En República Dominicana el secuestro es una de las principales "industrias" delictivas. La constatación de que una banda de dominicanos secuestró a un empresario generó el alarma a nivel gubernamental.

El jueves 11 se reunió una comisión intersectorial sobre migración donde se analizó el punto. El principal problema que sufre hoy Uruguay es que no tiene una política clara en torno a los dominicanos que siguen ingresando al país sin documentación.

Los ingresos de dominicanos se hacen en forma irregular por la frontera seca (Rivera, Artigas o Cerro Largo). Los dominicanos no se presentan a los puestos de migración y luego de pasar unos días en el país, pretenden tramitar su residencia legal. "No tienen visa y su ingreso a Uruguay tiene un vicio de forma", dijo a El País un jerarca del gobierno.

Uruguay no tiene una política clara sobre esos ciudadanos. Si opta por regularizar su situación, hará que florezca en República Dominicana el negocio de trata de personas. Si decide expulsarlos, puede recibir condenas de organismos defensores de los derechos humanos.

La comisión intersectorial aún no tomó una posición sobre los casos de dominicanos que ingresaron en forma ilegal.

En julio de 2014, Uruguay siguió el camino de otros países de la región y comenzó a solicitar la visa para ciudadanos dominicanos.

Según un informe del suplemento Qué Pasa publicado el 8 de febrero de este año, la llegada masiva de dominicanos al país comenzó hace dos años.

En 2011, el Censo constató que solo 50 personas de esa nacionalidad vivían en Uruguay, mientras que distintas estimaciones señalan que hoy ya pueden ser más de 4.000 los aquí residentes.

Instalados en Uruguay, la mayoría de los dominicanos se ven rápidamente decepcionados y ya piensan en volver a su país. Ganan salarios muy bajos que apenas les dan para sobrevivir y pueden mandar muy poco dinero a sus familias.

Además, están obligados a vivir en pensiones, donde padecen por las condiciones que enfrentan.

Su situación se vuelve por demás vulnerable y están expuestos a las redes delictivas que actúan en el país caribeño y en Uruguay.

Muchas mujeres de ese país son captadas para ser explotadas sexualmente.

Junta de migración analiza ingresos sin documentación