El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) sostiene que el proyecto de ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, bloquea definitivamente el acceso a medicamentos de alto costo.

Desde allí, el profesor Juan Ceretta sostuvo a El País que el texto incluye tres artículos que son "inconstitucionales" y cuyo único fin es parar los juicios que condenan al Ministerio de Salud Pública (MSP) a entregar a pacientes, la mayoría de ellos enfermos de cáncer, fármacos caros que el Estado no brinda.

El Consultorio —que representa a pacientes de bajos recursos en juicios contra el Estado—, abrió recientemente una clínica de litigios estratégicos, desde donde piensa dar pelea para que no se aprueben los artículos 425, 438 y 439. Dicha clínica es dirigida por Ceretta y por el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Uriarte.

"La idea es atender esas situaciones en las que un colectivo de personas se ve vulnerado en sus derechos. En este caso, con los alumnos de la clínica lo que estamos haciendo es iniciar una movida con legisladores a fin de que no se voten estos tres artículos. Esto lo hacemos por dos razones: primero, porque se estaría votando algo inconstitucional; y segundo, porque el único motivo que tienen esos artículos es privar a la gente a que haga reclamos en los juzgados", señaló Ceretta.

El artículo que más molesta a los abogados es el 425, el cual establece que el Estado no tiene a su cargo "la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los Programas Integrales de Salud, el Catálogo de Prestaciones o el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública".

En febrero pasado, un día antes de dejar su cargo, la exministra de Salud Pública, Susana Muñiz —que hoy es presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)—, firmó una ordenanza por la cual se advierte específicamente sobre 16 medicamentos que no ingresarán al Formulario Terapéutico. Este documento llevó a que varios jueces se pronunciaran a favor del MSP en los litigios, en el entendido de que si se pronunciaban en contra se estaría violando la separación de poderes. Ahora, en caso de que estos artículos del Presupuesto se voten así, al convertirse en ley las limitaciones para acceder a medicamentos que no están dentro del Formulario, "los jueces no podrán pronunciarse en contra de lo que quiere el Ministerio", sostuvo Ceretta.

"El MSP está teniendo resultados en los juicios por los medicamentos que no le agradan. Entonces, en vez de cambiar algo para que la gente pueda acceder a los medicamentos que necesita, lo que hace es modificar la ley", se quejó el abogado.

Una vez votada esta, según explica Ceretta, los pacientes antes de reclamar ante la Justicia un medicamento deberán hacer un pedido de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Luego de que esta se pronuncie, si lo hace a favor de ellos, recién ahí presentarán un amparo.

"Estamos hablando de enfermos de gravedad. Es muy probable que muchos pacientes no lleguen con vida al amparo. Al poner a los pacientes en esta complejísima situación, lo que se está haciendo es no permitirles acceder a la Justicia. Le quieren prohibir a las personas que están enfermas que reclamen judicialmente un medicamento que necesitan sí o sí", sostuvo el abogado.

"No puede ser que la suerte de los pacientes dependa justamente del juzgado al que le toque su caso", señaló a El País el abogado del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Juan Ceretta.

El Consultorio ya ha presentado 45 amparos de pacientes que reclaman medicamentos costosos que no están en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM); 30 casos ya se cerraron y otros 15 están en curso. Según Ceretta, en primera instancia han ganado el 90% de los juicios; pero en segunda instancia, en tanto, las cosas cambian. De los seis tribunales de apelaciones que hay, tres de ellos suelen fallar a favor de los pacientes, y tres en contra. Cuando el Ministerio de Salud Pública (MSP) pierde en primera instancia, se ve obligado a pagar el tratamiento; pero si gana en la apelación, le retira el fármaco al paciente.

"Los pacientes dependen del juez que les toque. Nos pasó con dos personas, que reclamaban el mismo medicamento, tenían la misma patología y los atendía el mismo médico, que uno consiguió el medicamento y el otro no. Es un 5 de oro", resumió Ceretta.

Consultorio Jurídico de Derecho apunta a artículos “inconstitucionales”