Del 26% de aumento salarial que reclaman los funcionarios judiciales desde abril de 2011 no hay ni rastros en el proyecto de Presupuesto que en-vió el lunes el Poder Ejecutivo al Parlamento. Lo único contemplado es un 3,9% para inversiones.

El juez penal y presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Ricardo Míguez, dijo a El País que el tema se dilucidará a través de la Justicia.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo sí evitó en el Presupuesto que un posible falló en su contra lo deje en aprietos. El artículo 677 establece que una vez que haya sentencia "el tribunal lo comunicará al Ministerio de Economía en un término de diez días hábiles para que el Poder Ejecutivo efectúe las previsiones correspondientes en oportunidad de presentar el presupuesto nacional o las próximas instancias presupuestales que permitan atender el pago de la erogación resultante. Una vez aprobado el presupuesto o la rendición de cuentas con la previsión referida la cancelación del crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente".

Míguez entiende que el gobierno "la complicó aún más" porque el pago en caso de que el fallo sea positivo "se tira para adelante".

"Todo se genera por una dilatación en el tiempo. Si es dilación la genera el propio gobierno, después no nos van a poder decir que somos los culpables de la suma de dinero que se está generando", dijo Míguez.

En marzo los funcionarios judiciales recibieron un primer fallo favorable al aumento salarial del 26%. La jueza Josefina Tommasino Ferraro les dio la razón a los 3.800 judiciales que entablaron el pleito, aunque el gobierno todavía tiene la instancia de apelación. Si pierde, le significarán unos US$ 50 millones.

El reclamo de los judiciales surgió porque la ley de Presupuesto de 2011 dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, con los que quedaron "enganchados" los sueldos del Poder Judicial.

El proyecto prevé un aumento de 3,9% para inversiones