Inseguridad

Vocero de Bonomi admite "triste récord en materia de violencia"

Para justificar el fenómeno se enumeran factores externos a las políticas de Interior.

Eduardo Bonomi y Mario Layera por Arotxa
Eduardo Bonomi y Mario Layera por Arotxa

A poco más de seis años de que se produjera el crimen de un empleado de La Pasiva que marcó un antes y un después en materia de política de seguridad, el vocero del Ministerio del Interior, Fernando Gil, admitió en su blog, que Uruguay se apronta a reconocer, con datos objetivos, una de sus "peores estadísticas de delitos" desde que se lleva registro.

"Lejos de los guarismos a la baja con que cerró los años 2016 y 2017, este 2018 marcará un triste récord en materia de violencia", señaló Gil.

Para la oposición, la publicación de Gil es una muestra de que el gobierno intenta deslindar responsabilidades de la espiral de violencia endilgándosela a otros actores. (Ver aparte)

Un poco de historia.

A la una de la mañana del 12 de mayo de 2012, un adolescente le pidió un refresco al pizzero de La Pasiva de Parque Batlle, Gastón Hernández. El trabajador depositó la bebida y colocó sus dos manos sobre el mostrador aguardando otro pedido. El menor extrajo un arma y le disparó en el pecho. Hernández murió en el lugar.

El video del crimen fue transmitido incontables veces por los informativos televisivos generando indignación entre la gente. El gobierno de entonces, presidido por José Mujica ordenó que el gabinete de Seguridad, integrado por los ministerios de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, sumados a los de Cultura y Desarrollo Social, se pusiera a trabajar para definir un paquete de medidas duras contra la delincuencia y en especial contra el tráfico de drogas.

El documento fue presentado el 20 de junio de 2012, hace exactamente seis años, en una conferencia de prensa realizada en Torre Ejecutiva. Se llamó "Estrategia por la Vida y la Convivencia" y contenía 15 iniciativas que, a corto y mediano plazo, fueron aplicadas.

Las medidas fueron el pago de pensiones para los familiares de víctimas de delitos violentos; el agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base con aumento de la pena de un mínimo de cuatro a 15 años de penitenciaría; la internación de por lo menos un año para los menores infractores que cometan delitos graves y la legalización regulada y controlada de la marihuana con un fuerte control del Estado a su producción, entre otras medidas.

Cuatro años más tarde, en 2016, otra ola de crímenes estremeció al país. El asesinato del empresario judío de Pay-sandú, David Fremd, los homicidios de dos taxistas, la rapiña y posterior muerte de un motociclista en plena rambla de Montevideo y el crimen de un parcial tricolor en el barrio Villa García, llevaron al presidente Tabaré Vázquez a convocar a la oposición para llegar a acuerdos sobre seguridad.

Las reuniones entre el oficialismo y la oposición se realizaron en la Torre Ejecutiva.

Allí se acordó la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, hoy vigente; el plan integral de combate al narcotráfico; el Estatuto de la Fiscalía General de la Nación; el proyecto sobre homicidios graves; la modificación del régimen de libertades anticipadas para reincidentes; la tenencia responsable de armas; el Código infraccional juvenil y la Reforma del sistema carcelario.

Pese a todas medidas y al tiempo que pasó la delincuencia ha seguido en aumento.

Explicaciones.

Entre los factores del incremento de la violencia, Gil enumera mensajes contradictorios o directamente ilógicos del sistema de Justicia que generan impunidad, y "tristes fallos" que se contraponen al sentido común y dejan vía libre a delincuentes que viven del delito y no encuentran sanción acorde a su conducta.

También advirtió que decisiones judiciales asignan cus-todias (en casos de violencia doméstica principalmente) que "restan fuerza efectiva" al patrullaje y "desarman" la respuesta policial planificada. "Esa violencia es algo que va en aumento y que parece no tener un techo, por lo menos en el corto plazo", señaló Gil.

Para el vocero del Ministerio del Interior, la violencia que se disparó entre los criminales que se disputan territorios o la oferta de droga, es la que se lleva el mayor peso en la escalada de homicidios que registra este 2018 "ultraviolento" que vivimos.

"Y la violencia intrafamiliar, que también ha mostrado su peor escalada en los primeros meses del año, haciendo de ello una combinación de violencia incontrolada que es imperioso detener", expresó.

Pese a admitir el problema Gil dijo que, luego de que se publiquen los datos oficiales, llegarán las críticas a la gestión de Bonomi y alcanzarán al presidente Vázquez que lo sostiene, pero ninguna crítica explicará ni intentará explicar la razón de esa violenta escalada que nos mantiene en "terapia intensiva sin síntomas de mejoría" por ahora.

¿Promesa incumplida?

Cuando Tabaré Vázquez lanzó su campaña electoral en 2014 se identificaba a la educación y la inseguridad como dos de los principales problemas para la gente. "Dicen que son las piedras en el zapato del Frente Amplio y les voy a demostrar que no", planteó el entonces candidato en un acto en Playa Pascual en enero de 2014.

Por eso en esa campaña el mandatario se puso un objetivo ambicioso: bajar las rapiñas un 30%. Vázquez ganó. Y al cierre del gobierno Mujica las rapiñas llegaron a 20.114. Al cierre de 2017 las rapiñas fueron 19.418.

Esto implica una reducción de las rapiñas del 4% en lo que va del actual gobierno de Tabaré Vázquez.

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