que se van a ver forzadas a transparentar su situación porque estar calificados en un sector que no responde a su realidad no les va a convenir", opinó.

Demarco también cree que el rol del Ejecutivo será fundamental para mediar entre la posición empresarial y sindical. "El rol del Poder Ejecutivo va a ser fundamental porque dependiendo de dónde se clasifique la empresa va a ser el ajuste que van a recibir, y el sindicato va a ver que clasificarse en un sector u otro va a incidir en el porcentaje de ajuste que van a tener".

Sobre el anuncio del gobierno de que se promocionarán incentivos por productividad a todos los sectores, que deberán estar por encima de los mínimos establecidos en cada rama de actividad y que serán a nivel de empresa, conjunto de empresas o por rama, los analistas tienen una visión similar: sostienen que será "difícil" que esto se pueda dar si en los ajustes de salario se agota todo el presupuesto. "El incentivo de productividad no creo que sea un factor que ayude a marcar diferencias porque igual van a tener que estar dentro de los mínimos. En la negociación a nivel de empresas puede ser más fácil, pero por rama todavía falta desarrollar más madurez en las negociaciones a la hora de abrir información", opina Demarco.

Para Larrañaga, dependerá de si quedarán pegados a estos mínimos que fijó el gobierno o si los sindicatos empujarán porcentualmente estos ajustes por encima. "Hay que esperar un poquito más para ver cómo será", indicó.

Pablo Moya, de la consultora Oikos, señaló que el de productividad "es un concepto de larga data" que para que no quede "en meros discursos" requiere que el gobierno establezca criterios, algo que debió haber comenzado a hacer hace mucho.

A su juicio, terminará siendo el Estado el que definirá en cuál de los tres sectores que existirán serán colocadas las diferentes áreas de actividad. Algunos criterios a utilizar pueden ser el nivel de empleo o de facturación o el volumen de ventas, comentó Moya.

Marcelo Abdala, secretario general de la central sindical, dejó entrever que el Pit-Cnt quiere que el Estado incida en este aspecto porque "si la clasificación corriera por parte de las patronales se caería en la conclusión de que todos los sectores están con dificultades". "Es importante la participación del Poder Ejecutivo, de las patronales y la de los trabajadores en estos encuentros", señaló. Aunque el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que en principio "se autoclasificarán entre empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones representativas", será el Poder Ejecutivo el que tendrá la última palabra sobre el tema.

En 2005 volvieron a funcionar los Consejos de Salarios tripartitos, creados por una ley de 1943. Durante el último gobierno nacionalista habían dejado de convocarse. Hoy vencen 56 convenios colectivos, el 25,8% del total, correspondientes a 20 ramas de actividad. Un grupo que negociará será el 11, de kioskos, autoservicios, fiambrerías, granjas, empresas muchas veces familiares en las que los salarios son bajos. El Pit-Cnt dice que más de 700.000 personas tienen ingresos de menos de $15.000 y la mitad son asalariados.

El economista de la consultora Oikos, Pablo Moya, vaticinó que los trabajadores bregarán para que se clasifique a su sector como "dinámico" y los empresarios buscarán que se lo considere "medio" o "en dificultades". "El gobierno deberá establecer criterios que no sean cuestionables. Va a ser el Estado el que establecerá quién va en cada lugar ", consideró Moya.

El director del departamento de relaciones laborales y seguridad social de Ferrere destaca el cambio que sufrirán los correctivos de inflación, que ahora son semestrales y anuales y pasarán a ser cada dos años. Asegura también que serán difíciles los incentivos por productividad si en los ajustes de salario se agota todo el presupuesto. "Dependerá del empuje de los sindicatos", dijo.

El concepto de auto clasificación que instauró ayer el gobierno llevará a "la maduración de la negociación", según la abogada de Posadas, Posadas & Vecino. "Las empresas estarán forzadas a transparentar su situación por su conveniencia", opinó y destacó que el gobierno ponga sobre la mesa la posibilidad de atender casos de descuelgue como una de las novedades de la pauta.

Consideran que no están dadas las condiciones para medir la productividad